¿Golpismo hoy? La verdad sobre la 'Causa General' de Franco contra la II República

Por extraño que parezca, cuando la Abogacía del Estado anunció hace unas semanas que se gestaba una "Causa General" estaba en parte en lo cierto, al menos en cuanto al cinismo de su idea fundamental. El término, que validaron los servicios jurídicos del gobierno, se refería a una supuesta caza de brujas contra el gabinete por parte de la juez Carmen Rodríguez-Medel. Le seguirían pocos días después las declaraciones del ala de Unidas Podemos en el gobierno acusando a PP y Vox de promover un "golpe de estado" entre la Guardia Civil y el ejército y más tarde, el mismo presidente, Pedro Sánchez, señalando la existencia de una supuesta "policía patriótica" en contra de Moncloa, que su ministro de Interior, Grande-Marlaska se habría encargado de desmontar.

La "Causa General" a la que se refería la Abogacía del Estado recuperaba de la memoria el instrumento judicial que empleó el dictador Francisco Franco para articular la represión tras la Guerra Civil. Lo más increíble es que el delirante planteamiento empleado por los franquistas, en uno de los mayores ejemplos de cinismo de la historia, se asemejaba más a la propia inquina del gobierno que a la supuesta persecución por parte de la juez, la oposición y la prensa.

El 15 de febrero de 1939, la Comisión Bellón, por su presidente Ildefonso Bellón, magistrado del Tribunal Supremo del régimen franquista, que había sido encargada de redactar el informe que serviría de base legal para comenzar la represión y la purga, entregó su conclusión. En esencia venía a dictaminar que quién se había sublevado en julio de 1936 no habían sido los generales rebeldes que luego encabezaría Franco, si no, atención, el gobierno republicano elegido democráticamente en febrero de ese mismo año.

Persecución judicial

La abogacía había recuperado la idea de la "Causa General" para negar que la destitución del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos se produjera por no seguir una orden ilegal del ministro de Interior Grande-Marlaska, como señaló la juez. Marlaska mintió después sobre los motivos del cese y más adelante echó balones fuera aseverando que no había sido él quién tomó la decisión.

Al igual que en 1939, se consideraba que los culpables de la persecución eran los que habían señalado las irregularidades, no quienes las habían cometido, es decir el propio ministro de Interior, el secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil. Durante las dos semanas en las que el propio gobierno había respondido al escándalo con alusiones guerracivilistas, al igual que la oposición, solo estaban recalcando lo falaz del argumentario empleado por los vencedores de la guerra.

Más allá de la más que probable tergiversación de los acontecimientos, no existe otro paralelismo con la "Causa General". Esta se trató de una gigantesca instrucción que sirvió para fusilar a más de 80.000 españoles, encarcelar a más de 200.000 y desterrar de la vida pública, de la administración y de los negocios a un número posiblemente mayor. Según el historiador Paul Preston, Franco "para probar ante el mundo la iniquidad del enemigo", inició la investigación el 26 de abril de 1940 a cargo del estado "un proceso informativo, fiel y veraz", que pretendía establecer la verdadera magnitud de los crímenes cometidos por el bando republicano y que "fomentó las denuncias y las exageraciones". —Paul Preston 'El holocausto español'—.

Se trató de una gigantesca instrucción que sirvió para fusilar a más de 80.000 españoles y encarcelar a más de 200.000 por supuestos crímenes

Durante años, la historiografía ha sido un campo de batalla más en torno a la represión acaecida tras la Guerra Civil, fundamentalmente por el número represaliados, aunque también y más recientemente, por los motivos. Mientras se ha discutido mucho sobre las cifras, —de forma oficial 85.940 fusilados según la propia información franquista recogida en la Causa General—, poco se ha hecho por los principios que iluminaron el proceso, una burla de cualquier garantía judicial que debería seguir presente antes de cualquier comparación grandilocuente que se convierta en un bumerán en las manos de quién lo lanza.

Tergiversación paródica

La Comisión Bellón —que era refutable prácticamente en todas sus conclusiones— acabó siendo la pieza fundamental con la que se erigiría la Causa General. Tal y como señala el hispanista Julius Ruiz: "Pocos historiadores (suponiendo que haya alguno) considerarán la interpretación que la Comisión Bellón hizo de la España de los años treinta como otra cosa que no sea una tergiversación paródica de la verdad" —'La justicia de Franco', (RBA)—.

En efecto, se justificaba con argumentos tan peregrinos como que el alzamiento "no podía ser calificado en ningún caso de rebeldía", que el gobierno de la República era "sustancial y fundamentalmente ilegítimo" y que esto se debía a la proclamación de la Segunda República, al interpretar que el rey Alfonso XIII había sido derrocado después de que los monárquicos hubieran ganado las elecciones municipales, además del pucherazo de las elecciones de febrero de 1936.

En 1977 Serrano Suñer calificó toda la instrucción como la aplicación de la "justicia al revés" cuando fue él mismo quién creó la comisión en 1939

Obviamente, la conspiración de los militares que se plasmó en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue un acto rebelde, el rey Alfonso XIII se exilió por su propia voluntad tras haber sido abandonado por los propios partidos monárquicos y las irregularidades en las elecciones de febrero de 1936 —que las hubo—, no alteraron en cualquier caso la victoria del Frente Popular.

Contra la Guardia Civil

En Barcelona, por ejemplo, la aplicación de la Causa General vino precedida de la primera instrucción exprés tras la guerra que remató un tribunal militar contra nueve destacados mandos de la Guardia Civil por haberse negado a secundar el alzamiento del 18 de julio y que no acataron el bando de guerra del día 26. Todos fueron hallados culpables, entre ellos, el máximo responsable entonces en Barcelona, el general Aranguren, fusilado el 21 de abril, apenas tres semanas después de haber concluido la guerra.

No era la primera víctima de la Guardia Civil a manos de los franquistas, de hecho, el abuelo de la propia juez Carmen Rodríguez Medel, José Rodríguez-Medel Briones, jefe de la benemérita en Pamplona, fue fusilado por sus propios subordinados, siguiendo órdenes del general Emilio Mola, el mismo día 18 por no haberse sumado a la rebelión. Como es de suponer y tal como explican los hispanistas Julius Ruiz y Paul Preston, los tribunales de guerra sumarísimos precedieron a la Causa General, la tónica habitual antes de terminar la guerra, sobre todo entre julio y diciembre de 1936. Lo mismo que ocurrió, por otra parte, en el territorio republicano con los tribunales populares en el mismo periodo.

La Causa General, en sus líneas de generales, fue publicada en 1941 por el Ministerio de Justicia con el título 'La dominación roja en España'

Aranguren fue el primero, eso sí, bajo la nueva justicia, que para mayor insolencia, fue calificado por Serrano Suñer en sus memorias publicadas en 1977 de absurdo, por constituir "la aplicación de la justicia al revés". Lo más surrealista era que Serrano Suñer, abogado del estado, había sido precisamente quien había encargado a la Comisión Bellón el dictamen y quien había pilotado todo el proceso que sirvió para crear la Causa General. Es más, Serrano Suñer como ministro de Interior, fue el primer responsable de la policía política, la Brigada Político Social.

Un resumen del resultado previo de la instrucción de la Causa General sería publicado en 1941 y reeditado en 1946 con el título de 'La Dominación Roja en España. Avance de la Información instruida por el Ministerio Público'. La represión, iniciada ya durante de la guerra, pero sustanciada a partir de la Comisión Bellón y la Causa General, se rebajó a partir de febrero de 1942 con la aprobación de la Ley de Reforma de las Responsabilidades Políticas, que puso trabas a la facilidad para la acusación y transfirió a la justicia ordinaria y no a la militar los nuevos casos —'España franquista: causa general y actitudes sociales ante la dictadura' VV.AA.—.

¿A quién juzgó?

A pesar de lo delirante del planteamiento y de los juicios sumarísimos en los que se plasmó, la realidad es que en buena parte la maquinaria judicial franquista, tal y como ha señalado el hispanista Julius Ruiz, se trató más de una venganza visceral contra los "rojos" que una idea de exterminio. La causa se estructuró en 11 epígrafes que incluyen como primero una relación de hechos según los vencedores de lo acaecido durante la guerra, el alzamiento y las personas que sufrieron represión por participar en la sublevación —2—, las cárceles y sacas de los republicanos y la actuación de sus responsables en los asesinatos acaecidos como por ejemplo, Paracuellos del Jarama -3-, las checas, es decir las prisiones de los partidos y las organizaciones revolucionarias —4—, la justicia roja, que trata de esclarecer las responsabilidades de los tribunales populares de la república —5—, la prensa del bando republicano —6—, la actuación de las autoridades locales —7—, los delitos contra la propiedad —8—, la banca —9—, la persecución religiosa —10— y el tesoro artístico —11—.

La realidad es que además de la brutalidad, lo más sangrante de la represión franquista fue la arbitrariedad y la nula garantía procesal de las acusaciones, aunque sin embargo se persiguiera concretamente, tal y como apuntó Julius Ruiz, a los perpetradores del "Terror Rojo" más que como forma velada de exterminio de los adversarios. No obstante aunque muchas de las condenas recayeron en aquellos que habían asesinado y cometido crímenes, -fusilamientos, checas, torturas etc- el sistema benefició también multitud de acusaciones y delaciones falsas, —Paul Preston, 'El holocausto español'—. Lo último que nadie querría ahora es que la justicia acabara en la arbitrariedad del poder ejecutivo otra vez.