Denuncia de la OCU a Ticketmaster por las entradas de Bad Bunny: "Cobro irregular y abusivo"

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La expectación por la nueva gira de Bad Bunny ha desbordado todas las previsiones en España. Desde el inicio de la preventa, la compra de entradas se convirtió en un auténtico caos: colas virtuales de más de 200.000 personas, páginas caídas y precios que han ido aumentando hasta cifras desorbitadas. El artista puertorriqueño tiene programadas 12 fechas entre Madrid y Barcelona, pero a pesar del aumento de conciertos y 600.000 entradas vendidas, acceder a una entrada ha sido una misión imposible para muchos seguidores del 'conejo malo'.

Las redes sociales se llenaron de quejas y frustración por parte de los fans. Muchos usuarios denunciaban la gestión de Ticketmaster, tanto por los fallos técnicos como por el encarecimiento inesperado de las entradas. Y ahora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado un paso más: ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo contra Ticketmaster por "cobro irregular y abusivo".

Entradas que se triplican con cargos adicionales

Según ha explicado la OCU en un comunicado oficial, algunas entradas de Bad Bunny con un precio base de 79,50 euros han llegado a alcanzar hasta 269,30 euros tras sumar gastos de gestión, donaciones obligatorias y cargos VIP. En concreto, se señalan tres conceptos adicionales: 3,30 euros por donación, 36,50 euros por gestión y 150 euros por “cargo VIP”. La organización considera estos costes “abusivos”, ya que el proceso de compra lo realiza íntegramente el usuario, sin que la empresa preste una gestión activa que justifique tales importes.

Además, la OCU alerta de que "estos gastos añadidos suelen estar ocultos casi hasta el mismo momento de pago" y que, en caso de anulación o devolución, no son reembolsables, lo que deja al consumidor sin capacidad de reclamar parte del dinero en situaciones justificadas.

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Otro de los puntos más graves señalados por la organización es el uso de precios dinámicos, que varían en tiempo real “en función del mercado”. El problema, según denuncian, es que no se informa con claridad sobre qué factores influyen en estas subidas ni se protege al usuario frente a cambios bruscos durante el proceso de compra. Para evitar abusos, la OCU ha solicitado al Gobierno la creación de una normativa específica que regule este sistema.

Entre las propuestas, se incluye la obligación de mantener el precio inicial durante todo el proceso de compra, la prohibición de que estos precios se basen en datos personales del consumidor y la limitación del incremento en reventas a un máximo del 20%. Asimismo, la organización reclama sanciones ejemplares a las empresas que oculten el funcionamiento de sus algoritmos o utilicen técnicas fraudulentas como la simulación de alta demanda.

También insisten en que las empresas que utilicen precios variables deban presentar evaluaciones periódicas a las autoridades de consumo sobre el funcionamiento y riesgos de sus sistemas de tarificación. El objetivo es garantizar una mayor supervisión de los algoritmos que determinan los precios y proteger así al consumidor ante posibles abusos o prácticas desleales.