El adelanto electoral deja en el limbo una Ley del cine que no llegó a nacer

Fue el pasado diciembre cuando el Consejo de Ministros aprobó por fin el Proyecto de Ley del Cine y la Cultura Audiovisual, que pretendía sustituir la norma aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. En estos últimos quince años, el sector audiovisual ha vivido un terremoto con la llegada de las plataformas y la globalización del mercado audiovisual, unos cambios que hacían necesaria la revisión y la modernización de la normativa. En el Consejo de Ministros también se solicitó la tramitación de la nueva Ley por la vía de urgencia, pero el texto ha pasado los últimos meses sometido a las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios: en marzo, el pleno del Congreso rechazó la enmienda de totalidad de Vox y puso en marcha la tramitación de la Ley del Cine a las Cortes para su aprobación. Sin embargo, el adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez y la disolución inmediata de las Cortes deja varias leyes en el aire, cuya tramitación empezará de cero (si empieza) en la próxima legislatura. Y, entre ellas, se encuentra la Ley del Cine.

Según el BOE, la norma pretendía "impulsar y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; además de establecer tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español". Esta nueva ley quedaba englobada en el Plan España, Hub Audiovisual de Europa, impulsado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Pero el Proyecto llevaba meses dividiendo al sector por la definición que hacía el borrador del "productor independiente", que dejaba en el aire la obligación de las televisiones de invertir un 5% de sus beneficios en "producciones independientes", lo que impulsó la firma de un manifiesto liderado por todas las asociaciones de productoras españolas independientes.

"El principal de sus objetivos es fortalecer toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial, con especial atención a los sectores independientes por constituir elementos esenciales de la diversidad cultural", aseguraron desde el Ministerio. Por eso, finalmente, la nueva Ley del Cine se quedó con la definición de la norma de 2007, que determinaba que un "productor independiente" es la persona física o jurídica que ejerza la actividad de distribución cinematográfica o audiovisual, "que no esté participada mayoritariamente por una empresa de capital no comunitario, ni dependa de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial", y que tampoco "esté participada mayoritariamente por una prestadora de servicios de comunicación audiovisual, por un grupo de comunicación o por capital público, tengan o no carácter comunitario, ni dependan de ellos en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial".

"Este Gobierno no confundirá nunca valor y precio. Por eso, la ley apoya las grandes producciones, pero también hace posible la existencia de otro audiovisual más arriesgado. ¿Alguien se imagina un museo público que sólo exhibiera a los artistas exitosos?. Hay quien parece no entender que el acto creativo siempre es una apuesta arriesgada y la misión del Ministerio es hacer posible la cultura en toda su riqueza", defendió Iceta en su momento.

Una de las partes más comprometidas de la nueva norma era la relacionada con el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual que reservaba un porcentaje de su dotación también para "otras formas audiovisuales" dentro de la actividad cinematográfica, lo que abría la puerta a que las series también recibiesen ayudas de dicho fondo.

Pero las plataformas recibían una de cal y otra de arena con la propuesta de que ofreciesen los datos de visionado de obras audiovisuales como hacen las salas de exhibición. En teoría, una comisión en la que participaría, junto con el ICAA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sería la encargada de regular los ámbitos temporal, geográfico y de volumen de negocio para aportar los datos de visionados.

El proyecto de Ley también reservaba el 35% de la dotación de ayudas a producción a mujeres y el ICAA, a través de la Filmoteca Española, adoptaría iniciativas destinadas a visibilizar la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español. Otra parte controvertida de la nueva ley era la que disminuía la cuota de pantalla del cine nacional y europeo del 25% al 20%, incluyendo en el mismo el cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.

La nueva ley también ampliaba la regulación en materia lingüística de las obras audiovisuales, incluyendo lenguas reconocidas estatutariamente por las comunidades autónomas y la lengua de signos. También se hacía especial hincapié en la protección de la exhibición independiente, especialmente en salas de cine de zonas rurales, y se calificaba a la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC). Otra de las nuevas propuestas era la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

Todo esto queda en el aire a la espera de la reconfiguración de las Cortes tras las elecciones generales del 23 de julio. Después, habrá dos opciones: o bien deberán volver a tramitarse de cero si la mayoría parlamentaria decide volver a impulsarla, o bien quedará en el olvido.