¿Dónde vamos a vivir si no hay casas para todos? La gran batalla ideológica que viene

El drama social que está generando el encarecimiento de la vivienda ha provocado una competencia ideológica entre modelos opuestos de abordar su gestión. Por un lado, el Gobierno central y las comunidades de Cataluña, Navarra y el País Vasco apuestan por un enfoque intervencionista mediante la protección de los inquilino y el control de precios. Por otro, comunidades del PP con Madrid a la cabeza promueven la colaboración público-privada, la seguridad jurídica y los incentivos a inversores para construir vivienda asequible con márgenes de beneficio contenidos.

En lo que coinciden ambos modelos es en la necesidad de ampliar el parque público y aumentar la oferta de vivienda asequible. De hecho, Madrid lidera la construcción de vivienda pública desde 2018, superando en... millones el esfuerzo económico de Cataluña. También se han extendido los avales públicos para jóvenes, incluso por parte del Gobierno, que ha copiado las medidas madrileñas que previamente criticaba.

Madrid lidera la construcción de vivienda pública desde 2018, superando en... millones el esfuerzo económico de Cataluña

Pero, independientemente del modelo producir viviendas es lento y caro. Quizá por eso, y porque tanto desde Sumar como desde el PSOE entienden que su base sociológica es la más necesitada de vivienda asequible, han convertido la vivienda en una batalla cultural. Tienen miedo de que empiecen a votar a opciones “lepenistas”, lo que pasará cuando entiendan que esto va de “ordenar la fila de la escasez”, como explica Jorge Galindo en Letras Libres.

El verdadero problema

Independientemente de las soluciones de ambos bandos, todos saben que los topes del alquiler o los avales son tiritas. El problema real es que hay un enorme cuello de botella entre la construcción de nuevas viviendas y el número de hogares que se necesitan. Viviendo como vivimos, y donde queremos vivir, no hay casas para todos. Y lo peor es que no hay ni tiempo ni dinero público suficiente como para solucionar el problema a corto y medio plazo. Ni las 11.000 viviendas que ya construye la Comunidad de Madrid, ni las 20.000 que ha anunciado Illa (y que nadie verá hasta casi 2030), ni las 184.000 viviendas que prometió en su día Pedro Sánchez para esta legislatura (unas 350 entregadas y menos de la mitad proyectándose o empezando a hacerlo).

La batalla cultural señalando exotismos como Viena, puede que funcione un tiempo. Pero Viena, sólo la ciudad de Viena, tardó un siglo en contar con casi medio millón de viviendas asequibles. Y además sigue construyendo barrios y distritos sin que las trabas urbanísticas excesivas, los informes medioambientales o las asociaciones que fomentan el decrecimiento paralicen su desarrollo.

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No hay tiempo y tampoco dinero sin comprometer otras partidas presupuestarias o sin cambiar la importancia jerárquica de las mismas. Y por eso, por mucho que, en su batalla cultural el Gobierno ponga carteles diciendo que la vivienda es “El Quinto pilar del Estado del Bienestar”, gráficas como las del ingeniero Jon González nos muestran que hoy la vivienda representa una partida ínfima en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2023.

Crear un parque público de entre 300 mil y medio millón de viviendas antes de 2030, que es lo que necesitamos, se antoja un sueño inalcanzable a no ser que entre en juego la fórmula mágica para la vivienda asequible en España desde hace casi un siglo: la de la vivienda protegida en propiedad.

La inmensa mayor parte de las VPO (hoy tienen otras denominaciones) son viviendas en régimen de propiedad. De estas, solo unas pocas -en la Comunidad de Madrid escasamente un tercio- han sido construidas por las administraciones. La mayor parte de ellas fueron promociones privadas realizadas por promotores inmobiliarios o gestoras de cooperativas, sujetas a algún tipo de protección y por tanto de avales y ayudas públicas. Durante unos años esas viviendas están supeditadas a sus módulos de precios topeados y, salvo en Euskadi y Navarra, donde los mantienen para siempre, al cabo de 15, 20 o 30 años las viviendas se “desprotegen” y se convierten en viviendas de mercado. Con ello, sus dueños pasaban a tener un bien que podría revalorizarse con los años, gracias a las plusvalías que se generaban en los barrios. Es decir, un ascensor social concertado e individualizado. La sociedad de propietarios, que tanto PSOE como PP defendieron durante décadas.

La gran batalla ideológica que viene

Todos están de acuerdo hasta aquí: hay que construir vivienda asequible y la manera de lograrlo es a través de las VPO. Si el sector público no puede hacer medio millón de viviendas públicas, tendrá que hacérsela el sector privado.

El problema está en cuánto debe durar su “asequibilidad” y por tanto la protección de las nuevas viviendas que se construyan. Siguiendo el modelo vasco, hoy la izquierda pretende que sean parte del parque público, aunque por la puerta de atrás. Que nunca se desprotejan. En cambio la derecha quiere que sigan funcionando como el trampolín socioeconómico que repartió la propiedad en España desde los años 60.

La izquierda tiene motivos para confiar en su modelo, a fin de cuentas, el País Vasco ha conseguido, desde 2003, crear un parque permanente de vivienda protegida asequible de en torno a 50.000 viviendas.

Crear un parque público de entre 300 mil y medio millón de viviendas antes de 2030 se antoja un sueño inalcanzable

La idea fundamental es que este método desahoga el sistema. Es la cuadratura del círculo. La administración ayuda a acceder a la propiedad a precios por debajo de mercado pero impide que al cabo de unas décadas, esas viviendas asequibles y construidas con ayudas públicas, desaparezcan y aumente automáticamente su valor al entrar en el mercado. A priori, parece razonable. O al menos práctico.

El PSOE ha abandonado su modelo, y se ha apuntado a esta opción, porque es muy rentable políticamente y porque les da la iniciativa y obliga a la derecha a reaccionar y a posicionarse en contra de que “ el esfuerzo de todos se convierta en el beneficio de uno” Pero es una trampa muy peligrosa y muy injusta para los ciudadanos.

Un impuesto a la pobreza

Intervenir la propiedad de la población más humilde sin que pase lo mismo con la población más adinerada plantea problemas de orden ético que deberían ser discutidos de forma seria. Máxime en ciudades y barrios con poca presencia de trabajadores industriales y sindicalizados, con una estructura social mucho más frágil y dedicada al sector servicios. Pero donde la propiedad es un amortiguador social del empeoramiento de las condiciones de vida. Pero no tiene por qué ser el último flotador.

Por una parte, quienes compran una vivienda protegida acceden con ventaja a la propiedad, sí. Pero también tiene sentido que, una vez devuelto el importe de la ayuda inicial a través del crédito de la casa (dos o tres décadas más tarde), puedan disfrutar de una vivienda liberada, como hacen sus vecinos, que sí tuvieron el dinero para comprar a precio de mercado. De lo contrario nunca podrán disfrutar las plusvalías que también han colaborado a crear durante esas décadas: un barrio vivo y atractivo, consolidando el comercio local, etc…Señalar como especuladores a quienes compran para vivir y, si acaso, crear un ahorro a largo plazo es injusto, pero es lo que el PSOE dice que son muchos de sus votantes… o ex votantes.

Pasadas las décadas de protección, y una vez pagado el crédito de la vivienda, la calificación permanente actúa como un impuesto eterno por no haber sido ricos. Ellos, sus hijos y sus nietos. El día que vendan el piso, a lo sumo podrán conseguir lo suficiente para pagar la entrada de otro piso, pero no para todo aquello que suele querer hacer la clase media sin necesidad de recurrir siempre a una asistencia pública cuyas cargas aumentan, mientras la calidad disminuye a ojos de todos: un colchón de libertad de cara a la jubilación y ayudar los hijos, la residencia de mayores, la operación sobrevenida sin listas de espera…

Intervenir la propiedad de la población más humilde sin que pase lo mismo con la población más adinerada plantea problemas éticos

Quienes vivan en esas casas quedarán marcados de por vida. Una suerte de servilismo de la gleba moderno que se fundamenta en lógicas parecidas a aquellas por las que se estableció el feudalismo antiguo. La protección y el tutelaje eterno frente a la “irresponsabilidad” y el libre albedrío de las personas.

De esta forma, solo los propietarios de vivienda libre podrán participar del principio constitucional recogido en el artículo 47, que dice explícitamente que “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”

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Los edificios quedarán contabilizados de por vida en el parque de vivienda asequible por una ayuda más que amortizada décadas antes, pero al haber sido promociones privadas, la administración pública no se hará corresponsable de las cargas de mantenimiento, como sí debe hacer en el caso de las viviendas sociales de titularidad pública.

Y no olvidemos que la intención del gobierno, rechazada por el Tribunal Constitucional era que toda vivienda con alguna ayuda de la administración pasase a ser vivienda pública.

En un país que crece, cada vez son más capas de la sociedad las que decrecen. Y por eso la propiedad privada y la expectativa de la herencia se vuelven un salvavidas al que aferrarse las familias cuyos convenios colectivos y salarios no les protegen de la misma forma que allí donde la industria sigue sosteniendo el sistema económico.

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Con este modelo se forjarán tres castas. En primer lugar aquellos que solo podrán aspirar a un piso de alquiler social, cuyo mantenimiento será a cargo de las mismas administraciones que son incapaces de gestionar riadas, apagones o incidencias ferroviarias. En segundo lugar estarán quienes tengan su VPO en propiedad, pero intervenida de por vida; pensada para que nunca pueda convertirse en un sistema de ahorro. Incluso después de haberla pagado con creces. Ambas castas serán de personas arrojadas a depender de un Estado cuya calidad en los servicios se está desmoronando a ojos de todos, incluso cuando tenemos el mayor gasto social de nuestra historia.

Por último, una casta premium (la que tenga una vivienda libre en las grandes ciudades), que disfrutará de los efectos de las herencias y las rentas del capital como sustituto a los ingresos menguantes de sus sueldos.

Y así, amplias capas de la sociedad se convertirán en dependientes de un sistema público deficitario; donde, incluso tras los siete años del “gobierno más progresista de nuestra historia” los trabajadores pagan más impuestos por sus rentas del trabajo que los que paga la clase premium por las rentas del capital.

Pocas cosas se han planteado desde ninguna ideología política que dañen más el espíritu del reparto de la riqueza y la justicia social que esta medida de protección permanente. Y todo en aras de aumentar falsamente la estadística de vivienda social.

El problema de la vivienda se soluciona construyendo

Como decíamos al principio, tanto a derecha como a izquierda se entiende que no se puede renunciar a un parque público de viviendas asequibles. La cuestión es si hacerlo de frente, con dinero de la Administración, o por la puerta de atrás, con dinero privado.

Tanto el gobierno como los partidos que lo apoyan hablan de que es necesario “hacer efectivo el derecho a la vivienda que se recoge en la Constitución y convertirlo en el “Quinto pilar del Estado de Bienestar”. Efectivamente, la vivienda es un derecho. Y hacerlo efectivo sin vulnerar el derecho a la propiedad privada (vinculada, eso sí, al interés general) implica construir, construir mucho. Como lleva haciéndose en Viena ininterrumpidamente desde hace un siglo. De hecho, la Constitución también obliga al gobierno a aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son, precisamente, la palanca para materializar ese derecho.

Mientras tanto, se anuncia por segunda vez desde 2023 medidas como poner a disposición del Gobierno las 40.000 viviendas y los suelos que Sareb no ha conseguido vender, porque buena parte de estos “activos” llevan más de una década deteriorándose y están donde nadie quiere vivir. Nuevamente parches que no resuelven, ni de lejos el problema de fondo.

La vivienda es un derecho. Y hacerlo efectivo sin vulnerar el derecho a la propiedad privada implica construir mucho

España está construyendo menos viviendas que nunca desde que existen registros contemporáneos. Hemos pasado de edificar más de 600.000 viviendas al año a menos de 90.000. Hoy falta mano de obra e infraestructura. Falta ecosistema productivo, faltan grúas, faltan hormigoneras... Cualquier país se encontraría con un cuello de botella similar al nuestro independientemente del modelo elegido. La bicicleta se ha parado y consecuentemente se ha caído. La solución es ponerla en marcha. Construir vivienda, mucha vivienda asequible pública y privada. Y para ello hay que agilizar los procesos de obtención de licencias y eliminar las trabas urbanísticas que impiden la construcción de nuevos edificios y barrios. Y ahí es la izquierda la que está fraguando en su seno una batalla ideológica entre los “decrecentistas” y el ecologismo radical por un lado y los “crecentistas” o “abundancistas” por otro para determinar dónde está el interés general.

Por el momento quedémonos con la idea de que desahogar el sistema calificando la vivienda protegida de por vida, tendrá consecuencias enormes y de gran calado.