No coordinarse mata: las lecciones de urbanismo que nos deja lo ocurrido en Valencia

Lo ocurrido en Valencia pone en evidencia un grave problema en las áreas metropolitanas españolas: la falta de una planificación urbana coherente y coordinada. ¿Qué significa esto? Vayamos por partes.

Durante años, el urbanismo ha sido tratado como una cuestión técnica, abstracta y elitista, cuando en realidad es un tema fundamental de política social que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. La reciente tragedia ilustra cómo las decisiones urbanísticas mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras, pero también nos recuerda que el verdadero problema es de carácter estructural y radica en una planificación descoordinada y fragmentada.

El crecimiento de las ciudades: ¿necesidad o error?

Valencia, como muchas otras ciudades en España, ha crecido de forma acelerada en las últimas siete décadas. La expansión urbana es una necesidad en las grandes urbes. Sobre todo cuando se dan cambios de escala como el que supuso la industrialización y el desarrollismo. Algo especialmente notorio en los entornos metropolitanos densos, donde la demanda de vivienda y suelo industrial es constante. El crecimiento es rápido y, por tanto, las soluciones también deben serlo, porque así lo exige la ciudadanía. Por eso, a lo largo de los años, se han aprobado planes de urbanización en zonas que, a priori, no deberían haber sido desarrolladas. Y es que, aunque la lógica parecía simple —construir viviendas y fábricas cerca de la ciudad y del puerto—, la falta de un control centralizado y de una visión metropolitana ha resultado en un crecimiento desordenado.

Es importante señalar que no es negativo que las ciudades crezcan. Es parte de su naturaleza. El problema radica en la falta de una planificación territorial que permita un desarrollo ordenado, sostenible y seguro, tanto dentro de los límites del municipio como en su relación con los municipios cercanos. La verdadera discusión, entonces, no es si las ciudades deben o no crecer, sino cómo deben hacerlo para que una riada, un sismo, una lechada de lava o un huracán no se la lleven por delante. Al contrario, sean resilientes y refuercen y mejoren las condiciones físicas y medioambientales del municipio. Y en este caso, la respuesta implica una mejor coordinación de los planes urbanísticos y territoriales.

Un modelo de crecimiento fragmentado

Uno de los principales obstáculos para una planificación eficiente es, oh sorpresa, sobre quién recaen las competencias de urbanización. En España, son los ayuntamientos los responsables de la planificación de nuevos barrios y desarrollos urbanos. Y solo en última instancia la Comunidad Autónoma da su beneplácito. Pero un gobierno autonómico no es un gobierno metropolitano. Y en áreas metropolitanas densas como la de Valencia, los municipios no pueden ser considerados de forma aislada. Cada ayuntamiento actúa dentro de sus propios límites municipales, sin tener en cuenta el impacto que su crecimiento pueda tener sobre el conjunto del área metropolitana. Esto provoca "urbanismo autista" (disculpen la palabra), que puede tener sentido en municipios del entorno rural, pero no a 10 kilómetros del centro de una gran ciudad.

Además, a diferencia de Alemania, en España no existe una verdadera corresponsabilidad fiscal de los ayuntamientos en tramos de impuestos como el IRPF, el IVA o Sociedades, tal y como llevan décadas reclamando muchos alcaldes (como Francisco de la Torre en Málaga). Esto obliga a los ayuntamientos a expandir sus barrios para aumentar sus ingresos a través del IBI, sin coordinarse con los municipios vecinos. Por ejemplo, y aunque quisieran, los técnicos municipales de Madrid no saben lo que ocurre en Alcobendas salvo si este municipio necesita de una infraestructura (quizás una línea de alta tensión) que deba atravesar el término municipal de Madrid. Es decir, Madrid y Alcobendas tienen la misma relación que la que cualquiera de ellos tiene con Sevilla. Esta es la realidad en la que vivimos.

Por tanto, como no existen autoridades metropolitanas en las grandes ciudades (salvo en Barcelona) que regulen y coordinen el crecimiento urbano en estos territorios, se construye donde no se debería, como en zonas inundables o en áreas con altos riesgos medioambientales. Y los ayuntamientos, al estar financiados principalmente a través de los ingresos derivados del desarrollo urbano, tienen incentivos para promover esa construcción sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Y este modelo, además de ser ineficaz, es potencialmente peligroso.

La necesidad de una autoridad metropolitana

Pero no seamos ingenuos. Aunque ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, crear un contrapoder de semejante envergadura no es del gusto ni de los alcaldes de los municipios pequeños de un área metropolitana —que pueden ver supeditada su autonomía frente al ayuntamiento principal—, ni de los gobiernos autonómicos, que de pronto tienen que convivir con un superalcalde. Las autoridades metropolitanas son peligrosas para los intereses de muchos y por eso aquellas que han intentado existir siempre han encontrado muchos enemigos en el camino.

Fue el caso de Valencia, donde tanto su Corporación Administrativa Gran Valencia, creada en el franquismo, como el posterior y democrático Consell Metropolità de l'Horta sufrieron los ataques y desfragmentaciones de gobiernos centrales y locales. Terminó finalmente en la Ley autonómica de áreas metropolitanas de Valencia de 2001, que inició un periodo donde la coordinación urbanística se limitó a dos entes sectoriales diferenciados para la gestión de basuras y el tratamiento de aguas. Este abandono y rechazo del pensamiento metropolitano se ha dado, tanto en Valencia como en otros puntos de España, gracias al desconocimiento generalizado sobre política urbana y su aparente complejidad técnica. Y, sin embargo, algunos funcionan, como sucede con los consorcios de transportes. ¿Y si existiesen más consorcios de este tipo? Un consorcio de vivienda, otro de desarrollo urbano… ¿Y si existiese un consejo metropolitano de consorcios, con presencia de los alcaldes, miembros de la sociedad civil, de las confederaciones hidrográficas, del gobierno autonómico y del central? ¿Y si fueran entes serios y respetados, con agilidad para traducir la política en gestión pública eficaz y de calidad? ¿No nos coordinaríamos mejor?

No existen autoridades metropolitanas en las grandes ciudades que coordinen el crecimiento urbano y se construye donde no se debe

Pienso que son una urgencia, porque es necesario coordinar el crecimiento urbano de una forma más eficiente y sostenible. Esta autoridad debería ser capaz de planificar el crecimiento de la región metropolitana como un todo, no como una serie de partes mal conectadas entre sí.

Además, esa entidad metropolitana podría establecer mecanismos para compensar económicamente a aquellos ayuntamientos a los que no se permitiese seguir creciendo dentro de sus términos municipales, garantizando así un desarrollo equilibrado y justo para todos. La creación de una entidad que tenga la capacidad de coordinar los desarrollos urbanos y territoriales en el área metropolitana sería un paso fundamental para evitar situaciones como las que han ocurrido en Valencia.

El urbanismo como política social

Pero es que a esta cuestión metropolitana se le añade un problema aún mayor. Uno de los aspectos más críticos del urbanismo en España es que sigue siendo una cuestión extraña para la mayoría de la población. A pesar de que las decisiones urbanísticas afectan directamente a la vida de las personas —desde la calidad de su vivienda hasta la seguridad ante fenómenos climáticos extremos—, la planificación urbana y territorial sigue siendo percibida como un tema técnico, abstracto y ajeno al debate público. Esta falta de implicación ciudadana en los procesos de urbanización y planificación ha contribuido a la creación de un sistema en el que los intereses técnicos y políticos tienden a primar sobre las necesidades reales de los habitantes.

El urbanismo, al igual que la sanidad o la educación, es una herramienta clave para la política social. Sin embargo, mientras que los sistemas de salud y educación suelen ser objeto de debates públicos, el urbanismo sigue estando relegado a un plano tecnocrático y burocrático. El resultado es que la población no tiene una visión clara de cómo se está desarrollando su entorno y de qué decisiones se están tomando en su nombre.

Es crucial que el urbanismo deje de ser un tema "elitista" y se convierta en un asunto de debate público, accesible y comprensible para todos. Como ocurre en otros campos clave de la política social, el urbanismo debe ser una cuestión que se discuta a nivel de calle, de manera sencilla y con sentido común. De esta manera, la ciudadanía podrá influir directamente en las decisiones que afectan a su vida diaria.

Un trágico ejemplo

El caso de Valencia ha vuelto a poner sobre la mesa una de las cuestiones más evidentes en la planificación urbana: la construcción en zonas inundables. A pesar de que los expertos advierten sobre los riesgos que suponen estos terrenos, los desarrollos urbanos en estas áreas siguen siendo aprobados, con la consiguiente exposición de la población a catástrofes naturales.

En muchos casos, este tipo de decisiones se toman sin tener en cuenta la evidencia científica y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la ausencia de una planificación metropolitana efectiva contribuyen a que estas situaciones se repitan. Sin un sistema de planificación que garantice que no se construya en zonas de riesgo, los desastres naturales como las inundaciones seguirán afectando a las poblaciones vulnerables de nuestras ciudades.

Conclusión: el urbanismo es política

Termino insistiendo en que el urbanismo y la planificación territorial son pilares fundamentales de la política social y, por tanto, deberían ocupar un lugar central en la agenda pública. La forma en que se organiza el espacio urbano y cómo se gestiona el crecimiento de las ciudades afecta a todos los aspectos de la vida humana, desde la vivienda y el empleo hasta la salud y la seguridad. Por eso, el urbanismo no puede seguir siendo una cuestión técnica ni elitista, sino que debe formar parte de una discusión pública abierta y accesible. Y en las grandes conurbaciones, estos procesos deben darse de forma concertada. Porque, como todos hemos visto, no coordinarse mata.

Es hora de que España establezca un sistema de planificación territorial que sea capaz de coordinar el crecimiento urbano que viene y que es necesario, debe hacerse de forma que contemple los retos medioambientales y sociales que enfrentamos. Solo así se podrá evitar que tragedias como la ocurrida en Valencia se repitan, sin impedir que las ciudades de España sean fuente de oportunidades y de crecimiento económico justo y seguro.