Franco deberá explicar en el Congreso la 'subvención interruptus' de 12 millones a ADESP

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados solicitó este lunes, 13 de marzo, la comparecencia ante la Comisión de Cultura y Deporte del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, para que explique el motivo por el que la Asociación del Deporte Español (ADESP) no ha recibido la subvención de 12 millones de euros, seis en 2022 y otros tantos en 2023, que le fue concedida por el Consejo de Ministros para gestionar "la capacitación tecnológica de los profesionales del ecosistema deportivo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Tal y como puede leerse en la solicitud de esta comparecencia, "el 20 de diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Asociación del Deporte Español (ADESP) para la formación en capacidades digitales en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de 12 millones de euros. Se ha conocido por el medio de comunicación digital 'El Confidencial' que esa subvención ha sido anulada por orden del presidente del Gobierno de España una vez que había sido aprobada y publicada en el BOE".

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Efectivamente, como informamos en este diario, esta subvención, concedida a petición del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, era finalista y, según explicó el propio CSD, la misión de ADESP era la de poner en marcha un proyecto destinado a la capacitación digital de deportistas de alto nivel, alto rendimiento, miembros de equipos nacionales, participantes en programas federativos, técnicos nacionales y autonómicos, técnicos y trabajadores de las instalaciones deportivas donde se desarrolla la actividad deportiva de los deportistas mencionados, "cuya propuesta permitirá formar al menos 6.000 personas hasta septiembre de 2025".

La relación de Sánchez con Blanco

Sin embargo, que esta subvención le fuera concedida a ADESP no le gustó al presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, quien, como también hemos informado en varias ocasiones en este diario, tiene una gran ascendencia sobre el presidente del Gobierno a raíz de que su hijo, Alejandro Blanco júnior, fue uno de los cinco miembros del tribunal que le concedió el sobresaliente 'cum laude'. De ahí que Pedro Sánchez ordenara al mencionado José Manuel Franco que se reuniera con el presidente de ADESP, José Hidalgo, y le pidiera que renunciara a los 12 millones.

Como quiera que el también presidente de la Federación Española de Triatlón trasladó el asunto a la Junta Directiva de ADESP y esta tuvo muy claro que, no sólo no podían renunciar a la subvención, sino que, en el caso de que les obligaran a hacerlo, presentarían en bloque su dimisión, el balón se quedó en el tejado del CSD y, por extensión, de Moncloa. Hasta este lunes, es decir, casi tres meses después, los 12 millones de esta subvención que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre sigue sin llegar a ADESP, con el miedo de que seis se hayan podido perder al corresponder a 2022. De ahí las explicaciones que el Grupo Parlamentario Popular quiere que dé el secretario de Estadio para el Deporte.

Un José Manuel Franco que este lunes aseguró que el organismo que preside se personará "en el momento oportuno" en el caso Negreira, después de decir que "esto no le viene bien al deporte español y lo que es malo para el fútbol es malo para el deporte español". Es decir, justo lo que no ha hecho ante las numerosas denuncias que ha recibido sobre las presuntas irregularidades cometidas por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Opinión

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Un Rubiales al que, por cierto, el Consejo de Ministros le concedió una subvención de 7,5 millones "para impulsar la candidatura de España al Mundial de fútbol de 2030", de la que también es probable que el presidente del CSD tenga que dar algunas explicaciones. Sobre todo después de que Onda Cero desvelara a qué piensa destinar la mayor parte de este dinero y que la RFEF acusara de "irresponsable" precisamente al portavoz de Deportes del Grupo Popular en el Congreso, Javier Merino, por registrar, "una Proposición No de Ley, para que el Gobierno califique a la Primera y Segunda División de Fútbol Sala nacional como competiciones de carácter profesional, reconociendo a la Liga Nacional de Futbol Sala como Liga Profesional".