El Gobierno quiere confiscar los derechos audiovisuales a las federaciones

El pasado 30 de julio se celebró una reunión telemática centrada en la nueva fundación España Deporte Global y la comercialización de los derechos audiovisuales del deporte español. Fue una reunión extraña: no participó la secretaria de Estado del Deporte, Irene Lozano, por problemas de agenda, y a los cinco minutos se marchó (por los mismos motivos) su segundo, el director general de Deportes, Joaquín de Arístegui. La reunión quedó a cargo de la subdirectora general de Deporte Profesional y Control Financiero, Lucía Muñoz-Repiso. A los pocos minutos, el siempre locuaz presidente de la Liga, Javier Tebas, preguntó a los demás asistentes si aquello realmente tenía utilidad: "¿Hay alguien aquí que pueda decidir algo?"

Inicialmente, los representantes del CSD explicaron que querían ofrecer ayuda a las federaciones incapaces de gestionar sus derechos televisivos de forma autónoma y exitosa (teóricamente, a voluntad de éstas). La reunión tenía como propósito principal "recoger ideas" sobre un ecosistema en proceso de cambio: el Gobierno quiere amortiguar el poder de la Liga, que a través de sus plataformas LigaSports y LaLigaSportsTV gestiona los derechos de 50 de las 65 federaciones españolas a cambio de unos 4 millones de euros y apoyo técnico. (Además, aporta 15 millones al CSD y, a consecuencia del Pacto de Viana firmado este año, otros 25 millones para gestión de derechos).

Un mes después de aquella reunión, el pasado martes, tuvo lugar una segunda reunión. Tampoco asistió en esta ocasión Irene Lozano, pero sí Joaquín de Arístegui. El encuentro fue bastante más clarificador que el anterior: el director general de Deportes manifestó abiertamente la intención del Gobierno de quedarse con la gestión de los derechos audiovisuales de todas las federaciones.

Resistencia federativa

La intención de controlar la línea audiovisual del deporte español encontró resistencia inmediata en varios presidentes de federaciones relevantes. "¿Para qué tocáis lo que funciona bien?", preguntó uno. Pero el líder de la corriente crítica fue el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, que además de recordar al CSD que algunos de esos derechos están ya vendidos para los próximos años calificó la pretensión del Gobierno de insostenible: las Federaciones son entidades de derecho privado (que reciben subvenciones del CSD, pero son autónomas), y su pretensión podría ser contestada en los tribunales por alguna de las federaciones. En palabras de fuentes jurídicas relevantes, "no está nada claro que el Gobierno pueda obligar a una entidad privada a ceder la gestión de sus derechos audiovisuales al Estado".

Las subvenciones del Consejo Superior de Deportes constituyen la principal partida del presupuesto de muchas federaciones; en otras, como la de fútbol o baloncesto, es inexistente o testimonial. Las federaciones con menos capacidad de encontrar espacio televisivo se agruparon hace unos en torno a la plataforma creada por la Liga, que gestiona 2.000 millones de euros en derechos y puede llegar a acuerdos más beneficiosos para los pequeños actores. Algunas de las críticas vertidas en privado por las Federaciones ante este movimiento gubernamental son durísimas; sin embargo, la Asociación del Deporte Español (ADESP), ente que representa a la inmensa mayoría de federaciones en su interlocución con el Estado, no confirma este extremo y afirma a El Confidencial que no les "consta" que les vayan a "retirar la comercialización de los derechos audiovisuales; lo que quiere la Fundación es ayudar a las federaciones con la gestión".

"No hay plan"

El plan gubernamental no está detallado aún: se manejan "distintas alternativas". De hecho, el propio CSD ha invocado una extensión de tres meses a la Liga hasta que se ponga en marcha la organización paralela: una petición que la Liga quiere que sea de al menos un año, explican desde la organización, "porque no es fácil compartimentar esta actividad y no podemos dar los servicios gratis".

Mientras tanto, el desconcierto crece en las federaciones ante las competiciones que empiezan este mes de septiembre... "¿Qué hacemos", dice el presidente de una de ellas en privado. "Tenemos patrocinadores a los que no sabemos qué decir ahora mismo... Esto puede ser un auténtico desastre, en este momento de incertidumbre no se puede tocar lo que funciona por puro politiqueo. Y menos hacerlo con tanta rapidez".

¿A qué se refiere este dirigente por "politiqueo"? Otras fuentes muy cercanas al asunto explica que la intención "mayoritaria, por supuesto, es quitar poder a la Liga. Lo dijo Pedro Sánchez en una entrevista un mes antes de las elecciones: había que equilibrar el reparto de poder entre la Liga y la Federación. Pero yo diría que eso explica el 70%. El otro 30% es ideológico: intervencionismo del Estado en toda esfera de actividad [...] Puede entenderse el objetivo de reducir el poder de la Liga como palanca política. Pero la contención de la influencia de un órgano privado se puede corregir de otras formas, por ejemplo regulatorias, sin que signifique encargarse directamente de asuntos que gestiona mucho mejor una entidad especializada".

Los apoyos del CSD

Aunque las federaciones más críticas aseguran a El Confidencial que el proceso puede acarrear un problema jurídico derivado de su "escasa legalidad", el impulso del CSD parece difícil de detener. (Los derechos del fútbol no profesional y la Copa del Rey son ahora mismo una incógnita, al estar ya cedidos). Lozano cuenta precisamente con el apoyo de la Federación Española de Fútbol y su presidente en funciones, Luis Rubiales, a quien apoya el Gobierno en la eterna guerra contra la Liga. También lo ve con buenos ojos el Comité Olímpico Español. Un nuevo foco del conflicto en un sector, el deporte, cuyas quejas ante la falta de soluciones en la era del coronavirus empiezan ya a hacer ruido.

* Este periódico intentó ayer sin éxito comunicarse con el departamento de Comunicación del Consejo Superior de Deportes.