Rafael Louzán, el presidente del fútbol gallego, seguirá dirigiendo la Tercera División pese a su condena por corrupción

Rafael Louzán, el hombre que empezó como bedel de un polideportivo en su pueblo y supo encaramarse a la cúpula del PP y del fútbol en Galicia en las dos últimas décadas, fue condenado el pasado día 6 a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público. Expresidente del PP pontevedrés y de la Diputación Provincial (entre 2003 y 2015), Louzán recibía su primera sentencia judicial condenatoria por un asunto que le dio fama entre sus conciudadanos durante sus años de poder político: la construcción de unos 70 campos de fútbol sintético en la tercera provincia donde más llueve de toda España.

La condena surge de la concesión “artificiosa” de una subvención irregular de 86.311 euros (un delito de prevaricación y otro de fraude), precisamente para mejorar un campo de fútbol (en la localidad de Moraña) cuando las obras estaban ya casi totalmente realizadas. Corría 2013 y la Diputación provincial tenía la política de instalar hierba artificial por toda la provincia en plena crisis económica. Según la jueza, la reforma del campo del Moraña (Categoría Regional) estaba casi terminada cuando la Diputación asignó 86.311 euros adicionales a la obra: al ver que esa segunda partida no tenía objeto, y según reza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, “se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de fútbol [...] Su conducta evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho”.

A falta de de que la sentencia sea revisada por la Audiencia Provincial, el caso aparenta ser el chanchullo arquetípico reproducido miles de veces en Galicia y el resto del territorio nacional. Dos semanas después del fallo, sin embargo, Louzán proclama su inocencia y sigue siendo el presidente de la Federación Gallega de Fútbol (un ente privado con funciones públicas delegadas), además de máximo responsable de la Tercera División española. Ha recurrido la sentencia y niega cualquier participación directa en el asunto, haber sido condenado “por el mero hecho de ser la máxima autoridad de la Diputación de Pontevedra en ese momento, y en ningún caso, tal y como se indica por parte de la jueza, porque haya pruebas que evidencien conocimiento y/o participación por mi parte”.

La Xunta de Galicia respalda sotto voce a Louzán, con dos argumentos: la sentencia no es firme y el caso no está relacionado con su labor como dirigente deportivo. También la propia Federación, que le ha mostrado apoyo unánime. El otro alto cargo condenado (Luisa Piñeiro, actual delegada territorial de la Xunta de Galicia y alcaldesa de Moraña cuando se produjeron los hechos) dimitió pocas horas después de conocerse el fallo. (Se le aplicó la misma condena, así como al entonces director de Infraestructuras de la Diputación. Además de ellos, fueron inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años el administrador y un empleado de la empresa adjudicataria del proyecto, Eiriña Construcciones, y el arquitecto responsable). Fuentes de la Xunta insisten en que la sentencia, además de estar recurrida ante la Audiencia Provincial, no tiene ninguna relación con su actividad federativa (a pesar de estar relacionada con un campo de fútbol), lo que anula su capacidad de tomar medidas disciplinarias.

Peticiones de dimisión

La oposición tiene un punto de vista muy distinto. Tanto el PSOE como Podemos han pedido al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que actúen contra el dirigente condenado: su permanencia es “inaceptable” para la formación morada, que critican por su silencio al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al secretario general de Deportes, José Ramón Lete (antiguo presidente del CSD). Podemos ha registrado incluso una iniciativa parlamentaria para que Irene Lozano (Secretaria de Estado para el Deporte) se implique en el asunto.

El PSOE pontevedrés, por su parte, ha exigido a la Xunta que “impulse” la destitución de Louzán y califica el silencio de Lete de “escandaloso” al “confirmar los vínculos entre el PP y el todavía máximo responsable del fútbol gallego”. También destaca “la más elemental contradicción” en el hecho de que la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro, dimitiese instantáneamente de sus cargos. La Federación gallega recibe anualmente un millón y medio de euros de la RFEF y otro medio millón de subvenciones y contratos públicos.

"Inocente"

El dirigente nacido en Ribadumia en 1967 había sido investigado ya anteriormente: estuvo imputado por presuntos sobrecostes en el alquiler de tres bajos en Vigo, pero la Fiscalía archivó el caso en 2018 “ante la imposibilidad de utilizar las pruebas de cargo”. La carrera política de Louzán, que comenzó desde un peldaño muy bajo, presenta una trayectoria espectacular. En 1995 fue elegido concejal en su pueblo; tres años después fue nombrado secretario de Organización del PP de Pontevedra. En el año 2000 ascendió a presidente provincial del partido; en 2003 fue premiado con la presidencia de la diputación provincial. "Un político puro", como señalan fuentes parlamentarias a este periódico, que por su extensa red de contactos y favores mutuos fue en un momento importante para consolidar la candidatura de Feijoó como sucesor de Manuel Fraga Iribarne en 2005.

Louzán abandonó la política activa y pasó a dirigir la federación gallega de fútbol en 2015, cuando el PP fue desalojado de la Diputación de Pontevedra. Defiende su inocencia absoluta y ha conseguido el respaldo del ente que gobierna. En cuanto a su puesto de presidente de la Comisión Nacional de Tercera División, la situación es diferente: según fuentes internas, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha estudiado la sentencia y estaría encantado de poder dar un golpe de efecto con la destitución de un hombre que no pertenece a su camarilla fiel, días después de haber sido imputado él mismo por un presunto delito de coacción y amenazas a los clubs de la Liga Iberdrola de fútbol femenino para lograr la explotación de los derechos audiovisuales. Sin embargo, como explica otro alto cargo, Rubiales (que afronta diversos procesos judiciales) sentaría entonces un "precedente peligrosísimo" para él y algunos de sus íntimos: la obligación de abandonar un cargo por una condena recurrible (y, por tanto, no firme). La federación, por tanto, sigue "analizando" el caso.