El Estado, contra Botín: ¿quién ha robado el Picasso a quién?

El 'Busto de mujer joven' de Picasso acaba de alojarse en las paredes del Museo Reina Sofía, concretamente entre los ejemplos cubistas de la sala 204. Lo identifica una cartela escueta que alude al año de su concepción (1906) y que no alcanza a hacer memoria de la trayectoria estrafalaria del cuadro. Resumiendo las cosas: la pintura era propiedad del banquero Jaime Botín y ahora lo exhibe el Estado a semejanza de un trofeo de caza, pero no está claro realmente quién le ha robado el cuadro a quién.

Digamos que a Botín le ha costado mucho dinero el busto picassiano. Por el precio que pagó cuando lo hizo suyo en… 1977. Y por la multa de 91,7 millones de euros que le impusieron los tribunales en… 2021. Era la manera de penalizar el delito firme de contrabando, aunque la condena también conllevaba el castigo ejemplarizante de tres años de cárcel.

No ha ingresado entre rejas el expresidente de Bankinter. Y no porque hayan mediado los privilegios aristocráticos, sino porque la edad (85 años) y las precarias condiciones de salud justificaron la suspensión de la pena.

Otra cuestión es la vigencia del castigo que ha escarmentado la peripecia del 'Busto de mujer joven'. No tiene intención Botín de visitar la sala del Reina Sofía donde se expone. Y sí pretende apelar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo después de haberse malogrado todos los recursos de la Justicia española. Podría decirse que el Estado le ha incautado 'su' cuadro y ha vulnerado la propiedad privada. Y podría acreditarse un ejercicio de coreografía judicial que ha puesto de acuerdo al primer tribunal que lo condenó y las instancias que han ratificado de una manera o de otra la sentencia original (TSJ, Tribunal Supremo, Constitucional).

Una causa desesperada

La causa de Botín se antoja desesperada. No ya por el escarmiento social y mediático que convierte al banquero en un sujeto bajo sospecha, más aún cuando la pintura lucía en el salón del velero, sino porque la legislación española consolidada en 1985 convierte en Bien de Interés Cultural (BIC) el patrimonio artístico que 'reside' en territorio nacional.

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Es el procedimiento con que el Estado se erige en protector. Y el sistema que impide a los coleccionistas privados exportar sus obras de arte. Pueden venderlas o subastarlas en territorio nacional, expuestos al derecho de tanteo y de retracto de la Administración, pero resulta evidente que las restricciones proteccionistas y abusivas depauperan su valor.

Se explica así que Jaime Botín quisiera otear el Picasso en una subasta internacional (2012), esgrimiendo que el cuadro en cuestión siempre estuvo alojado en un barco de su propiedad que navegaba con bandera británica. No tendría que estar sujeto, por tanto, a la normativa española, sino a las libertades de mercado y de libertad que definen la legislación anglosajona.

La mayor discrepancia del 'affaire' sobreviene cuando Jaime Botín decide trasladar el Picasso a Ginebra para 'depositarlo' temporalmente

Así lo comunicó el empresario a las autoridades de Madrid, pero las diferencias de criterio originaron una disputa judicial que precipitó una redada de la Guardia Civil en el verano de 2015. Los agentes descolgaron el 'Busto' de la embarcación y lo trasladaron a Madrid, mientras que el dueño del cuadro fue acusado de contrabandista y expuesto al procesamiento.

¿Por qué? La mayor discrepancia del 'affaire' sobreviene cuando Jaime Botín, consciente de que el Picasso se ha declarado inexportable y de que ya no tiene sentido venderlo, decide trasladarlo a Ginebra para 'depositarlo' temporalmente. Informa entonces de la operación a las aduanas francesas, y son estas las que alertan a las autoridades españolas, precipitándose entonces la incautación en unos términos hollywoodenses.

Zona de tránsito

Es el episodio que sustancia el delito de contrabando, aunque la defensa de Botín sostuvo que la razón de la operación suiza obedecía exclusivamente a la protección del cuadro y no al propósito de venderlo. O sea, que el 'Busto de mujer joven' no estaba siendo exportado, sino alojado temporalmente en una zona de tránsito. Se trataría de ponerlo bajo custodia porque Botín consideraba que el revuelo de la noticia convertía el cuadro en un objetivo vulnerable. No les sería difícil asaltar el velero a ladrones profesionales ni disponía la embarcación de medidas de seguridad elementales.

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Los tribunales españoles han desechado sucesivamente los argumentos de Botín, exactamente como han hecho las autoridades políticas. Y no solo amparados en una normativa proteccionista que comparten los países mediterráneos y que subordina la titularidad de la propiedad privada, sino incurriendo, incluso, en algunas resoluciones insólitas. De hecho, el banquero fue condenado inicialmente a 18 meses de cárcel y a una multa de 52,4 millones, pero la misma jueza que redactó la sentencia la rectificó después en los términos que establecían la entrada en prisión (tres años) y que multiplicaban casi al doble el castigo económico: 91,7 millones.

La cifra invita a la reflexión y demuestra, en cierto sentido, la desmesura con que ha sido castigado Jaime Botín, precisamente porque la multa que se le impuso equivale final y sospechosamente al precio que habría adquirido el cuadro en una subasta internacional, de haberse llevado a efecto.

Tiene razones Botín para sentirse protagonista de una desproporción

Tiene razones Botín para sentirse protagonista de una desproporción, tanto por la interpretación radical de la ley como por el desenlace judicial y mediático, aunque no ha incurrido en episodios de rebeldía ni ha querido solicitar el indulto. Hacerlo hubiera implicado reconocerse culpable. Y culpable no se reconoce. El comunicado que divulgó después de anunciarse el 'trasplante' del cuadro en el Reina Sofía demostraba una mezcla de resignación y de 'fair play'. Ni discutía la ley ni cuestionaba “la decisión judicial que ha llevado a la incautación”. “Acato plenamente ambas y las respeto”, decía el financiero cántabro en su mensaje. “Mi intención nunca ha sido la de vender el cuadro o evadir la ley. A título personal, solo puedo lamentar la rigurosa aplicación de dicha ley que ha derivado, según mi parecer, en una desproporción que hay que corregir, pero que acato como ciudadano”.

Revanchismo

La categoría social del banquero no invita a la solidaridad ni a la piedad de la opinión pública ni de la opinión publicada, pero el revanchismo ni el justicierismo tampoco alcanzan a encubrir un proceso que expone la asimetría del Estado frente al individuo. No solo porque a Botín se le ha expropiado un cuadro y se la ha condenado a tres años de prisión, sino porque se le ha cobrado el precio de una propiedad en los mismos términos que hubieran dado vuelo a una puja abierta de Christie’s en Londres o en Nueva York. Es ahora Madrid el destino contemporáneo del 'Busto de mujer'. El cuadro se expone en la sala casi adyacente del 'Guernica'. Y atrae la curiosidad de los visitantes sin noticia de los pormenores político-judiciales, aunque la decisión final del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tanto puede darle un nuevo giro de guion al culebrón como acaso puede servir de estímulo al replanteamiento de la ley proteccionista de 1985.

¿O no? La normativa vigente proviene de una originalísima legislación republicana (1933) que aspiraba a proteger el patrimonio español de los expolios que proliferaban entonces y de la fuga de obras de arte.

Prevalecía un énfasis proteccionista que el franquismo respetó y que el Gobierno socialista de González actualizó para insistir en la custodia de los bienes culturales, subordinando incluso al derecho de la propiedad privada. Otros países que presumen de su gran patrimonio —Francia, Italia, Grecia— se identifican en reglamentaciones similares, aunque el aspecto más llamativo del caso Botín acaso consista en la falta de medida: incautarle el cuadro, hacérselo pagar a un precio exorbitado —91,7 millones frente a los 27 en que estaba valorado en España— y condenarlo a prisión firme.

Desposeído del Picasso, Jaime Botín reconocía en su comunicado del pasado mes de febrero que le producía “una profunda satisfacción que pueda ser expuesto, visto y disfrutado por el público”. “Mi intención fue siempre esa”, añadía el expresidente de Bankinter. “Que acabara expuesto ante los ojos de los visitantes, eso sí, del Centro Botín de Santander, a orillas de la bahía, donde tenía un sitio reservado”.