El búmeran de la expropiación del Recreativo amenaza al Ayuntamiento de Huelva

El pasado viernes, en la iglesia de la Concepción, se celebró la tradicional misa que el Recreativo de Huelva y sus peñas dedican cada mes de diciembre, próxima al aniversario de su fundación, a los aficionados que han fallecido ese año. Esta vez no asistió a la eucaristía ningún miembro de la corporación municipal (como es costumbre), ni se mencionó al expresidente del club Francisco Mendoza, fallecido en julio, pero el corrillo que se formó a la salida en torno al presidente actual del equipo, Manuel Zambrano, mostró la angustia que rodea al club más antiguo del fútbol español.

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EC Efe

Un día antes se había publicado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huelva que decretaba la devolución de casi medio millón de euros al expresidente expropiado del club, Pablo Comas, por una deuda del Recre con Gildoy España SL, su empresa. A la salida del templo onubense se escuchó a Zambrano lamentar el fallo: “Menudo mamón, vaya palo que nos pega, justo ahora que no tenemos dinero ni para pagar a los jugadores”.

El rumor no ha trascendido aún las fronteras onubenses, pero en Huelva ocupa muchas conversaciones: la expropiación del Recreativo dictada por el ayuntamiento de la capital en 2016 (la primera de la historia del fútbol) “se ha ido al carajo”, como expresa un diputado autonómico andaluz del PSOE que no quiere revelar su identidad.

Cuatro años después, y a pesar del ambiente social que condenó al ostracismo al presidente expropiado (el polémico Pablo Comas), Gabriel Cruz (PSOE), alcalde de Huelva, comienza a sufrir la presión derivada de la posible anulación de esa medida, que según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial podría ser revertida por un juez de lo contencioso-administrativo en el primer semestre de 2021.

"Camino novedoso y apasionante"

Las consecuencias de esta hipotética anulación (cuya sentencia lleva ya medio año de retraso) serían extraordinariamente graves para el consistorio onubense y algunos de sus altos cargos. El ayuntamiento (con votos a favor de PSOE, PP, Ciudadanos y el colectivo local Mesa de la Ría; Podemos se abstuvo) aprobó aquella expropiación forzosa (y urgente) ante el supuesto grave riesgo de desaparición del club. “Es un día muy importante para los onubenses”, afirmó ese día el alcalde, “porque el ayuntamiento había apostado por conseguir el objetivo que quita el sueño a la ciudad de Huelva, que es la salvación del Recre y del Decanato (...) La expropiación de acciones para salvar un Bien de Interés Cultural como el Recreativo es un camino novedoso y apasionante desde el punto de vista técnico-jurídico”.

Izquierda Unida, el único partido que votó en contra, ha solicitado recientemente una comisión municipal de investigación sobre el club ante su progresivo endeudamiento y acusa al alcalde de “dar patadas para adelante hasta gastarse un 10 por ciento del presupuesto municipal en nuestro fútbol”. “Se ha convertido en un problema para esta seña de identidad de Huelva; (...) si Comas recupera el club después de haber pagado 14 millones de euros, el único culpable será el PSOE y Gabriel Cruz”, afirmó ya hace año y medio el concejal Jesús Amador.

A pesar de repetir que jamás gastarían un euro de los contribuyentes en el Recreativo, los casi 18 millones desembolsados ya por el consistorio para regularizar la deuda del club (aproximadamente el 50% con Hacienda y el resto con otros acreedores) serían la primera parte de una pérdida económica que rondaría los 30 millones de euros para las arcas públicas si la expropiación es anulada. (El presupuesto anual del Ayuntamiento de Huelva es de 140).

El ambiente en torno al club ha mejorado indudablemente desde la marcha de Comas, pero la expropiación, más allá de su legalidad o ilegalidad, no ha traído una mejoría apreciable para el club: cuatro temporadas después, el Recreativo sigue deambulando sin brillo por Segunda B y su deuda, que en 2016 sumaba 19 millones, supera ahora los 24.

Evolución del conflicto

El cambio de tendencia en la truculenta historia reciente del decano del fútbol español no empezó la semana pasada con la mencionada devolución del medio millón de euros a Comas. Comenzó a mostrar la cara en marzo de 2019, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) secundó un fallo anterior de la Audiencia Provincial y desestimó una querella criminal que habían presentado contra Comas cuatro aficionados del Recreativo Supporters Trust (una peña recreativista ideologizada y hoy disminuida que quiso “democratizar” el club y “salvarlo” de las garras de Comas; hoy, dos de sus líderes están empleados en las oficinas del club). Los querellantes pedían 18 años de cárcel para el expresidente y 9 millones de euros de indemnización por presunta administración desleal, apropiación indebida y falseamiento de cuentas, entre otros delitos societarios.

La Audiencia Provincial de Huelva absolvió en 2018 a Comas de casi todos sus cargos, con dos excepciones: el falseamiento de cuentas y la administración desleal. El TSJA le exoneró posteriormente de la administración desleal y señaló que su directiva no habían causado perjuicio económico al Recreativo. (De esa sentencia exculpatoria se deriva el fallo que devuelve medio millón de euros a Gildoy estos días).

De 18 años a 15 meses (o absolución)

Hoy queda una acusación por supuesta falsedad contable: los 18 años de cárcel y 9 millones de euros pueden quedarse en absolución o en una pena de 15 meses de cárcel sin indemnización (la posible falsedad no tuvo trascendencia económica para el club). Después de años de infierno familiar, judicial y mediático que incluyó amenazas de muerte, la posibilidad de una larga prisión y una manifestación callejera en contra por el centro de la ciudad, la Justicia desmontó los argumentos del ‘Recre Trust’ (apoyado por el Gobierno local socialista) en cinco de los seis delitos reclamados.

La sentencia de la semana pasada (que es recurrible) empeora las perspectivas del ayuntamiento, al ratificar que Comas y su directiva no extrajeron beneficio económico de su presidencia; al contrario, ahora se supone que es el club onubense el que les debía dinero, adelantado de sus bolsillos para evitar la ‘muerte’ de la institución. (Comas y su empresa, Gildoy España SL, adquirieron el 76% de las acciones del club en 2012, cuando el equipo se encontraba en concurso de acreedores).

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Gonzalo Cabeza

¿Nulidad de la expropiación?

De la decena de argumentos presentados por los abogados de Comas al juez de lo contencioso en su escrito final de conclusiones sobre la nulidad de la expropiación, hace diez meses, hay dos que no admiten demasiada discusión, según fuentes consultadas por este periódico: el primero, que la expropiación se produjo sin el pertinente permiso de la Junta de Andalucía (que ingresó chapuceramente en el registro un día más tarde del acto expropiatorio); y segundo, que la expropiación fue declarada “urgente”, una facultad que los ayuntamientos tienen vedada por la Ley de Expropiación Forzosa y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (la principal diferencia de la expropiación urgente es que, en lugar de pagar el justiprecio antes de expropiar, primero se expropia y después, al cabo de un tiempo, se paga).

El ayuntamiento ha intentado vender el club al menos en tres ocasiones durante el último cuatrienio, argumento que los letrados de Comas también han utilizado para señalar “la contradicción de que un ente público expropie una institución por tratarse de un Bien de Interés Cultural, para después tratar de venderlo inmediatamente”.

Esta venta, apoyada por varios partidos, sería posiblemente ilegal: el artículo 28.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 afirma que “los bienes muebles [como acciones] que forman parte del Patrimonio Histórico Español no podrán ser enajenadas por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones entre sí mismas”. (El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha declinado comentar la situación planteada en este reportaje).

Pocos pensaban hace solo un año que pudiera plantearse un escenario tan complicado para el socialismo onubense (y, en menor medida, el resto de partidos que firmaron la expropiación). De anularse finalmente, el club podría volver 'limpio' a manos de Comas (puesto que todos los hechos administrativos posteriores a un acto nulo serían nulos: es decir, los seis millones de deuda nueva serían nulos, y la deuda anterior que fue sufragada por el ayuntamiento tras la expropiación ya no correspondería enteramente al club). La cosa podría ser aún más endiablada: el expresidente podría llegar a recibir un 25% del justiprecio en concepto de indemnización (entre ocho y 10 millones de euros).

Crisis económica y deportiva

Hace solo unos días se oficializó una petición de orden de embargo al ‘Recre’ por valor de más de 700.000 euros de uno de los prestamistas del ayuntamiento. En el ámbito deportivo la situación no es muy halagüeña: la directiva busca un técnico externo a la casa para reemplazar a Claudio Barragán. La ausencia siquiera de compradores para un equipo con mucha infraestructura, endeudado y condenado a las eternas apreturas de Segunda B, plantea interrogantes no exagerados sobre su propia supervivencia. Después de un cuarto de siglo de deudas y crisis encadenadas, solo una cosa parece clara en el Recreativo de Huelva: la política está terminando de hundir al decano del fútbol español, 131 años después de su fundación por emigrantes ingleses, sin duda la institución más importante (y políticamente rentable) de la provincia.

Fuentes de la directiva del club ven con espanto que el club vuelva a ser controlado por Pablo Comas (a quien acusan de ingeniería contable). Defienden que la vida del club se ha normalizado estos años, a pesar de la práctica imposibilidad de reducir la deuda sin un ascenso a Segunda. Coinciden, sin embargo, en una apreciación: “Probablemente la expropiación no debería haberse producido”.