Sagardoy informó de indicios de acoso laboral al jefe de los árbitros de la ACB

El Director de Arbitraje de la ACB, José Antonio Martín Beltrán, sufrió un presunto acoso laboral por parte del Director General, José Miguel Calleja, según un informe jurídico, fechado a 17 de junio, y al que ha tenido acceso El Confidencial. Calleja llegó a acuerdos con el colectivo arbitral, participó en sus reuniones y atribuyó la organización de los viajes a otra responsable sin previo aviso a Martín Beltrán.

La investigación se produjo a raíz de una denuncia interna producida el pasado mes de abril. Calleja, además, cobró una retribución variable (60.000 euros) que no pasó por los órganos de control, igual que el presidente de la ACB, Antonio Martín Espina, como ya informó este periódico. El informe tildó de "falta muy grave" lo ocurrido. Faltan escasos días para que dé comienzo el proceso electoral, que se iniciará el 24 de este mes con una asamblea.

Las pruebas del presunto acoso se justifican con determinadas conductas. A Martín Beltrán se le impuso la presencia de Calleja en las reuniones quincenales de los colegiados para "analizar su comportamiento y trato con los árbitros, informando de manera falsa el Director General al Presidente del desarrollo de esas reuniones". "Así mismo, el Sr. Calleja asiste a las concentraciones arbitrales, preguntando a los árbitros sobre su situación, sin consultar previamente con el Sr. Beltrán, en su condición de Director de Arbitraje", según el informe.

La comunicación entre Martín Beltrán y Calleja no ha sido fluida en los últimos meses, como refleja el informe. El Director de Arbitraje le envió un correo electrónico el 1 de noviembre de 2024 para proponerle la adecuación presupuestaria del departamento de arbitraje al desempeño del personal técnico. Aquel mail no obtuvo respuesta.

Sin conocimiento de la información

Martín Beltrán, asimismo, fue desplazado en sus funciones, asumidas por Syndel Mejías por orden de Calleja. Mejías es una "trabajadora que presta servicios como administrativa en el departamento de arbitraje dirigido por el Sr. Beltrán" y que "percibe mensualmente un pago que se incluye en nómina en concepto de kilometraje". Este importe ascendió a 3.360 euros en 2024, aunque el "devengo de este kilometraje no está previsto en el contrato de trabajo y no se han obtenido evidencias que justifiquen la percepción de estas cantidades".

Su desplazo quedó patente cuando se creó un grupo de WhatsApp con la presencia de la Asociación de Árbitros Españoles de Baloncesto (AEBA), árbitros de la ACB y la Sra. Syndel Mejías. "Informado el Sr. Martín Beltrán de este hecho, le indica al Director General que consideraba que debería estar en dicho grupo como Director Arbitraje y el Sr. Calleja manifestó que 'lo comentaría con Syndel'".

La ACB alcanzó un acuerdo con la AEBA, relativo a los "emolumentos fijos e indemnización abonable para los árbitros del grupo C". Las propuestas fueron aprobadas por unanimidad, pero Martín Beltrán no participó ni tuvo conocimiento del acuerdo. "Teniendo conocimiento con posterioridad, a raíz del correo enviado por Dª. Syndel Mejías el 30/04/2025 (cinco meses después del acuerdo)".

El respaldo de los clubes a la actual directiva

Syndel Mejías realizó presuntamente funciones que le correspondían al Director de Arbitraje por orden de Calleja, reduciendo la capacidad de actuación de Martín Beltrán sin previo aviso. "En concreto, el Director General ha derivado la coordinación en las diferentes concentraciones (Stages, Copa del Rey, Supercopa) de los árbitros a favor de Dña. Syndel, trabajadora que está bajo las órdenes del Sr. Beltrán y sin informar a este como Director de Árbitros y jefe directo de Dña Syndel. Incluso cuando el Sr. Beltrán ha instado a Dña. Syndel para reunirse con él en su condición de superior jerárquico, esta se ha negado alegando 'carga de trabajo'".

El informe concluye que "concurren indicios suficientes para entender que la actuación llevada a cabo por el Sr. Calleja contra el Sr. Beltrán reúne los requisitos exigidos por la doctrina y jurisprudencial para calificarlos como una conducta de acoso laboral" y que la conducta "podía ser constitutiva de una falta muy grave que justificara la extinción del contrato del Director General".

"Podía ser constitutiva de una falta muy grave que justificara la extinción del contrato del Director General"

Sobre el trato con Syndel Mejías, el informe señala que existe un presunto abuso de poder "al reconocerle el abono de una cantidad mensual en concepto de kilometraje cuyo percibo no está previsto en su contrato de trabajo". Esta conducta, unida al cobro de 60.000 euros del bonus que no procedían, son "faltas graves que justifican la extinción del contrato".

Tras enviarse los informes, la Comisión de Buen Gobierno se reunió con el presidente y el Director General, que se defendieron de las acusaciones. Un mes más tarde, los documentos no se mostraron en la Asamblea Extraordinaria, pero la ACB respaldó a Antonio Martín y a su equipo. La entidad publicó un comunicado en el que catalogó la filtración de la denuncia interna como "intención interesada de dañar el buen funcionamiento y la reputación de la ACB". "El presidente y el director general de la ACB cuentan con el respaldo unánime de los clubes y, en consecuencia, seguimos apoyando el ejercicio de sus funciones mientras no se demuestre lo contrario".