El CSD prevé suspender al presidente del taekwondo en la primera semana de octubre

El Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene previsto convocar a su comisión directiva en la primera semana de octubre para, entre otras decisiones, suspender de manera cautelar a Jesús Castellanos, presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) al que investiga el Juzgado número 7 de Alicante por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude a las subvenciones, apropiación indebida y falsedad documental.

Como ya sucedió con Ángel María Villar, todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el paso previo a una posible suspensión es la apertura de expediente disciplinario por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), condición que con Castellanos ya se cumple, según confimó el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, el 4 de septiembre en una entrevista en 'El Transistor' de Onda Cero.

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Darío Ojeda

En ese mismo programa, Lete explicó que si no habían llevado aún el caso a la comisión directiva era porque el CSD estaba a la espera de una nota de la Abogacía del Estado sobre las diligencias abiertas al presidente y a otros dirigentes de la federación en el juzgado de Alicante. "Hasta este momento no tenemos suficientes datos como para seguir caminando en este proceso", afirmó Lete. El CSD no soliticó personarse en la causa que se instruye en el juzgado alicantino hasta diez meses después de las primeras actuaciones.

Ahora la situación es diferente, y está previsto que Lete convoque a la comisión directiva para la próxima semana, según han confirmado a El Confidencial fuentes del CSD. La idea era que se celebrara esta semana, pero las negociaciones entre la ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB), en las que el CSD ejerce de mediador, han provocado el aplazamiento. En esa reunión también está pervista la suspensión de Jacinto Alonso Marañón, Antonio García Gaona, Diego Martínez Gómez, Vicente Muñoz Castelló y José Miguel Monje Carrillo, miembros de la junta directiva de la RFEF investigados en la Operación Soule.

La comisión directiva es, junto la presidencia, uno de los dos órganos rectores del CSD. Entre sus competencias está la de "suspender, motivadamente y de forma cautelar y provisional, al Presidente y demás miembros de los órganos de Gobierno y control de las Federaciones deportivas españolas y Ligas profesionales" según establece el artículo 43 de la Ley del Deporte.

El artículo 76 de la misma ley recoge los supuestos de infracciones graves de presidentes y demás miembros de los órganos de las federaciones que recoge el texto, entre los están "la incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales, y demás ayudas del Estado, de sus Organismos autónomos o de otro modo concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado".

Castellanos forma parte de la comisión directiva

Ese supuesto es el que puede acabar con la suspensión cautelar de Castellanos. En abril, el CSD remitió al TAD una denuncia presentada en diciembre de 2016 por presuntas irregularidades. La resolución, firmada por José Ramón Lete, decía lo siguiente:

"Si bien con la documentación remitida por el denunciante y las alegaciones formuladas por la RFET no se puede considerar que existan indicios de la comisión de infracciones disciplinarias (...) se considera oportuno remitir la denuncia al TAD para que, en su caso, incoe y tramite expediente disciplinario por la posible utilización incorrecta de fondos privados o de subvenciones, creditos, avales, y demás ayudas del Estado, de sus Organismos autonómos o de otro modo concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, hechos que podrían ser constitutivos de infracciones tipificadas en el art. 76.2.d) de la Ley del Deporte".

Fuentes del CSD no han confirmado a este periódico si Castellanos estará presente en la comisión directiva, órgano del que es vocal. Fue nombrado en 2015 por Miguel Cardenal a propuesta de las federaciones deportivas. En la última reunión, a finales de julio, votó a favor de la suspensión de Ángel María Villar.