Caos olímpico: Japón y el COI insisten en celebrar unos Juegos que nadie ve viables

La versión oficial sostiene que los Juegos Olímpicos de Tokio no están en peligro y que se celebrarán este verano según el calendario previsto, pero la realidad es que cada día estamos más cerca de un nuevo aplazamiento.

Según las encuestas de tres diarios japoneses, entre el 60% y el 70% de la población está en contra de la celebración de los Juegos en su país, al menos tal y como están proyectados para finales de julio. ¿Los motivos? Su curva de contagios por covid está en máximos históricos y apenas el 2% de los ciudadanos están completamente vacunados en el país con más ancianos del planeta. Tan acuciante es la situación que el primer ministro, Yoshihide Suga, firme defensor del evento, se ha visto obligado a declarar el tercer estado de alarma en Japón, que como mínimo se extenderá hasta finales de este mes (aunque la curva de contagios sugiere que podría alargarse bastante más).

"Unos Juegos Olímpicos, por definición, no pueden ser nunca seguros", afirmó Naoto Ueyama, portavoz del Sindicato Nacional de Médicos, que hoy ha mostrado su oposición al evento por temor a la llegada de nuevas variantes que agraven la situación del archipiélago. Los médicos denuncian que, cuando más se está tensionando el sistema sanitario del país, los JJOO precisarán de 10.000 facultativos solo para controlar a los atletas, periodistas y voluntarios. "Entiendo que será duro para los atletas, pero es la única solución en estos momentos. El Gobierno japonés tiene la obligación de cuidar por la salud de sus ciudadanos", reza el comunicado de los médicos. Según los datos del colectivo médico, en este momento el 40% de los facultativos del país han superado el máximo de horas extras permitidas por ley y otro 10% está haciendo jornadas dobles.

Aunque las competiciones serán a puerta cerrada y no podrá entrar ningún aficionado de otros países, el Gobierno japonés no puede limitar los movimientos de los atletas, periodistas y personal de las delegaciones, tan solo emitir recomendaciones que no conllevan sanciones legales ni económicas. Así, los japoneses temen que la avalancha de atletas y entrenadores extranjeros, que se estima en torno a 14.000 personas, aproveche sus ratos libres para hacer turismo y, en el peor de los escenarios, propague nuevas variantes del covid por el país.

Los atletas norteamericanos, gran atracción de los JJOO, no tienen dónde alojarse

Los últimos en sumarse al boicot han sido 31 prefecturas a lo largo del país, algo parecido a nuestras comunidades autónomas, que han cancelado sus proyectos para acoger a delegaciones internacionales. La idea pasaba porque los atletas se distribuyesen por todo Japón, para que todo el país se sintiese parte del evento, pero los malos índices de contagio han frenado en seco a sus gobernadores, que no quieren asumir el riesgo político que conlleva seguir adelante con los planes. Así, la Federación de Atletismo de Estados Unidos, que iba a alojarse en Chiba, al norte de Tokio, o el grueso de la delegación rusa, que tenía hoteles en Fukui y Tochigi, ha decidido no ir por la alta incidencia. "No permitiré que las camas de hospital que están preparadas para los pacientes de covid sean ocupadas por los atletas o el personal de los Juegos", ha dicho Toshihito Kumagai, gobernador de Chiba y uno de los más beligerantes en la batalla contra el Gobierno.

Coste político y económico

La situación cada vez se le complica más al 'premier' Suga, que ya está pagando el precio de los Juegos sin haber comenzado. Como tantos otros líderes mundiales, se enfrenta al binomio salud o libertad, y ya saben que estas cosas siempre acaban a palos. Su popularidad se despeña en las encuestas y la oposición le está esperando a la vuelta del verano con una factura de víctimas, espoleada por una opinión pública cada vez más en contra de los JJOO y que en unos días ha reunido 300.000 firmas exigiendo su cancelación. El último golpe lo ha recibido de la editora Takarajimasha, que ayer publicó un anuncio a toda página contra Suga: "No tenemos medicinas. No tenemos vacunas. ¿Se supone que tenemos que luchar contra el virus con lanzas de bambú? Si no cambiamos las cosas, estos políticos nos llevarán a la tumba", rezaba el texto, que iba acompañado de una ilustración del virus sobre una fotografía de la Segunda Guerra Mundial.

Al Gobierno de Suga se le acusa, internamente, de haber sido demasiado lentos en la lucha contra el virus. Japón ha logrado mantener los índices de contagio a raya sin necesidad de cierres ni confinamientos —ha ayudado mucho la vieja tradición de sus ciudadanos de ir por la calle con mascarilla—, pero están peor que los países de su entorno, especialmente que su vecina Corea del Sur. Sugase ha excusado el bajo ritmo de vacunación echando las culpas a los fabricantes europeos, pero lo cierto es que el país tiene 7,6 millones de dosis esperando en las cámaras frigoríficas a ser inoculadas: el problema es que no hay personal médico disponible para hacerlo.

Ayer, durante la sesión parlamentaria, la oposición se centró en preguntar al primer ministro si los Juegos serán cancelados en el caso de que el estado de alarma vuelva a tener que prorrogarse. A diferencia de otras ocasiones, en las que se había mostrado rotundo y confiado, Suga evitó dar una respuesta directa y se limitó a repetir que su compromiso con el COI es celebrar el evento a partir del 23 de julio. Según estimaciones de la televisión pública NHK, en caso de cancelarse los Juegos, los contribuyentes japoneses verían esfumarse 41.000 millones de dólares que corresponden a las inversiones ya realizadas y al lucro cesante del evento.

Curiosamente, una de las facetas que más valora el COI a la hora de escoger una sede es la capacidad de sus políticos para unirse en torno a los aros olímpicos —recuerden a Lissavetzky y Gallardón de la mano—, algo que parece imposible conseguir ya en Japón, pese a la proverbial abnegación de sus ciudadanos.

Por último está el COI, que sigue apretando al Gobierno japonés pese a que su presidente, Thomas Bach, se vio obligado esta semana a cancelar su viaje al archipiélago por la situación descontrolada de la pandemia. No obstante, Bach insiste en que cuentan con el respaldo de la OMS, que el protocolo es seguro y que todos los deportistas acudirán vacunados a Tokio. Les va la vida en ello: los derechos audiovisuales comprometidos significan el 73% del presupuesto anual del COI y una nueva demora implicaría una renegociación a la baja de los derechos. Con esta situación y la segura presencia de manifestantes en las pruebas, a los principales tenedores de los derechos de retransmisión podría hasta convenirles un nuevo aplazamiento y encarar, de una vez por todas, un espectáculo olímpico con público en los estadios.

A nivel internacional, la opinión pública empieza a darse cuenta de que no se dan los requisitos para llevar a cabo unos JJOO. Más allá de las federaciones internacionales, que se encuentran a la espera de acontecimientos, hoy el francés 'Libération' se preguntaba en portada si los Juegos están KO, afirmando que solo una recuperación súbita de los contagios podría albergar alguna esperanza de cara a julio, mientras que el muy influyente 'New York Times' ha dedicado un puñado de editoriales a sugerir, cada vez con más firmeza, que los JJOO deben ser replanteados.

Pero si alguien puede hacer saltar esta situación por los aires son los atletas. Reprendidos por sus federaciones, las voces más críticas con los JJOO como Serena Williams han moderado sus declaraciones hasta nueva orden. Que no se expresen públicamente no significa que la situación esté controlada: la preocupación entre las principales estrellas de Tokio 2021 existe y el primero que se decida a dar el paso puede desencadenar un efecto mariposa que termine con los Juegos 'de facto'.