'Justicia artificial': ¿y si para despolitizar a los jueces nos juzgase un algoritmo?
Verónica Echegui interpreta a una jueza envuelta en una conspiración por controlar el Poder Judicial
"Ha llegado el momento de despolitizar la Justicia". "Moncloa pactará la despolitización de la Justicia con el PP solo si accede a renovar el CGPJ". "Ayuso llevará en febrero a la Asamblea su plan para "despolitizar" el TSJ de Madrid". Día si y día también, nos desayunamos con titulares que cuestionan la independencia de la judicatura. "La Fiscalía compra la tesis de Pedro Sánchez e insinúa que el juez Peinado busca dañarle", ayer mismo en este periódico. En el año 2022, el director y guionista gallego Santiago Casal indagó en su mediometraje documental Artificial Intelligence sobre la posibilidad -o imposibilidad- de "eliminar la influencia del poder político y económico del sistema judicial" y "reducir los sesgos ideológicos y emocionales" del los jueces al aplicar inteligencia artificial en el sistema judicial. En Estados Unidos ya se han hecho pruebas piloto con algoritmos que calculan la probabilidad de reincidencia de los condenados y que se ha demostrado que no son infalibles y que pueden acabar discriminando a algunos colectivos. Dos años después, Casal recicla su idea y la lleva a la ficción en un relato de ciencia ficción política que acaba desbarrancando en un thriller delirante resuelto, lamentablemente, a trancas y barrancas.
Corrupción, prevaricación, interpretaciones personalísimas de las leyes, es el factor humano el que muchas veces pone en entredicho la justicia de la Justicia, valga la redundancia. Así que, ¿por qué no eliminar el fallo humano del proceso judicial? Ambientada en un futuro inmediato en que la Presidencia del Gobierno la ostenta una mujer y en el que la tecnología omnipresente ha normalizado el uso de los coches con piloto automático o que un ordenador pueda denegar la fecundación invitro a mujeres por su posibilidad de fracaso, entre otras innovaciones, la jueza Carmen Costa (Verónica Echegui) sigue confiando en la senibilidad humana y la interpretación del contexto en cada uno de los casos que sentencia. Sin embargo, el Ejecutivo acaba de anunciar un referéndum para la sustitución del criterio de los jueces por el algoritmo de una inteligencia artificial. Lo que hasta entonces era un complemento de apoyo para los magistrados, ahora se convierte en ley.
Una empresa gallega ha sido la encargada de desarrollar el software Thente 1, pero su creadora, Alicia Kovacs (Alba Galocha), decide en el último momento echarse atrás y parar la presentación de su producto: no cree que todavía esté preparado que lo implementen. La cámara de Casal se mueve por espacios desangelados y burocráticos, muy poco agradecidos para la fotografía, siguiendo el día a día de la jueza, hasta que una muerte relacionada con la empresa empuja a la jueza Costa a iniciar su propia investigación, mientras a su vez pone a prueba un algoritmo en el que tampoco confía, porque, ¿cómo se puede dejar uno de los pilares de la democracia en manos de una única empresa que, además, esconde intereses espurios, aparte del evidente objetivo económico?
Al poco sugerente título de Justicia artificial se le añade el tradicional fracaso de la ciencia ficción en el cine español, un género poco explotado pero que, cuando se ha intentado, lo ha hecho sin el favor del público ni de la crítica. Pensemos en Proyecto Lázaro (2017), de Mateo Gil, que propone un futuro próximo en el que, gracias a la criogenización, un enfermo terminal consigue esquivar a la muerte. O más reciente, La paradoja de Antares (2023), de Luis Tinoco, en la que una científica que trabaja con un radiotelescopio recibe una señal que puede desvelar un misterio del Universo.
Más allá de la reflexión sobre delegar ciertos aspectos de nuestra sociedad en los oscuros mecanismos del algoritmo -desde la información que consumimos vía redes sociales hasta los alimentos que nos ofrecen las aplicaciones de comida a domicilio- y el debate sobre la falibilidad humana del sistema judicial, la película no se plantea demasiados retos formales ni se sobrepone a la falta de factura de algunos momentos -especialmente los insertos televisivos- ni al anquilosamiento de algunas interpretaciones, que suenan más parecidas a anuncios radiofónicos que a cine. La película adolece también de un tono didáctico que hace que las explicaciones farragosas, las disquisiciones morales y filosóficas provoquen que el ritmo encalle. Muchas conversaciones de despacho, muchas llamadas telefónicas en pasillos y una Verónica Echegui que se echa sobre los hombros gran parte del peso de una película que, a mitad del metraje, se rompe y se entrega a una conspiración paranoica.
Y cuanto más se adentra en el thriller más abstrusa, confusa e inverosímil se vuelve una trama que, además, no sorprende en su resolución. Los personajes desaparecen y Casal resuelve a base de diálogo, para terminar en un momento televisivo tosco y difícil de defender. La película además cae en algunos estereotipos manidos que restan originalidad a una premisa que sí lo es. Junto a Echegui, Alberto Ammann y Tamar Novas completan un reparto con mezcla de acentos portugués, gallego y castellano mesetario.
Precisamente es vida, pulso, corazón lo que le falta a una película que tiene su mejor baza en el personaje de Echegui, a la que sí conocemos, con sus neuras y sus fallas, mientras nada en mar abierto, mientras intenta ser madre por fecundación in vitro. Pero la trama previsible y los supuestos giros de guion acaban asfixiando un filme ortopédico que se acerca al lenguaje catódico y se aleja del naturalismo del cine de autor actual.
"Ha llegado el momento de despolitizar la Justicia". "Moncloa pactará la despolitización de la Justicia con el PP solo si accede a renovar el CGPJ". "Ayuso llevará en febrero a la Asamblea su plan para "despolitizar" el TSJ de Madrid". Día si y día también, nos desayunamos con titulares que cuestionan la independencia de la judicatura. "La Fiscalía compra la tesis de Pedro Sánchez e insinúa que el juez Peinado busca dañarle", ayer mismo en este periódico. En el año 2022, el director y guionista gallego Santiago Casal indagó en su mediometraje documental Artificial Intelligence sobre la posibilidad -o imposibilidad- de "eliminar la influencia del poder político y económico del sistema judicial" y "reducir los sesgos ideológicos y emocionales" del los jueces al aplicar inteligencia artificial en el sistema judicial. En Estados Unidos ya se han hecho pruebas piloto con algoritmos que calculan la probabilidad de reincidencia de los condenados y que se ha demostrado que no son infalibles y que pueden acabar discriminando a algunos colectivos. Dos años después, Casal recicla su idea y la lleva a la ficción en un relato de ciencia ficción política que acaba desbarrancando en un thriller delirante resuelto, lamentablemente, a trancas y barrancas.
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