SGAE o la crisis que no cesa: los nuevos estatutos vulneran la LPI según los músicos

El Palacio de Longoria, en Madrid, es posiblemente uno de los edificios más bellos de la capital. Y también es uno de los que más conflictos, tensiones y problemas acoge: es la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Para este jueves está prevista la Asamblea Extraordinaria para votar los estatutos que adapten la entidad a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada el pasado mes de febrero -fue una de las últimas en salir adelante en la pasada legislatura. Y como siempre, no se ha llegado en paz. Esta es ya la tercera ocasión en los últimos trece meses en la que se intenta sacar adelante una reforma de los estatutos.

El pasado 22 de enero varias asociaciones, ANAEM y MUSICAEM, que acogen a músicos y compositores cuya parte del repertorio se explota en cine, publicidad y las televisiones, enviaron, a través de un bufete de abogados, un burofax a la entidad en la que la alertan de la ilicitud del borrador de los estatutos que se somete a votación. Es decir, consideran que, aunque se pretendan adecuar a la LPI, en realidad, vulneran artículos de esta ley.

Estatutos polémicos

Las asociaciones critican que se le otorga un mayor poder a la Junta Directiva al concederle el establecimiento de las remuneraciones de los órganos de gobierno (presidencia, la propia Junta Directiva, Consejo de Dirección y Comisión de supervisión), una facultad que, según el artículo 60 de la LPI, pertenece a la Asamblea. Por otro lado, también se indica que se reduce el poder de la Asamblea al proponer que basten sólo 3/5, frente a los 2/3 actuales, para que se apruebe cualquier reforma que se someta a su votación.

Las asociaciones critican que se le otorga un mayor poder a la Junta Directiva y que se reduce el de la asamblea de socios

Otra de las cuestiones que consideran que contraviene la LPI es la eliminación del voto social (1 voto 1 socio) que permitía considerar socio a aquellos cuya recaudación en los últimos cuatro años equivaliera al Salario Mínimo Interprofesional. Fue un artículo que se introdujo en 2011 y según estos músicos permitió la participación de más de 12.000 autores que ahora quedarían fuera. También se quejan de que la modificación del reglamento de reparto contraviene el artículo 177.6, cuando se propone a la Asamblea una modificación por la que los derechos pendientes de reparto -que ascienden a 10 millones- pasen directamente a la caja de SGAE.

Según ha podido saber El Confidencial, el 27 de enero la SGAE contestó mediante otro burofax a estas asociaciones en el que indicaba que "la modificación de los Estatutos de la SGAE aprobada por la Junta Directiva el 19 de diciembre de 2019 es totalmente legal y ajustada al nuevo marco normativo impuesto por la legislación vigente. En ningún caso se puede hablar de ilicitud de las propuestas de modificación y resultan absolutamente temerarias y sin fundamento jurídico".

A continuación, la entidad enumera los artículos que dicen ser vulnerados como el de las competencias de la asamblea en cuanto a las remuneraciones. En este sentido se aduce que en el artículo 40 queda claro que "es competencia de la Asamblea General nombrar y cesar a los miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Supervisión, [...] así como aprobar sus remuneraciones".

La SGAE contestó mediante otro burofax en el que indicaba que "la modificación de los Estatutos de la SGAE es legal"

ANAEM y MUSICAEM no son los únicos que están en contra de esta reforma. Desde la Coalición Autoral, grupo de autores que se han mostrado también muy críticos con la actual junta directiva de la SGAE, presidida por Pilar Jurado, también están solicitando que se vote 'no'. Y no sería la primera vez que sucede. En diciembre de 2018, la Asamblea de socios rechazó la reforma en plena polémica con la junta directiva de José Ángel Hevia. En junio de 2019 se volvió a someter a votación y tampoco salieron adelante los nuevos estatutos al no alcanzar los 2/3 de la asamblea, con lo que la gestión de Jurado quedó en la cuerda floja. En octubre se debería haber votado de nuevo, pero la solicitud de bajas de socios hizo que se pospusiera hasta este mes de enero. Y ahora tampoco se sabe qué ocurrirá, aunque los críticos creen que tiene más posibilidades de salir el 'sí' después de la fuga de más de 150 socios a DAMA.

El poder del Pequeño Derecho

Para contextualizar esta situación es necesario explicar que todos los músicos pertenecen al colegio de Pequeño Derecho, que son los que más recaudan para la entidad. La SGAE, además, la conforman los colegios de Gran Derecho -dramaturgos-, Audiovisuales- guionistas, cineastas- y Editores -de música, ya sean independientes o las multinacionales.

Desde la Coalición Autoral, muy críticos con la actual junta directiva de la SGAE, también están solicitando que se vote 'no'

Desde hace tiempo dentro de los propios músicos hay fricciones internas, pero también las hay entre los diferentes colegios. La que ahora se refleja tiene mucho que ver con que para una parte de los músicos, la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno que proponen los nuevos estatutos no los representa, porque, según ellos, permite que colegios de Gran Derecho, Audiovisual y Editores sumen una mayoría suficiente para determinar las reglas aplicables a las obras musicales. A este respecto desde la SGAE también se ha contestado manifestando que "la entidad, conforme a la Ley de Asociaciones, y en base al principio democrático basado en sus Estatutos Sociales, y como entidad multirrepertorio, mantiene una representación proporcional y en la misma línea que otras entidades europeas".

Cultura, a la espera

Alrededor de este asunto de los estatutos, aunque sea de índole árida y técnica, en realidad orbita gran parte del choque que existe con el Ministerio de Cultura y con la Confederación Internacional de Compositores y Autores (CISAC), la entidad internacional de la que la SGAE fue expulsada el pasado mes de mayo.

Cultura, de la mano del exministro José Guirao, requirió una reforma de los estatutos y amenazó con una intervención de la entidad que solicitó hace un año aunque todavía el Tribunal Supremo no ha declarado qué órgano judicial es competente para esta medida (la Audiencia Nacional denegó la intervención por procedimiento "inadecuado”). El nuevo ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, ya ha señalado que su departamento está a la espera de esta votación para ver qué decisiones toman.

Por otro lado, es probable que si se aprueba esta reforma la CISAC reincorpore a la SGAE como miembro de pleno derecho.

Por todo ello, de nuevo este jueves esta entidad vivirá otro día de tensión. Lo normal.