Lasalle aplaza la nueva Ley de Propiedad Intelectual para evitar la bronca de los Goya

El acontecimiento más importante y delicado al que se enfrenta la Secretaría de Estado de Cultura en dos años de legislatura se vuelve a retrasar una semana más. Todo estaba listo para que la Ley de Propiedad Intelectual se hubiese presentado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pero los desacuerdos entre los ministerios implicados frenaron la puesta en público de una de las reformas más importantes en la trayectoria del actual Gobierno.

Hasta ayer por la noche, todo estaba preparado para que el anteproyecto de la reforma iniciara su carrera política, a pesar de las duras críticas lanzadas por el Consejo de Estado. La última reunión intersectorial entre los ministerios interesados había sido durísima para aclarar los términos de la reforma, pero se liquidó con un apretón de manos y la seguridad de que este viernes entraba en capilla. Sin embargo, varios acontecimientos han hecho rectificar sobre la bocina al equipo de José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura, que comunicó a representantes de la SGAE el aplazamiento.

Wert se borró en el último momento de los Goya y habría dejado a Lassalle una gala caliente si este no hubiese retirado del Consejo de Ministros de este viernes la reforma de la LPI

El primero: Lassalle no cuenta con el apoyo de su sector, el de la cultura, con la ley que ha diseñado. Tal y como ha podido saber este periódico, todas las entidades de gestión de derechos menos la SGAE habían preparado un durísimo comunicado en contra de la reforma y de la negociación de la misma. Denuncian la evidencia de monopolio que se ha planificado a favor de la SGAE, además de no haber resuelto el problema de la compensación por copia privada.

Caramelo envenenado

El segundo: José Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, se borra de la entrega de los Premios Goya por “problemas de agenda”, en la misma noche del jueves. De esta manera, deja solo ante el peligro a Lassalle. El ministro no ha tomado cartas en el asunto de la reforma ni se ha implicado. El timón lo ha llevado su secretario de Estado de Cultura, que con la maniobra del nuevo aplazamiento evita la marabunta de quejas y reclamaciones del sector más duro de las industrias culturales, que es precisamente el representado por las asociaciones que tenían previsto levantarse en armas contra la reforma, de haberse hecho pública este viernes. ¿Era un regalo envenenado de Wert a Lassalle? Si así fuese, este ha sabido evitarlo.

La dimensión económica de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es tan grande que hay varios ministerios defendiendo su parcela de poder: Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Industria, Energía y Turismo, Justicia y, claro está, Educación, Cultura y Deporte. Estas carteras, a su vez, representan el beneficio de sus influyentes sectores, como el de las industrias de las telecomunicaciones y de las tecnológicas, mucho más fuertes y poderosas en las negociaciones que el cultural.

Todas las entidades de gestión de derechos intelectuales, menos la SGAE, denuncian una reforma que deja las puertas abiertas a un monopolio a favor de la SGAE

Para que se hagan una idea de lo que se juega en esta ley: en la reciente Convención Nacional del Partido Popular, celebrada en Valladolid, sólo había una marca con stand y publicidad: Google. Este dato confirma la categoría de lo que está en juego. ¿Recuerdan la imagen del presidente del Gobierno dejándose fotografiar mientras se coloca unas Google Glass?

Una gala tranquila

Con este quiebro, el equipo de Cultura entra en el auditorio del Centro de Convenciones y Congresos Príncipe Felipe con un patio de butacas relajado, gracias a las últimas promesas de Montoro y Lassalle sobre el futuro de un IVA cultural al 10% en vez del 21%. La gala podría haber sido bien distinta con el notable desacuerdo planteado por organizaciones como la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) o la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI).

Fuentes de estas entidades de gestión colectiva de derechos consultadas por El Confidencial se quejan de haber sido expulsadas de la negociación de la reforma. Aseguran que Cultura se ha sentado a acordar el desarrollo de la parte relativa a la regulación de las sociedades de gestión de derechos únicamente con la SGAE, y su representante legal Pablo Hernández. Este fue fulminado, precisamente, el pasado miércoles por la tarde para defender la honorabilidad de la empresa, tras la última reunión interministerial de la reforma y debido a las informaciones reveladas por El Confidencial. Antes de echarlo a la calle, la entidad premió a su 'número dos' con 500.000 euros.

Una ley con monopolio

¿Por qué se quejan las entidades de gestión salvo la SGAE? Por el polémico punto cuatro de la disposición adicional primera del borrador del anteproyecto al que ha tenido acceso este periódico. Denuncian que refuerza el monopolio de la sociedad más grande en caso de no llegar a acuerdo en cinco meses entre todas para determinar la “ventanilla única”.

Si en cinco meses todas las entidades de gestión de derechos no llegaran a un acuerdo sobre la representación única o colectiva, se ejecutaría a favor de la empresa más grande de todas

“Las entidades de gestión dispondrán del plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la Ley para acordar los términos de su forma de actuación conjunta o representación única”. Es decir, deben acordar antes de cinco meses si están a favor del monopolio o compartir los beneficios de un mercado libre.

Y el texto continúa: “A falta de acuerdo entre las entidades de gestión y dentro del término improrrogable de dos meses desde la finalización del plazo anterior, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá atribuir la representación única a aquella entidad de gestión que sea titular de la red territorial de administración de derechos más amplia y cuente con el mayor número de usuarios licenciados”.

Efectivamente, queda claro que si la SGAE no llega a un acuerdo con el resto se quedará con todo el pastel, porque cuenta con la mayor parte del negocio (más de 103.000 socios). Por lo tanto, y por el bien de su empresa, ¿para qué va a necesitar un pacto si le conviene no hacerlo?