El Gobierno recula con el tope de mandatos en el deporte: ¿es bueno eliminar a presidentes 'eternos' como Villar?

Hace cuatro veranos, cuando Ángel María Villar (entonces presidente de la Federación Española de Fútbol) fue detenido y encarcelado diez días en el marco de un caso sobre el que no está acabada aún ni la instrucción, algunos de los responsables de la Operación ‘Soule’ reconocían en privado que si el bilbaíno se hubiese retirado en 2014, después del Mundial de Brasil, “esto no estaría pasando”. Con el paso de los años, la Federación se había convertido en una especie de coto privado, difícilmente compatible con un mundo cada vez más fiscalizado y en el que cada vez tenía más importancia la palabra ‘compliance’.

Hoy un porcentaje considerable de los verdugos de Villar repiten la frase de que su sustituto, Luis Rubiales, “le está haciendo bueno en muy poco tiempo”. Pero los 28 años consecutivos de poder del exjugador del Athletic fueron un argumento decisivo para que la opinión pública identificase su apellido con la corrupción en el fútbol tras verle siendo conducido en un coche policial a los calabozos de Las Rozas en pleno telediario.

De 1984 a 1996

Tras meses de deliberaciones, el Gobierno ha decidido esta semana no incluir en la nueva Ley del Deporte una vieja aspiración de varios estamentos deportivos: la limitación de mandatos (dos seguidos, es decir, ocho años, o tres alternos) en las organizaciones deportivas, como forma de dificultar el clientelismo y las malas prácticas. La medida, que ya rigió en España entre 1984 y 1996 y fue derogada por Rafael Cortés Elvira, no hubiese sólo impedido que Villar alcanzase la vicepresidencia de la FIFA o de la UEFA. También hubiese acortado notablemente, por ejemplo, la carrera del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que aspira este otoño a una última reelección después de 16 años de mandato.

Blanco es precisamente la única voz destacada que se ha pronunciado claramente sobre la limitación de mandatos en el deporte, uno de esos temas sobre los que se opina con mucha prudencia. En un reciente desayuno informativo, Blanco opinó que la limitación “debería dejarse a criterio de cada federación”: “En las federaciones tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Que sea la democracia la que elige”.

También recordó el otro argumento de mayor peso en este debate: si se impusiera ese límite, España no tendría dirigentes relevantes en las federaciones internacionales. Sus argumentos son compartidos por la Asociación del Deporte Español (ADESP), tradicionalmente enfrentada al COE en la eterna lucha de poder que divide (y lastra) el deporte español, pero alineada con el olimpismo en esta materia. ADESP, que reúne también a la inmensa mayoría de federaciones deportivas, no se opone a la limitación de mandatos (según destacan en conversación con este periódico), pero siempre que sea decidido por la propia federación deportiva en su asamblea, “el órgano soberano”. Y ponen un ejemplo: la Federación de Baloncesto, presidida por Jorge Garbajosa, que impuso un tope de tres mandatos cuando llegó a la institución en 2017.

El ejemplo de EE. UU.

Para justificar su resistencia a la implementación del límite, aducen también la necesidad de tener representación internacional de máximo nivel. Destacan en este sentido el ejemplo de Estados Unidos, potencia deportiva de máximo rango que aplica el límite de dos mandatos y está por ello, recuerda la asociación, “completamente fuera de los puestos de mando en las organizaciones internacionales”.

Por último, lanzan una pregunta retórica: ¿por qué habrían de imponer “los políticos” restricciones de mandato a federaciones deportivas cuando no aplican la misma medida a empresas o a instituciones públicas? En otras palabras: “¿Se imagina usted al Gobierno imponiendo un límite de mandatos a Iberdrola?”

Críticas a la marcha atrás

Fuentes del Consejo Superior de Deportes que exigen el anonimato recuerdan a El Confidencial argumentos que impugnan el consenso anti-limitación: por ejemplo, los altos cargos que ocupan actualmente el presidente de la Federación Española de Atletismo (Raúl Chapado, miembro del Consejo Directivo de la IAAF), el de fútbol (Luis Rubiales, vicepresidente de UEFA) y el de baloncesto (Garbajosa, miembro del 'Central Board' de la FIBA), todos ellos con mandatos de cuatro o cinco años hasta la fecha.

Estos dos funcionarios de carrera ofrecen también una visión muy distinta sobre la democracia y la soberanía de las federaciones, cuyas asambleas suelen estar compuestas "por un centenar largo de cargos con el derecho exclusivo a votar, generalmente 'engrasados durante' el cuatrienio previo, que poco tiene que ver con el significado real de la palabra ‘democracia’, que sería, por ejemplo, que pudiesen votar todos los federados”.

Cabe recordar, además, que las federaciones viven generalmente (salvo muy escasas excepciones) de subvenciones públicas. Y que no son entidades privadas asimilables a una empresa o asociación, sino entidades privadas de utilidad pública y de derecho público, puesto que ejercen potestades delegadas como la capacidad sancionadora.

El fantasma del nepotismo y las corruptelas en las ‘federaciones cortijo’ es fácilmente detectable en el deporte español desde hace décadas, con numerosos ejemplos ilustres, algunos de ellos condenados; quizá el ejemplo reciente más llamativo sea el de la Federación de Taekwondo, cuyo presidente, Jesús Castellanos, que lo es desde 2005, se permitió el mes pasado retirar la plaza olímpica a Javier Tortosa, mejor atleta en su categoría; según el consenso unánime, esta decisión se debe al largo enfrentamiento que mantiene con su padre, el también extaekwondista Jesús Tortosa, por la gestión de la entidad.

Cambio sin publicidad

El texto del anteproyecto de la Ley del Deporte publicado por el Gobierno a mediados de junio rezaba: "Los Estatutos establecerán la composición, funciones, duración y número de mandatos de los órganos de gobierno y representación, que no podrá superar los dos mandatos consecutivos ni tres en períodos alternos, así como la organización complementaria de las federaciones deportivas españolas, debiéndose acomodar a los criterios establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley".

El nuevo texto del artículo 46.3, anunciado este mismo miércoles, dice finalmente: "Los Estatutos establecerán la composición, funciones, duración y número de mandatos de los órganos de gobierno y representación, así como la organización complementaria de las federaciones deportivas españolas, debiéndose acomodar a los criterios establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley".

No queda rastro de las limitaciones. El llamativo reculaje del Gobierno –que trató este miércoles de disfrazar el cambio en medio de la necesaria armonización de la Ley del Deporte a la nueva ley ‘trans’– entierra una vieja aspiración de numerosos sectores del deporte, que estuvo ya en la agenda de María José Rienda, exsecretaria de Estado del Deporte, y volverá a meterse presumiblemente en uno de los polvorientos cajones de la calle Martín Fierro de Madrid, 'sine die'. Mientras tanto, Villar ha sido declarado inocente hace una semana en el primero de los juicios que debe afrontar por su gestión: el 'caso Haití'.