Lopera podría ser imputado por su gestión con el Betis

Lopera se deshizo el pasado 7 de julio del paquete mayoritario de acciones que controlaba, al traspasarlo, a cambio de 16 millones de euros, pagaderos en 5 años al grupo Bitton Sport.

De hecho, la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado que lleva la causa, dictó ayer una providencia por la que, tras la declaración de Lopera, las partes permanecerán en la sede judicial para celebrar una 'vistilla' en la cual se analizará la adopción de eventuales medidas cautelares, a requerimiento de la Fiscalía y de la acusación particular, formada por diversos grupos opositores a Lopera.

De este modo, el club podría quedar abocado a la administración judicial e incluso podría dictarse prisión preventiva contra el imputado --aunque parece poco probable--, a quien se le suspenderían los derechos políticos de sus acciones.

No en vano, los abogados de 'Béticos por el Villamarín', una de esas asociaciones opuestas a Lopera, ya solicitaron la pasada semana que se embargaran sus acciones y bienes personales por un valor de 12,5 millones de euros, para hacer frente a las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

En la declaración, Lopera deberá responder a la denuncia, planteada por la Fiscalía de Sevilla por descapitalizar, presuntamente, al Betis "en beneficio propio".

Petición de la Fiscalía 

La propia Fiscalía pidió, en abril pasado, el archivo de los hechos investigados correspondientes al lustro comprendido entre 1993 y 1998, al estimar que los posibles delitos cometidos por Lopera ya habrían prescrito al haber pasado diez años.

Ello fue rechazado por la juez Mercedes Alaya, titular del antes citado Juzgado número 6, quien entendió que, por contra, el plazo para la prescripción se extendería hasta los quince años, dada la especial gravedad del delito cometido.

Manuel Ruiz de Lopera ya fue condenado en 2006 por dos delitos contra la Hacienda Pública, que fueron sustituidos por sendas multas de 36.000 euros, y el pago de casi dos millones de euros, también en concepto de multa.

Por último, hay que decir que la juez Mercedes Alaya, ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) toda la documentación relativa a la venta del paquete mayoritario de acciones del Betis a la empresa Bitton Sport.