El Hércules, afectado por un ERE, deja a cinco jugadores en el paro
La primera victoria del Hércules en Segunda división ha llegado en la cuarta jornada. Fue ayer, ante el Girona y los herculanos se llevaron el partido
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Tal y como hizo el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, el TSJCV entiende que se puede echar a los jugadores para sustituirlos posteriormente por otros de menor coste, siempre que concurran "contundentes razones económicas" que justifiquen ese cambio y que busquen la "viabilidad futura" de la sociedad.
En el caso del Hércules, el tribunal recuerda que arrastra pérdidas de entre 27 y 34 millones de euros en los últimos ejercicios y que los ingresos han pasado de los 25,9 millones de euros de la temporada 2010/11, en la que militó en Primera División, a una previsión de 10,98 millones para la campaña 2011/12, en la que bajó a Segunda División.
Los gastos de personal ascendieron en la temporada 2010/2011 a 17,8 millones de euros, de modo que suponían el 70 % de los gastos totales del club. El Hércules, que pagaba a los cinco jugadores despedidos unos salarios brutos totales de 2,48 millones de euros, fichó posteriormente a 17 jugadores con un coste total de 3,51 millones de euros.
Eso sirvió a tres de los futbolistas despedidos (Joseba del Olmo, Cristian Hidalgo y Francisco Joaquín Pérez Rufete) para recurrir la aprobación del ERE por parte del juzgado mercantil, alegando no sólo que el Hércules no pretendía recortar costes sino también que existieron razones deportivas para prescindir de ellos, además de que se les dio un trato discriminatorio.
Los magistrados de la Sala de lo Social rechazan esos argumentos al insistir en que concurren causas económicas que motivaran el ERE, derivadas "no sólo del descenso del club a la Segunda Categoría sino también "la crisis global que atraviesa el país que se ha plasmado más profundamente en actividades de ocio como lo son los espectáculos deportivos".
El Hércules ya estuvo salpicado en otra ocasión
No es la primera vez que el Hércules se ve salpicado por un escándalo. En mayo de 2007, con Enrique Ortiz como presidente, se le abrió una investigación judicial al club por una supuesta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante.
Las escuchas de unas llamadas telefónicas revelaron que Ortiz habría comprado partidos para garantizarse el ascenso del equipo, que más tarde lograría terminar como terceros en la Liga Adelante. El Betis, que se clasificó cuarto con los mismos puntos recurrió ante el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol. Ángel María Villar se mantuvo a la espera de las cintas para poder sancionar al equipo con seis puntos y que fuese el conjunto andaluz el que ascendiese a Primera.
Los juzgados de Alicante se negaron a enviar las grabaciones a la Federación por lo que el caso tuvo que ser archivado. El Hércules se quedó en Primera división pero salpicado por la corrupción. Ahora las malas gestiones de la directiva ha llegado hasta los jugadores que ya han tomado medidas para tratar de solucionar la situación.
Tal y como hizo el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, el TSJCV entiende que se puede echar a los jugadores para sustituirlos posteriormente por otros de menor coste, siempre que concurran "contundentes razones económicas" que justifiquen ese cambio y que busquen la "viabilidad futura" de la sociedad.
En el caso del Hércules, el tribunal recuerda que arrastra pérdidas de entre 27 y 34 millones de euros en los últimos ejercicios y que los ingresos han pasado de los 25,9 millones de euros de la temporada 2010/11, en la que militó en Primera División, a una previsión de 10,98 millones para la campaña 2011/12, en la que bajó a Segunda División.
Los gastos de personal ascendieron en la temporada 2010/2011 a 17,8 millones de euros, de modo que suponían el 70 % de los gastos totales del club. El Hércules, que pagaba a los cinco jugadores despedidos unos salarios brutos totales de 2,48 millones de euros, fichó posteriormente a 17 jugadores con un coste total de 3,51 millones de euros.
Eso sirvió a tres de los futbolistas despedidos (Joseba del Olmo, Cristian Hidalgo y Francisco Joaquín Pérez Rufete) para recurrir la aprobación del ERE por parte del juzgado mercantil, alegando no sólo que el Hércules no pretendía recortar costes sino también que existieron razones deportivas para prescindir de ellos, además de que se les dio un trato discriminatorio.
Los magistrados de la Sala de lo Social rechazan esos argumentos al insistir en que concurren causas económicas que motivaran el ERE, derivadas "no sólo del descenso del club a la Segunda Categoría sino también "la crisis global que atraviesa el país que se ha plasmado más profundamente en actividades de ocio como lo son los espectáculos deportivos".