“No esperamos nada de Lassalle y mucho de la reforma del Código Penal”

El 87,94% de todos los contenidos digitales consumidos en España, en 2014, fueron piratas. Este es el resumen del informe anual de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que se distingue por ser el más apocalíptico a partir de un muestreo de 4.000 entrevistas (de 11 a 74 años). Cada temporada llega el mismo titular: los españoles, más piratas que legales. También, “la piratería digital bate récords en España”.

De estos informes llama la atención la exactitud con la que divulgan cifras estimadas: “Hubo 4.316 millones de accesos ilegales a contenidos por valor de 23.265 millones de euros, produciendo un lucro cesante de 1.700 millones de euros”. Sin piratería, la industria de los contenidos en España generaría 29.360 empleos directos. Las arcas públicas dejan de recibir 627,8 millones de euros… Curiosamante, el acceso a contenidos "ilegales" en música ha bajado, de un 27% a 21%; en películas, de 43% a 36%; en libros, de 15% a 11%; y en videojuegos crece del 9% al 10%.

La novedad de la memoria de 2014 que ofrece el lobbie es la declaración de guerra a las operadoras, los buscadores, los anunciantes en páginas ilegales y Gobierno. Lo que podríamos llamar “la industria de la piratería”. Los usuarios no son tan criminalizados como éstos, aunque todas las cuestiones dan por hecho que el hábito de consumo de contenidos digitales es pirata. Es más, apenas se incide en la falta de oferta legal de contenidos, tercera razón por la que “piratean” los encuestados (casi un 50%). Además, el 80% sabe que las prácticas ilícitas tiene consecuencias legales.

'A Lassalle le quedan unos meses para demostrar que quiere luchar contra la piratería… al menos'

En las preguntas de la encuesta queda clara la intención, cuál es el mensaje y a quién va dirigido: el 65% de los encuestados cree que el cierre del acceso a la página de contenidos es muy efectivo (el mismo porcentaje de los que piensan que las campañas de concienciación social también lo son). Carlota Navarrete, directora de la Coalición, lanzó recado al Gobierno: “Hay que aplicar con rigor la legislación recién modificada”. Dijo del Ejecutivo de Mariano Rajoy que ha tratado “injustamente” a las industrias culturales, porque no ha mostrado la voluntad política necesaria para defender sus derechos.

Navarrete definió la retirada de los contenidos no autorizados como un procedimiento inocuo y recordó la figura del actual Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, en la oposición: “Lassalle era defensor entonces de que no se hacía lo suficiente en la lucha contra la piratería. Todavía le quedan unos meses para demostrarlo… al menos”.

Pide el mismo rigor que se ha tenido en el cierre de páginas de juego on-line piratas. “No les interesa. No se toman esto como una prioridad, porque respetar a los creadores choca frontalmente con los intereses de los nuevos negocios de internet”, añade. Por eso asegura: “No esperamos nada de la Secretaría de Estado de Cultura, y mucho de la reforma del Código Penal”. Aclara que han mantenido hasta tres reuniones con el organismo que representaba sus intereses en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, pero vistos los resultados reconoce que cada vez tienen menos entusiasmo “porque no vemos complicidad”.

De ahí el empeño de La Coalición en vincular el ancho de banda con la piratería y asegura que el 77,9% de los encuestados ha contratado más capacidad para “acceder a contenidos” con más “velocidad de descarga”. La encuesta plantea la siguiente cuestión: “¿Mantendrían su ancho de banda si no pudiera descargar contenidos?”. No se especifica si legales o ilegales, pero el 66,2% responde afirmativamente porque es importante para navegar por internet. Navarrete pide sanciones a las operadoras y bloqueo a las páginas de contenido ilegal. “Los creadores de contenido somos la clave para los proveedores porque producimos lo que ellos facilitan. Si no accedieran a este contenido bajarían su ancho de banda”, aunque esta afirmación contradiga a los propios resultados de la encuesta que ha pagado.