Por qué la izquierda no ha resuelto la emergencia de la vivienda (cuando podría haberlo hecho)
Tras seis años en el Gobierno central (y hasta hace poco más de un año en el de muchas comunidades y ayuntamientos), el PSOE y sus socios no han propuesto un modelo alternativo de ciudad
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Suena feo decirlo, pero los que llevamos mucho tiempo hablando del problema de la vivienda sabemos que ya no se puede resolver en el corto plazo. Piensen que cada edificio que ustedes ven por sus ciudades lleva detrás varias décadas de procesos urbanísticos.
Por eso me atrevo a decir que lo que estamos viviendo es lo que, en su día, se pensó y se votó que debía ocurrir, y, por tanto, a lo sumo, lo que cabe son medidas que quiten tensión a la grave situación actual a la que se enfrentan muchos españoles, sobre todo jóvenes.
Como el 15-M, la crisis de la vivienda le ha estallado a la izquierda en la cara. Tras seis años en el Gobierno del Estado (y hasta hace poco más de un año en el de muchas comunidades y ayuntamientos), ahora necesitan desviar unas responsabilidades —nuevas e históricas— que en gran parte les pertenecen.
La ley de la vivienda
Empezando desde un plano general, es importante volver sobre la Ley de Vivienda. Hace más de un año ya tratamos este tema y los problemas que supondría esta ley. Por una parte, se trata de una ley nacional que pretende regular lo que no es de su competencia. De hecho, se escucha ahora la falacia de que “el PP incumple la ley” intentando que parezca que la actitud de la derecha es ilegal, puesto que muchas directrices de la ley no son de obligado cumplimiento porque las competencias de vivienda son autonómicas.
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Pero, además, las condiciones que impone la ley harán que lo que hoy es una oferta de alquiler donde la titularidad está muy repartida, (según el Banco de España solo el 8% de los arrendadores son empresas) se transforme en un gran mercado de concentración en el que dominen los fondos, y eventualmente haya un pedazo del pastel que sea público y asequible. Esto último hoy es anecdótico y crearlo es carísimo.
Desde ciertos entornos se exige que se intervenga el mercado. Esto se propone como una opción fácil, rápida y barata, pero sus resultados no son de un día para otro, y como muchos anticipamos, y parece estar confirmando el mercado, no solo no se resuelve el problemón de la falta de oferta, si no que esta se reduce aún más. Veremos a ver qué pasa en los casos de Cataluña y Euskadi que han apostado por este modelo, será interesante analizar los resultados a largo plazo.
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La izquierda ha hecho la ley nacional que desarrolla el artículo 47 de la Constitución (las autonomías ya lo desarrollaban en sus leyes propias). Pero lo que no han hecho ni el Gobierno ni ese enorme número de autonomías y ayuntamientos en los que gobernaba la izquierda hasta hace un año son nuevos desarrollos urbanos o proyectos de redensificación de la ciudad existente. El artículo 47 de la Constitución habla de luchar contra la especulación inmobiliaria, pero con ello no se refiere a impedir que los promotores construyan, se refiere a que el papel del Estado es evitar que se sujete suelo sin edificar buscando inflar el precio de la vivienda. Y retener suelo es justamente lo que han hecho.
La falta de nuevas viviendas
De hecho, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el Gobierno con la crisis de la vivienda es que, tras seis años en el poder, sus resultados en este tema dejan mucho que desear. El Gobierno sabe que es necesario sacar viviendas al mercado. Pero ni han obligado a que las viviendas vacías se comercialicen, ni han construido vivienda nueva. Han tardado demasiado en ponerse las pilas. El stock de Sareb y muchos suelos estatales eran recursos que pudo haber puesto sobre la mesa desde 2018. Hoy se estarían entregando miles de viviendas que todavía están sobre el papel o empezando a dibujarse.
Un ejemplo claro es la Operación Campamento, en Madrid. Durante años, el propio Gobierno fue el que especuló con los suelos de los antiguos cuarteles para financiar al Ministerio de Defensa, hasta que la vivienda se convirtió en protagonista en las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Entonces, Moncloa dio la orden de desbloquear una operación que llevaba lustros durmiendo el sueño de los justos.
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Esas 10.700 viviendas de Campamento ya deberían estar construidas. Pero es que además pudieron haber sido muchas más. Al igual que otros desarrollos urbanísticos españoles, su planeamiento es mediocre, desfasado y… para variar, se priorizan densidades medias y ciudades dormitorio, sin crear centros alternativos que rebajen la presión de los precios, del tráfico y de los trayectos, en este caso sobre el gran centro madrileño.
La falta de ideas y de alternativas
Se da la paradoja de que cuando la derecha madrileña intentó cambiar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para poder densificar los nuevos desarrollos aumentando la edificabilidad, la izquierda se opuso, convirtiéndose de facto en los principales defensores de lo que se ha venido a llamar La España de las piscinas. Les sobran prejuicios contra los promotores y les falta visión estratégica. Por eso son capaces de tirar piedras sobre las cabezas de sus electores apostando por densidades bajas que encarecen el precio del metro cuadrado y modelos de PAU contra los que ellos mismos teorizan.
Actualmente, la izquierda gobierna en algunos de los ayuntamientos más importantes del Área Metropolitana de Madrid. Entre ellos, Alcorcón y Getafe tienen en marcha dos de los planes de desarrollo urbanístico más importantes del sur de Europa. Se prevé que entre los dos supongan casi 50.000 nuevas viviendas. Sin embargo, podrían ser el doble. La edificabilidad será demasiado baja. Se sigue perdiendo el tiempo pensando en ciudades dormitorio que se convertirán en inmensas periferias y agravarán los problemas. De hecho, en Getafe la normativa que redactó el PSOE en 2004 todavía establece la creación de un enorme mar de chalés al sur de Madrid.
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A día de hoy, los Gobiernos municipales del PSOE y sus aliados no solo no están trabajando en impulsar centros alternativos con mezcla de usos que destensionen el mercado, sino que además, están obstaculizando y retrasando las propuestas existentes, lo cual eleva la presión del precio de la vivienda en toda la región. La Comunidad, gobernada por la derecha, tendrá la última palabra, pero ni siquiera los municipios han hecho los deberes. Un completo despropósito que evidencia por enésima vez que la izquierda no tiene un modelo alternativo de ciudad al que la derecha desarrolla desde hace tres décadas. Este es el verdadero elefante en la habitación.
Es más, el epítome de este modelo es el American dream of life, que Izquierda Unida construye desde los años noventa en su feudo funcionarial de Rivas-Vaciamadrid. Decenas de hectáreas desperdiciadas en un modelo urbano segregador e insostenible de chalecitos dependientes del coche. Esta mentalidad tiene que cambiar.
La importancia de la movilidad
Y precisamente esto entronca con la situación del transporte público dependiente de la Moncloa: Cercanías. Una red deficiente en toda España y en especial en Málaga y Madrid. Dos lugares que sufren desde hace décadas una red disfuncional, con pocas líneas y estaciones. De hecho, la red madrileña cuenta con muchas menos estaciones y kilómetros de líneas que la red barcelonesa, aun teniendo casi un millón de habitantes más. “No vayas en Lambo”, decía la publicidad del Gobierno. Bien, el problema es que no hay ni trenes, ni Lamborghinis. Rivas y Arganda tuvieron Cercanías, ya no.
Como señaló la AIReF en 2020, la inversión dedicada en triplicar la red de AVE en tiempos de Zapatero supuso derivar los recursos que debían haberse destinado a Cercanías y Medias Distancias, verdaderas vertebradoras del territorio. Su inexistencia y sus incidencias constantes (allí donde hay líneas) hacen que más gente quiera vivir en los grandes centros, ya que sino los trayectos al trabajo se eternizan. El resultado de esta falta de inversión en Cercanías es que se cronifican y aumentan los problemas en las periferias mal conectadas, y también, que la capital absorbe a la población que no le compensa vivir fuera del área metropolitana porque no hay transporte rápido, y de esta forma se tensionan los precios de la vivienda en Madrid y Málaga. Ahora se exige declararlas como “zonas tensionadas”, pero durante años podrían haber recibido la atención de la izquierda, al menos en la medida de sus posibilidades y competencias (Gobierno central, 40 años en la Junta de Andalucía y Ayuntamientos del cinturón rojo de la capital) ayudando así a destensionar la vida de sus potenciales votantes de rentas bajas.
En el caso de Madrid, la socialdemocracia se arrastra humillada tras décadas de hegemonía liberal. No levantan cabeza. Y esto tiene mucho que ver con el urbanismo y por tanto con la vivienda. Allí donde tienen poder (y tienen mucho poder) no han propuesto un modelo alternativo de ciudad. Un modelo coordinado que atraiga a la población y sirva para visualizar la alternativa. Faltan ideas. No han dado esa batalla más que con algún libro, no han creado un gobierno en la sombra que piense de forma conjunta las políticas de vivienda de sus municipios, ni han apostado por un sistema metropolitano de ciudades y distritos con múltiples centros, pequeñas periferias, mezcla de usos y ciudades densas y compactas con mucha oferta de vivienda asequible. La izquierda madrileña no tiene un proyecto para abordar y pilotar el interés que el mundo está mostrando por Madrid. Y concebir un modelo de territorio que permita un futuro de prosperidad para la región es necesario si en algún momento pretenden llegar al gobierno de la Comunidad.
Disfrutemos lo votado
Por último, queda una pequeña reflexión. El modelo de la vivienda actual, el de la propiedad repartida, es el que votaron hace 40 años los padres y abuelos de quienes hoy se manifiestan. Muchos de los pequeños arrendadores de vivienda a los que se señala como rentistas pertenecen a esa clase media que la izquierda consolidó a finales del siglo pasado. Fue el PSOE quien, al comienzo de la democracia, recogió el testigo falangista de la “sociedad de propietarios y no de proletarios”, convirtiendo las VPO en el vehículo fundamental del ahorro y la herencia familiar. Y estuvo bien hecho, porque en España hacía falta repartir la propiedad del suelo, y las pensiones se preveían muy bajas.
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Hoy el grueso de votantes del PSOE y PP son nacidos en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Gente que trabajó duro a lo largo de su vida para poder acceder a una propiedad que complementase sus pensiones y les asegurase una jubilación tranquila con la mínima pérdida de poder adquisitivo posible. Ese momento está llegando y su voto de entonces tiene consecuencias hoy. El PSOE lo sabe y por eso es tan reticente a tomar medidas intervencionistas que puedan devaluar las pequeñas propiedades y plusvalías de sus fieles electores. Tanto este motivo, como el no haber aprovechado estos años en muchos gobiernos —incluido el de España— para ampliar la oferta de vivienda nueva allí donde se necesitaría, son la parte fundamental de responsabilidad que le toca a la izquierda ahora que le ha explotado esta crisis en la cara.
En palabras de Felipe González respecto a este tema “cuando uno está en el Gobierno seis años no puede culpar al maestro armero, tienes que haber tomado todas las medidas necesarias para resolver el problema, no vale decir que la culpa la tienen otros, porque uno ya es heredero de sí mismo”.
Suena feo decirlo, pero los que llevamos mucho tiempo hablando del problema de la vivienda sabemos que ya no se puede resolver en el corto plazo. Piensen que cada edificio que ustedes ven por sus ciudades lleva detrás varias décadas de procesos urbanísticos.