Una nueva denuncia penal contra Villar: tendrá que responder por el caso Haití

Ángel María Villar se asoma a 2017 con más dudas que nunca. Aún ha sido incapaz de conseguir sacar adelante el reglamento electoral para unas elecciones que tenían que haberse realizado en el año que ahora expira, y esa será una de sus batallas para lo que viene por delante, conseguir que haya elecciones, presentarse y ganarlas. No es ese, a pesar de todo, el único motivo de conflicto que se le presenta al vizcaíno. También tendrá que acudir a los tribunales con mayor frecuencia de lo que a él le gustaría.

En el juzgado de Majadahonda están tramitadas demandas por el caso del Recreativo de Huelva y el Marino de Tenerife. También otra por prevaricación administrativa, ya que se considera que ha dilatado a sabiendas el proceso electoral de este año, lo que va en contra de la ley deportiva. Pero no solo eso, Miguel Ángel Galán, que también está detrás de esos dos procesos judiciales, ha presentado estos días una nueva denuncia, en este caso por un turbio asunto en el que se acusa a Villar de malversar fondos públicos.

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Galán, asistido legalmente por Ismael Franco, ha interpuesto una denuncia penal que acusa a Villar de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y prevaricación. Todo esto porque la Federación Española de Fútbol prometió destinar fondos de desarrollo a Haití después de un devastador huracán de 2010 y que, presuntamente, nunca llegaron a su destino. La denuncia se basa en informaciones periodísticas que desvelaron los apaños económicos de la directiva federativa actual.

El CSD reclama 219.000 euros

Según esas noticias, la RFEF aprobó una subvención a Haití de 219.000 euros, un dinero que debía ser destinado a "proyectos específicos de Educación Deportiva en escuelas de fútbol". Aquella partida presupuestaria fue aprobada y respaldada por el Consejo Superior de Deportes de la época, pero existen serias dudas sobre si en algún momento llegó a su destino presupuestado.

Tanto es así que el propio Consejo Superior de Deportes, ya en tiempos de Miguel Cardenal y después de conocerse el tema gracias a un reportaje del diario El Mundo, decidió reclamar a la RFEF el integro de esa subvención, al considerar que no había sido utilizada con los fines previstos para tal cantidad. Los hombres de Villar, entonces, intentaron justificar la subvención en varias partidas que difícilmente se adaptan al proyecto haitiano pero que se parecen de manera llamativa a algunos de los desarrollos deportivos que la federación tiene en España.

En el trasfondo de la petición aparece, una vez más, un conflicto terminológico que siempre se presenta en las demandas contra los dirigentes deportivos ¿son realmente cargos públicos? Es cierto que la RFEF está constituida como una entidad privada, pero también que esa formación empresarial sin ánimo de lucro no deja de ser una concesión de los poderes del Estado. Esa doble naturaleza de las federaciones supone un nudo gordiano en todas estas cuestiones, siempre difícil de desentrañar.

Villar se enfrenta así a otra ronda de juzgados, aunque esta último proceso está aún en su fase inicial, pendiente de que el tribunal considere que merece ser tenida en cuenta. Mientras tanto, Miguel Ángel Galán, candidato a la RFEF cuando quiera que sean las elecciones, no se rinde. Sigue su cruzada para dirimir si la gestión que ha hecho el presidente en los últimos años se ha ajustado a derecho. Teniendo en cuenta el control de la Asamblea que suelen ejercer los dirigentes en el cargo, una inhabilitación, posible final si hay una sentencia en su contra, parece el camino más corto para que el longevo presidente salga de su puesto.