tras el caso soule

La Federación de Fútbol se salta la ley Montoro y acepta 80.300 euros en efectivo

Un club deportivo abonó al organismo esta cantidad en metálico con el fin de sufragar una deuda con dos árbitros en contra de la prohibición introducida por Hacienda para evitar el fraude

Foto: Juan Luis Larrea, presidente de la RFEF, el pasado julio antes de comparecer como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Soule. (EFE)
Juan Luis Larrea, presidente de la RFEF, el pasado julio antes de comparecer como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Soule. (EFE)

En 2012 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro introdujo una medida histórica para evitar el fraude e impedir, por ejemplo, que una persona con una bolsa de basura llena de billetes llegara a un concesionario para comprarse un Mercedes al contado. Limitó la cantidad de pago en efectivo a 2.500 euros con el fin de permitir a los investigadores de Hacienda y de las fuerzas de seguridad un mejor análisis de la actividad económica. Desde entonces, por lo tanto, cualquier entidad que abone más de esta cantidad en metálico se enfrenta a una sanción de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, cuatro años después, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recibió 80.300 euros en efectivo del Club Deportivo Jumilla, según consta en el certificado del propio organismo nacional al que ha tenido acceso El Confidencial. El pago lo hizo la entidad futbolística de la Región de Murcia con objeto de hacer frente a una deuda que tenía con dos entrenadores. No en vano, es el Comité de Entrenadores el que entrega el certificado en el que confirma haber recibido la mencionada cantidad para sufragar el dinero pendiente.

La Federación decide aceptar este dinero de esta forma cuando ya estaba siendo objeto de una investigación mayor precisamente por la entrega descontrolada de fondos a federaciones territoriales y a personas cercanas al expresidente del organismo, Ángel María Villar. En concreto, en el marco del caso Soule, que instruye la Audiencia Nacional tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción por una enorme cantidad de pagos sospechosos.

El ministerio público tuvo conocimiento de todo esto tras la auditoría rutinaria que hizo el Consejo Superior de Deportes dos años antes del certificado expuesto, que observó diversas irregularidades y que sirvió de base para la investigación de Anticorrupción. En concreto, la auditoría ponía el acento sobre el contrato que la RFEF hizo por derechos televisivos de los partidos de la selección española con Santa Mónica Sport, que sirvió para dejar de reclamar a esta mercantil la deuda de casi 24 millones de euros que ésta tenía con el organismo federativo.

La investigación conllevó el ingreso temporal en prisión de Villar, su hijo Gorka y otros directivos federativos como consecuencia de la trama clientelar detectada por los investigadores en torno al presidente de la RFEF, que presuntamente beneficiaba económicamente a los representantes regionales así como a mercantiles satélites, que trabajaban de forma habitual con el organismo, a través de la entrega de fondos a cambio de que estos últimos le apoyaran en sucesivas elecciones internas, unas prácticas que habrían permitido al máximo responsable del fútbol español mantenerse en el cargo durante más de 28 años.

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