LFP llamando a RFEF: la inoperancia que permitió que se jugara en el Calderón

Dieciséis años después del asesinato de Aitor Zabaleta, el fútbol español sigue sin darse cuenta del peligro que supone patrocinar a grupos ultras y darles cobijo en los estadios. La muerte de Francisco Javier Romero Taboada, ultra de los Riazor Blues, en una pelea contra miembros del Frente Atlético, ha vuelto a destapar las vergüenzas del deporte rey en España. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), incapaces de decidir si suspendían o no el Atlético-Deportivo, demostraron una absoluta inoperancia.

Las explicaciones que dieron uno y otro organismo están lejos de ser convincentes. La pelea comenzó a las 9 de la mañana, tres horas antes del encuentro. A las 11:30 ya se sabía que uno de los heridos, el de mayor gravedad, ya estaba clínicamente muerto. La LFP, según reconoció su presidente, Javier Tebas, no toma la decisión de pedir la suspensión del partido hasta las 11:37. Pero como no tiene competencias en esa materia, tiene que ponerse en contacto con la RFEF. Y ahí es donde comienza el esperpento.

"El problema es que no se ha localizado a las personas responsables. La llamada que se nos coge por parte de la Federación es a las 11:49. Sánchez Arminio intenta hablar con Jorge Pérez y no puede", explicó Tebas en la Cadena COPE. Sánchez Arminio es el presidente del Comité Técnico de Árbitros y Jorge Pérez es el secretario general de la RFEF. El primero no tiene competencias para tomar la decisión de suspender el partido (como tampoco parece que la tenía el árbitro, José Anotnio Teixeira Vitienes) y el segundo no lo consideró oportuno: "Nos plantean la suspensión a 10 minutos del inicio y hemos pensado que era contraproducente no jugar". Ante la ausencia de Ángel María Villar, Pérez fue el que dio la cara en la Federación.

Mientras tanto, con el Vicente Calderón casi lleno y los jugadores preparados, el partido se disputa. Tino Fernández, presidente del Deportivo de La Coruña, reconoció más tarde que nadie le planteó "absolutamente nada" sobre una posible suspensión. "La única información oficial la tengo mediada la segunda parte, que me llama la delegada del Gobierno en Madrid y me informa de lo que había pasado, para darme ánimos, para ponerse a disposición. Pero nadie de Liga, ni del Atlético o la Federación, en ningún momento, me plantea nada de la suspensión del partido", dijo. Antes había admitido que conocía que miembros de Riazor Blues iban a viajar a Madrid, aunque sin entradas facilitadas por el club.

El partido fue calificado de riesgo bajo por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por lo que "el dispositivo policial que se puso fue menor que el que se pone en otras ocasiones", comentó Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid en una entrevista en Onda Cero. Eso impidió, entre otras cosas, que la afición visitante fuera escoltada para evitar cualquier tipo de incidentes. Además la convocatoria a través de 'WhatsApp' (dato que también confirmó el ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert) hizo "muy difícil, por no decir prácticamente imposible" que se pudiera detectar.

La disputa del partido no es la única muestra de falta de sensibilidad por parte de las instituciones que gobiernan el fútbol español. La LFP recomendó a todos los equipos de Primera y Segunda División que no se guardara un minuto de silencio. "Desde la Liga no consideramos que por ese hecho no tuviera quye suspender la jornada", declaró Tebas. En su lugar, la LFP envió a todos los clubes un mensaje para que fuera retransmitido por la megafonía de los estadios.

Aunque en la pelea había integrantes de varios grupos ultras, los principales implicados en la quedada para pegarse en Madrid Río eran de Riazor Blues y el Frente Atlético. Esta última organización lleva mucho tiempo gozando de una posición de privilegio en el Vicente Calderón. Ocupa una buena parte del fondo sur, desde donde sus integrantes profieren gritos racistas y homófobos, muestran símbolos fascistas y dedican deplorables cánticos a víctimas de la violencia en el fútbol, como Zabaleta.

El Atlético de Madrid tiene una gran mancha, y escuchando a su presidente y a su consejero delegado, no parece que haga mucho por quitársela. "Esto no tiene nada que ver con el fútbol. Son grupos radicales que producen las consecuencias que han sucedido. No tenemos nada que ver con los hechos. La paz y la concordia debe estar entre todos los equipos", manifestó Enrique Cerezo. Miguel Ángel Gil Marín, por su parte, dijo: "No soy quién para disolver una peña".

Solo unos pocos en el fútbol español se han atrevido a expulsar a los grupos ultras de los estadios. Lo hizo Joan Laporta con los Boixos Nois en el 2003 nada más llegar a la presidencia del FC Barcelona. Y también Florentino Pérez con los Ultras Sur hace solo unos meses, aunque tardó 14 años en hacerlo. Hasta entonces, esos dos grupos, como muchos otros en toda España, gozaron de privilegios: buena ubicación en los estadios (no verán a ultras en el último anfiteatro), entradas, connivencia de jugadores y entrenadores... Cada uno con su ideología, pero todos con la violencia como elemento unificador.

El fútbol español lleva mucho tiempo mirando para otro lado, sin darle a este asunto la importancia que merece y permitiendo que se hayan reproducido actuaciones violentas alrededor de los estadios. Valga el ejemplo de los Riazor Blues, a los que el presidente del Depor califica como "bastante tranquilos". En el año 2003, un aficionado deportivista murió en una pelea con miembros de ese grupo tras un partido de Copa del Rey en Santiago de Compostela. Tras ese incidente, los Riazor Blues anuciaron su disolución, pero al poco tiempo ya estaban de nuevo en el estadio. Una década después, las cosas siguen igual.