El juez Peinado cita a la cúpula de la hípica española, pero excluye al expresidente del TAD

El titular del Juzgado de Instrucción N.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar al presidente de la Real Federación Hípica Española (RFHE), Javier Revuelta, los miembros de la Junta Electoral, Iñigo Sánchez-Castrejana, Karolina Piekvtowska y Alba Rivera, el presidente de la mesa de dicho proceso, Juan de Heredia, y el interventor Javier de Witt. Todos ellos denunciados de haber cometido "un supuesto delito de prevaricación administrativa y otros".

Tal y como adelantó Onda Cero en octubre del año pasado, el juez conocido por ser el instructor de la causa que investiga a la esposa del presidente del Gobierno admitió a trámite una querella criminal presentada el 24 de junio por Cayetano Martínez de Irujo, en su condición de jinete federado, deportista olímpico y aspirante a la vicepresidencia de Real Federación Hípica Española (RFHE), e Ignacio Ridruejo, rival de Revuelta en las elecciones a la presidencia de la RFHE.

Sin embargo, Peinado deja fuera al hasta hace dos semanas presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), Francisco de Miguel Pajuelo. Es decir, el máximo responsable de la justicia deportiva espala, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) que preside el ausente José Manuel Rodríguez Uribes, a quien de este modo también habría salpicado.

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Los querellantes denunciaron la "inadmisión arbitraria de recursos por el TAD a Ignacio Ridruejo por supuesta falta de legitimación al ser precandidato, ignorando que había sido reconocido como parte durante todo el proceso, estimándole recursos el propio TAD". Una decisión que, según recoge la denuncia, "contradice precedentes del propio TAD, como el caso Villar, donde se sancionó a un precandidato. Una sanción que fue ratificada por el Tribunal Supremo".

El juez solo admite la prevaricación administrativa

Lo curioso es que en el auto de incoación dictado el 1 de octubre por el mencionado Peinado, solo se admitió un presunto delito de prevaricación. Es decir, el que afectaba directamente al presidente del TAD, a quien ahora deja fuera. El juez ordenó la apertura de diligencias previas y fijó las primeras declaraciones de Cayetano Martínez de Irujo e Ignacio Ridruejo para el pasado 14 de enero, aunque ese día y con ambos en los Juzgados de Plaza de Castilla no se produjeron.

Peinado ha dado ahora un paso más y, tal y como puede comprobarse en el nuevo auto fechado en el pasado 11 de marzo y al que ha tenido acceso este diario, los seis investigados están citados a declarar el 5 de octubre. El problema es que para entonces el juez se habrá jubilado, pues en septiembre cumple 72 años, la edad que le obliga a colgar la toga.

"Previo a la práctica de las diligencias acordadas, resulta pertinente, necesaria y útil la práctica de otras tendentes a completar la instrucción con el fin de determinar las circunstancias del hecho, la participación de los querellados y el alcance de las responsabilidades penales", señala Peinado sobre la querella en la que, además de la mencionada prevaricación administrativa, se denunciaban otros delitos como fraude electoral, falsedad documental y desobediencia a la autoridad judicial.

"La instrucción del procedimiento comprenderá todas las diligencias encaminadas a preparar el juicio y a hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, así como la culpabilidad de los autores. Faculta al órgano instructor para ordenar la práctica de cuantas diligencias resulten pertinentes, necesarias y proporcionadas para el esclarecimiento de los hechos", añade el auto de Peinado.

Martínez de Irujo y Ridruejo denuncian irregularidades

Los hechos y actuaciones presuntamente irregulares que recoge la querella de Martínez de Irujo y Ridruejo incluyen "la exclusión ilegal del censo electoral de un gran número de clubes, contraviniendo el Reglamento aprobado por el CSD" y "la manipulación del voto por correo", toda vez que "la Junta Electoral, en su resolución de 4 de octubre, declaró nulos varios votos presentados fuera del plazo, pero el 6 de noviembre validó votos similares recibidos fuera de plazo".

También se denunciaba "falta de transparencia", toda vez que "desde el escrutinio del 30 de septiembre, cuyas actas reflejaron un resultado desfavorable para el Sr. Revuelta, la Junta Electoral comenzó a dictar resoluciones contrarias al propio Reglamento, validando o anulando votos en función del desarrollo del recuento".

Los denunciantes aseguran que hubo "una alteración del resultado electoral, pues las irregularidades alteraron de forma determinante la composición de la Asamblea General, afectando a 14 asambleístas electos y excluyendo al 38% del estamento de clubes, deslegitimando así el proceso electoral y los derechos de los querellantes".

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Contra esta resolución cabeía interponer recurso de reforma o apelación, aunque sobra decir que lo más destacable es que si el presidente del TAD hubiera acabado sentado en el banquillo de los acusados, el deporte español estaría ante un momento tremendamente delicado. Quizás como consecuencia de que, tres años después de la aprobación de la nueva Ley del Deporte, no se haya desarrollado el reglamento sancionador que pueda evitar situaciones como la vivida en la RFHE.