La gran anomalía del deporte español está en Gran Canaria: más de 50M en subvenciones
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La gran anomalía del deporte español está en Gran Canaria: más de 50M en subvenciones

El Real Madrid se enfrenta este lunes en los cuartos de final de la ACB al Herbalife Gran Canaria, un club de propiedad pública

placeholder Foto: El Herbalife Gran Canaria acabó octavo la fase regular de la Liga Endesa. (EFE)
El Herbalife Gran Canaria acabó octavo la fase regular de la Liga Endesa. (EFE)

"Esta no es una empresa al uso". Quien habla es Francisco Castellano, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, y tiene razón. 'Esta' es Herbalife Gran Canaria, una sociedad anónima deportiva. Y no una cualquiera: finalista europeo, de la Copa del Rey y semifinalista de la ACB no hace mucho. Uno de los mejores equipos de baloncesto de España en la última década, pero también una gran anomalía: su propiedad es 100% pública.

El dinero público riega todo el deporte español, desde el fútbol al ciclismo, desde las categorías profesionales a las 'amateur', en forma de patrocinio o de ayudas, de manera más justificada o menos, pero el caso del Granca es único. Cada año, el club recibe una subvención de su propietario y además sabe que, si al final de temporada necesita más, lo tendrá.

Foto: Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro. (EFE)

Esta temporada estaba prevista una subvención de 3,2 millones de euros, la misma que en los cuatro cursos anteriores, pero un presupuesto de ingresos demasiado generoso —que preveía una vuelta de los aficionados que no se ha producido— y el impacto de la pandemia han provocado un agujero que cubrirá el Cabildo. "Ese dato se lo puedo dar con total objetividad: 1.753.000 euros", dice el consejero. "Somos el propietario y no nos queda otro remedio que estar ahí cuando pasan este tipo de cosas". La subvención será de cinco millones de euros. Más que todo el presupuesto de muchos clubes de la ACB. Y no será el año con la aportación más alta.

Más de 50 millones de euros

"El presupuesto del Granca debería recortarse de alguna manera. Por la idiosincracia de nuestra isla, la aportación vía subvención debería modularse a la baja progresivamente y convertise en patrocinio", dice Castellano. Pero no ahora. "No podemos olvidar que han sido dos temporadas condicionadas por el confinamiento, por la pandemia, la bajada de ingresos de patrocinadores... Una serie de condiciones. No es el momento de plantearse una reducción de la subvención".

El gráfico muestra todas las cifras actualizadas al IPC de las ayudas directas del Cabildo de Gran Canaria, desde la conversión del club en sociedad anónima deportiva hasta la actualidad. La información procede del propio Cabildo, que la proporcionó tras una solicitud de acceso a la información pública y a través de los informes de la intervención general, que audita cada año las cuentas (aquí puede acceder a todos los documentos). No están incluidas las cantidades que el club ha devuelto en algunos ejercicios en los que ha tenido superávit. En total, son 54,1 millones de euros.

Esa cifra no incluye otros patrocinios o ayudas finalistas de otros organismos públicos, como el Gobierno de Canarias (2,8 millones de euros en las últimas cinco temporadas, por ejemplo). Tampoco otras inversiones relacionadas con el baloncesto que el Cabildo ha realizado en la última década y que seguramente no se habrían hecho si la situación fuera otra, como la construcción del pabellón Gran Canaria Arena (más de 70 millones de euros), la subsede de la Copa del Mundo de 2014 o las Copas del Rey de 2015 y 2018.

No es cuestión de supervivencia: sin la aportación del Cabildo, el Granca aún estaría en la parte media de los presupuestos de la ACB

Lo singular en el Gran Canaria es la propiedad, la modalidad y, desde hace unos años, la cuantía de las transferencias, pero no que reciba dinero público, algo habitual en el deporte español, ya sea en forma de subvenciones, patrocinios o cesiones de instalaciones. Por ejemplo, el otro equipo canario de la ACB, el Lenovo Tenerife, también recibe una cantidad importante de la empresa de turismo de la isla o del Gobierno de Canarias. Pero son patrocinios, como los que tienen otros clubes, que exigen unas contraprestaciones que no existen en el caso grancanario.

Sin la aportación del Cabildo, el Gran Canaria aún estaría en la parte media de los presupuestos de la ACB. No es una cuestión de supervivencia, porque con un presupuesto reducido el club podría ser viable y competitivo en una liga como la ACB, aún la mejor de Europa, pero venida a menos en lo económico. El Lenovo Tenerife o el Hereda San Pablo Burgos han conseguido mejores resultados en las últimas tempodadas con presupuestos más pequeños. Desde lo público, el Gran Canaria es un ejemplo más de una liga desequilibrada por el sustento de mecenas. El fútbol en el caso del Real Madrid o el FC Barcelona, Juan Roig en el Valencia Basket.

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Francisco Castellano (i) y el presidente del Herbalife Gran Canaria (c). (EFE)

En el club desde 1992

El Gran Canaria nació en 1963, en el Colegio Claret, y creció hasta llegar a la ACB a mediados de los ochenta. Durante la siguiente década, bajó y subió en varias ocasiones, hasta el ascenso en 1995. Desde entonces, ha permanecido en la élite. Antes, en 1992, se convirtió en sociedad anónima deportiva obligado por la Ley del Deporte. Ya entonces, el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aportaron una parte de los 153 millones de pesetas (919.548,5 euros al cambio actual) del capital inicial, en el que también entró el sector privado.

En 2003, con el equipo más asentado en la ACB tras su periodo más largo de permanencia en la categoría, el club entró en causa de disolución y el Cabildo lo rescató. Para ello, se realizó una reducción del capital a cero y luego una ampliación de 1.565.952,48 euros repartidos en 86.136 acciones, todas suscritas por la entidad pública. Esa aportación no fue dineraria, sino mediante el derecho de usufructo durante 50 años del Pabellón de la Vega de San José, donde juega sus partidos el filial.

Desde entonces, el Cabildo tiene el control del club. Han pasado por el Gobierno insular el PP, el PSOE, Nueva Canarias y Podemos (los tres primeros han ostentado la presidencia), pero la propiedad no ha cambiado. El equilibrio entre lo político y lo deportivo no es sencillo y ha generado problemas en alguna ocasión. Que la parte política se inmiscuya en la gestión no parece lo más adecuado, pero pone demasiado dinero como para desentenderse. Y la proyección que da el deporte profesional no la dan otras cuestiones menos glamurosas. Pero apenas hay debate sobre la propiedad del club.

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"Es evidente que las decisiones políticas van a definir muchos aspectos, aunque en los dos años que estuve yo jamás me intentaron imponer ningún tipo de decisión", dice Miguelo Betancor, exárbitro internacional, figura importante en el baloncesto español desde los ochenta y presidente del club grancanario entre 2015 y 2017.

"La parte política no debe, y así lo he hecho, inmiscuirse en la gestión", dice el consejero, que admite que desconoce detalles del día a día del club, pero también considera que la estructura actual ha tocado techo y que hace falta una reestructuración para "avanzar acorde al siglo XXI". "El club necesita reinventarse, buscar la manera de actualizarse, buscar recursos, identificarse más con la sociedad. Se ha perdido la idiosincrasia". Este diario quiso hablar con el presidente del club, Enrique Moreno, pero prefirió no hacer declaraciones y se remitió a las palabras del consejero.

Y Europa ¿qué dice?

Con el Granca, se da una situación extraña: todos los implicados de manera directa e indirecta (el club, el Cabildo, los rivales, la ACB) saben que la situación es anómala, puede que ilegal, y que es mejor cambiarla cuanto antes para evitar problemas, pero muy poco o nada se ha hecho. Ni denuncias por los perjudicados ni excesivos esfuerzos por deshacerse del club por parte del Cabildo. "Siempre se ha pensado en cómo hacer esa transición, pero nunca se ha llevado a cabo", apunta Betancor.

La posibilidad de una investigación europea sobrevuela desde hace años. Si la Comisión Europea (CE) ha abierto expediente y, en algunos casos, multado a varios clubes de fútbol, obligándoles a devolver ayudas ilegales por parte del Estado, podría hacerlo también en este caso. Pero hasta ahora no hay nada. En una respuesta a El Confidencial tras una solicitud de acceso a la información pública, la Comisión Europea confirmó que no había abierto "ningún procedimiento que tenga como objeto la propiedad del Club Baloncesto Gran Canaria-Claret SAD por parte del Cabildo de Gran Canaria". Sí había recibido información a través de un particular que envió tres cartas, pero sin tomar ninguna medida.

La queja podría presentarla un rival de la ACB o de cualquier otra competición europea, u otra liga

La CE respondió a dos de esas cartas explicando que, según la regulación europea, solo una parte interesada podía presentar una queja formal por incumplimiento de la normativa de ayudas estatales. Y según el artículo 1.h del Reglamento 659/1999, una parte interesada es "cualquier Estado miembro o cualquier persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses puedan verse afectados por la concesión de una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la misma, las empresas competidoras y las asociaciones socioprofesionales". En el caso del Gran Canaria, por ejemplo, esa queja podría presentarla un rival de la ACB o de cualquier otra competición europea, u otra liga.

"Cuando el río suena, agua lleva", dice Castellano sobre la posibilidad de que se inicie una investigación de las autoridades europeas. "Eso puede pasar en cualquier momento. Por eso el ánimo es vender el club. Ahora estamos trabajando en ello; prosperará o no, pero no nos podrán acusar de no intentarlo. El Cabildo no quiere seguir ostentando la propiedad del club a cualquier coste. Es de recibo que el club vuelva a manos privadas, pero no podemos decirles a los empresarios que lo compren".

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Real Madrid y Herbalife Gran Canaria se enfrenta la próxima semana en los cuartos de final de la ACB. (EFE)

El problema no es tanto la propiedad como las ayudas, opina Alberto Palomar, abogado de Broseta. Señala un caso parecido, el Recreativo de Huelva, pero el camino para llegar hasta la propiedad pública fue muy diferente. El club onubense fue expropiado a su dueño por el ayuntamiento de la ciudad andaluza en 2016.

"No estoy convencido de que sea ilegal que un club sea de propiedad pública. Otra cosa son las subvenciones", explica Palomar sobre el Granca. "Puedes tener la propiedad de un club como puedes tener la propiedad de lo que sea. Pero lo que es más discutible es que incluya un régimen de cobertura de déficit, porque actúas como un operador privilegiado de mercado".

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El abogado cree que la Ley del Deporte, que obliga a la transformación en sociedades anónimas deportivas cuando se compite en competiciones profesionales (primera y segunda división masculinas de fútbol y primera división masculina de baloncesto), no excluye la propiedad pública. Lo que hay que vigilar, señala, es el régimen de ayudas. "Al ser tuyo, te estás dando una ayuda a ti. Puedes hacer una ayuda para lo que quieras, con principio de publicidad y concurrencia, pero el problema es que eres tú y lo estás utilizando para cubrir tu déficit".

Ese apoyo no sienta bien entre los rivales del club grancanario. "A otros clubes no les gustaba porque el Gran Canaria jugaba con ventaja", dice Betancor. En la misma línea se pronuncia un directivo de un club de la ACB: "Hay gente que está molesta". Pero no ha habido ningún movimiento, tampoco por parte de la ACB, que no valora públicamente "temas internos de propiedad o accionariado". "Tenemos clubes con idiosincrasias muy diferentes entre sí y preferimos no valorar sus diferencias o particularidades", dice un portavoz de la competición.

"No estoy convencido de que sea ilegal que un club sea propiedad pública. Otra cosa son las subvenciones", dice el abogado Alberto Palomar

La posible venta

Castellano es claro: el Cabildo quiere desprenderse del club. Pero no parece que tenga mucha prisa. Y tampoco es que haya habido pelea por comprarlo. Hace dos años, hubo interés por parte de un fondo, pero todo acabó muy mal. El club llegó a un acuerdo de patrocinio con HMK Holdings que incluía la opción de venderle el 51% de las acciones si el Cabildo aceptaba desprenderse de ellas. La operación fracasó a las dos semanas, entre dudas por la inversión y después de que 'La Provincia' desvelara irregularidades en la Fundación Canaria del Deporte, el ente dependiente del Cabildo que posee las acciones. Esa fundación carece de actividad y de personal y la Intervención ha recomendado en varias ocasiones que "se considere la necesidad de mantenerla o la oportunidad de su disolución".

Ahora hay otro grupo interesado, New Dream Sports & Entertainment, que reúne a varios empresarios grancanarios y en el que está también el exjugador de la NBA Joel Freeland, canterano del club. Su portavoz es Rafael Calvo, que trabajó durante mucho tiempo en la entidad claretiana. "A día de hoy, nadie del Cabildo nos ha dicho que el club vale tanto y que hay que pagar tanto. A ese punto no hemos llegado, ojalá lleguemos. Seguimos interesados", dice Calvo.

placeholder El británico Joel Freeland (d), interesado en comprar el club. ('USA Today Sports')
El británico Joel Freeland (d), interesado en comprar el club. ('USA Today Sports')

El consejero confirma las conversaciones, pero cree que a ese proyecto aún le falta maduración. "Hay que garantizar que el traspaso cumple las preocupaciones del Cabildo. En ningún momento han estado encalladas las negociaciones. Seguimos trabajando", dice. Sobre la mesa, varias opciones: desde vender todas las acciones a solo una parte, pasando por la entrada de aficionados en el accionariado. "Para nosotros, sería ideal que se le dé la oportunidad a la afición", afirma Calvo.

El Cabildo asegura que no pretende hacer negocio con la posible venta. Y difícilmente lo puede hacer, si se tiene en cuenta todo el dinero que ha gastado en el club y lo que puede ingresar. Una valoración encargada por el propio organismo el año pasado cifraba el valor del club en 6,6 millones de euros, una cantidad para algunos demasiado elevada (aquí puede leer la valoración). "Es una hoja de ruta tanto para los interesados en la compra como para nosotros. La cifra no va a ser un obstáculo", dice el consejero. Calvo cree que hay que "quitarle carga económica al Cabildo". "Es un riesgo que asumimos con inversión y planteando un cambio de modelo radical".

"El Cabildo ha sido un ejemplo durante 25 años, pero creo que las circunstancias que dieron pie a hacernos cargo del club ya no están vigentes. Ahora es la sociedad la que debe dar un paso más. Hay que devolver el club al ámbito privado, que es donde nació", dice el consejero de Deportes.

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