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Patrimonio

El Gobierno aprueba la donación del Gran Teatro Cervantes de Tánger a Marruecos

Desde la década de 1970 su estado de conservación ha sufrido por el abandono y ninguna administración española ha querido invertir en su rehabilitación

Foto: Gran Teatro Cervantes de Tánger. (Wikimedia Commons)
Gran Teatro Cervantes de Tánger. (Wikimedia Commons)
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El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para la donación "irrevocable" de la propiedad del Gran Teatro Cervantes de Tánger.

El Teatro Cervantes de Tánger fue donado al Estado español en 1928 y constituye uno de los edificios para fines culturales más importantes de la ciudad. Sin embargo, desde la década de 1970 su estado de conservación ha sufrido por el abandono y el desuso, suscitando quejas en aumento por parte de asociaciones.


Se trata de un inmueble de indudable valor arquitectónico y cultural que precisa una fuerte inversión para su rehabilitación, inversión que las distintas administraciones españolas no han podido ofrecer, según se recuerda desde el Ejecutivo. Por ello, y habiendo estudiado las posibles opciones para su puesta en funcionamiento, se decidió proceder a su cesión a Marruecos, respondiendo así a la oferta del Gobierno marroquí de restaurar y gestionar el Teatro a cambio de la cesión de su propiedad.

Programación española

El gobierno marroquí adquiere el compromiso de mantener un componente español en la programación cultural del teatro, teniendo lugar la reversión de la propiedad a España en caso de que no se llevase a cabo la restauración del inmueble o este se destinase a fines distintos de los acordados.

Se decidió proceder a su cesión a Marruecos, respondiendo así a la oferta del Gobierno marroquí de restaurar y gestionar el Teatro

Esta cesión se ha materializado mediante un Protocolo que por su forma y contenido constituye un tratado internacional, por lo que el texto requiere la previa autorización las Cortes Generales. La firma del Protocolo, previa autorización del Consejo de Ministros del 8 de febrero de 2019, se llevó a cabo el 13 de febrero de 2019, y está en aplicación provisional desde esa misma fecha. De este instrumento no resultan obligaciones financieras para la Hacienda Pública, de acuerdo con el informe de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

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