Brasil pone en juego su Mundial con la final de Maracaná de mañana

Joseph Blatter aseguró ayer que el Mundial del próximo año se celebrará en Brasil, que FIFA no duda de la capacidad organizativa del país sudamericano. El presidente cumplió su papel, pero todo lo sucedido en los últimos días ha puesto contra las cuerdas al comité organizador y al propio gobierno brasileño. Dilma Rousseff ha cedido ante la presión popular, pero ahora le toca lograr que la final de mañana se celebré tranquila, en paz y sin mayores incidentes, algo que no parece sencillo de lograr. FIFA quiere que la presidente logre calmar a esa clase media que ha tomado las calles de Brasil y que anuncia concentraciones para la tarde del domingo.

Para evitar problemas, Rio de Janeiro estará tomada por la policía el domingo. Se esperan 10.000 miembros de los diferentes cuerpos de seguridad del estado para controlar la situación. La policía militar llevará la iniciativa y Roussef ha pedido contundencia. No quiere problemas y busca una ficticia tranquilidad que despeje dudas respecto a la seguridad con vistas a la gran cita del próximo año. Y es que el ensayo general de este mes de junio ha sido negativo en todos los sentidos.

A FIFA le preocupa más las nefastas infraestructuras, la escasez de hoteles de nivel, los estadios sin terminar, que la inseguridad. Suena crudo pero es la realidad. En doce meses por Brasil se van a mover 32 equipos, aficiones y el máximo organismo del fútbol mundial cree que la seguridad dejará de ser un problema, tanto a nivel de delincuencia como ciudadana. En las protestas ya han muerto cinco personas, pero se teme que la cuenta no haya terminado, pese al gesto de Roussef de endurecer la corrupción y el de convocar un plebiscito en busca de un pacto social. 

Brasil vive pendiente de lo que sucede en Rio de Janiero con su selección y en Brasilia, con la clase política. El procesamiento de un senador por corrupción, juzgado y condenado, es la punta del iceberg de lo que puede pasar en los próximos meses. Rousseff ha visto como siete ministros han sido obligados a dimitir por corrupción en el último medio año, pero a partir de ahora esas dimisiones llegarán acompañas de negación de indulto y cumplimiento íntegra de condena.