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Lluís Companys y el otro juicio del Gobierno catalán: 30 años de cárcel y amnistía
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Lluís Companys y el otro juicio del Gobierno catalán: 30 años de cárcel y amnistía

El 6 de octubre de 1934 el dirigente de ERC proclamó desde el balcón del Palau de la Generalitat "el Estado Catalán dentro de la República Federal Española"

Foto: Lluís Companys espera juicio en la cárcel Modelo en 1935
Lluís Companys espera juicio en la cárcel Modelo en 1935

Lluís Companys (Tarrós, 1882- Barcelona, 1940) es una de las figuras más manipuladas de la reciente Historia de España. Como estamos en una época donde el relato del pasado se resume en cuatro pinceladas para desdibujarlo y simplificarlo su nombre ha quedado identificado con su fusilamiento en el Castillo de Montjuic tras la derrota republicana en la Guerra Civil. Companys fue mucho más que eso, ante todo un hombre consecuente con sus ideales, quizá demasiado, hasta el punto de adolecer de cierta ingenuidad, como si fuera incapaz de adoptar siquiera una pizca de realpolitik. Otro gran falseamiento de su legado es la reciente identificación, casi nunca desmentida por sus oponentes, con la causa independentista.

El 6 de octubre de 1934 proclamó desde el balcón del Palau de la Generalitat "el Estado Catalán dentro de la República Federal Española". Es importante el análisis de los términos. No declaró la separación del Principado con el resto de España, sino la creación de una nueva forma estatal acorde con sus postulados federalistas. Lo hizo, presionado por sectores mucho más radicales de ERC, desde la ilusión de salvar la República de la deriva iniciada en las elecciones del 19 de noviembre de 1933, cuando la victoria de la CEDA amenazó con sepultar el edificio progresista surgido tras el 14 de abril de 1931.

Como el partido encabezado por José María Gil Robles se consideraba posibilista pero en realidad no creía en la República, el Presidente Niceto Alcalá Zamora optó por encargar la formación de gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, segunda formación más votada en los comicios. De este modo el antiguo emperador del Paralelo gestó un consistorio sin la presencia de los ganadores, quienes sin embargo aseguraban con su apoyo la tramitación de leyes y la esencial misión de dilapidar los logros sociales del primer bienio republicano.

Una serie de catastróficas desdichas

El 25 de diciembre de 1933 expiraba Francesc Macià, primer presidente de la Generalitat restaurada. L’avi era un personaje carismático con una trayectoria harto singular. Tras el ataque del ejército a varias sedes de periódicos y revistas catalanistas, el mítico Cu-cut! y La veu de Catalunya, abandonó su cargo de coronel de ingenieros y pasó a la política activa, siendo elegido en 1907 como diputado de Solidaritat Catalana. Con la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera emprendió el camino del exilio e ideó la frustrada invasión de Cataluña, por la que fue arrestado y juzgado en París. Su sentencia fue el primer escalón para subir a los altares de la adoración popular.

Tras la caída del Dictador volvió a su tierra natal. En marzo de 1931 su partido, Estat Catalá se fundió con el Partit Republicà Català de Lluís Companys, naciendo Esquerra Republicana de Cataluña. Ganaron las elecciones municipales propiciadoras del gran cambio y Macià, gato viejo, proclamó la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. El ardid sirvió para cumplir las promesas del Pacto de San Sebastián, consiguiéndose la restauración de la Generalitat y la consecución del Estatut de Autonomía de 1932, votado por la ciudadanía y sancionado por las cortes republicanas.

placeholder Francesc Macià y Lluis Companys
Francesc Macià y Lluis Companys

Tras el masivo funeral, al que según fuentes extranjeras asistió más de un millón de personas, Lluís Companys fue proclamado President de la Generalitat. Tenía una sólida mayoría parlamentaria y enfocó su labor legislativa desde una óptica social de tintes socialdemócratas. Se aprobó la ley de contratas de cultivo y empezó el infierno. ERC rompió la hegemonía de la Lliga regionalista, que durante el primer tercio del siglo XX fue el alfa y omega de la política catalanista. Su apoyo al golpe de Primo de Rivera la penalizó y el milagro de una izquierda unida, algo verdaderamente insólito, la relegó a la irrelevancia. Para remediarla decidieron recurrir la ley de contratas de cultivo al Tribunal de Garantías Constitucionales, que la anuló en junio de 1934. El Parlament reaccionó pocos días después, aprobándola de nuevo con ligerísimas modificaciones.

La lucha entre los dos mayores partidos catalanistas era una metáfora de la situación española. La desesperación de la Lliga activó una bomba de imprevisibles consecuencias, entre otras cosas porque los sectores independentistas de Esquerra, entre los que se hallaban los hermanos Badia y Josep Dencàs, decidieron mover ficha e impulsar movimientos armados para salirse con la suya y expresar su malestar de acuerdo con el signo fascista de los años treinta en toda Europa. Companys, forzado por las circunstancias, se vio en el ojo de una tormenta perfecta. La dimisión del gobierno Samper y el rumor de uno nuevo con elementos de la CEDA, confirmado a posteriori, desencadenó una revuelta nacional que tuvo sus focos más importantes en Asturias, Euskadi y Cataluña.

Un barco de nombre extranjero

Tras su proclama el President mantuvo la sangre fría. Había actuado a sabiendas del fracaso de su acción, y por eso soltó su mítica pregunta retórica, "Això és el que volieu,oi? Doncs ja ho teniu", a los presentes en el Palau de la Generalitat. Los hechos de octubre se cobraron cerca de setenta y cinco muertos y más de doscientos cincuenta heridos. Se suspendió la autonomía, se escribió un 155 de la época para dar forma legal al nuevo marco no contemplado en la Constitución y Cataluña fue sometida a un gobernador general hasta febrero de 1936, cargo ejercido, entre otros, por Manuel Portela Valladeras y Joan Pich i Pon, lerrouxista de orígenes humildes muy famoso en su época por su afán de amasar cargos y sus delirantes frases, conocidas como pichiponadas. Además, durante algunos meses se prohibieron publicaciones como La Publicitat, L’Opinió, La Humanitat, Solidaridad Obrera y El Diluvio.

La mañana del 7 de octubre de 1934 Companys y todo su govern, con excepción de Josep Dencàs, huido por las alcantarillas, fueron conducidos a pie hasta el edificio de Capitanía General para ser trasladados al Uruguay, uno de los navíos habilitados como prisión en el puerto de la Ciudad Condal. Permanecieron en su interior hasta el 7 de enero de 1935, cuando los trasladaron a la cárcel Modelo de Madrid con vistas al juicio que debía dirimir su suerte.

placeholder Companys y todo el Govern, en la cárcel Modelo de Madrid
Companys y todo el Govern, en la cárcel Modelo de Madrid

Los abogados elegidos para defenderlos fueron nombres de auténtico postín. Ángel Ossorio y Gallardo es, por desgracia, uno de los hombres más olvidados de la pasada centuria. Fue gobernador civil de Barcelona durante la Semana Trágica de 1909 y a partir de ese instante crucial, cuando se cortaron las líneas telefónicas para impedir la extensión de la crisis, transitó de una idea monárquica muy laxa al republicanismo. Los otros encargados de defender a los encausados fueron el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa, el futuro ministro de Estado Augusto Barcia y Amadeu Hurtado, que con anterioridad había sido conseller de la Generalitat durante el mandato de Macià.

Los cuatro abogados debían esgrimir sus argumentos ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, integrado por dos vocales natos y veintitrés electivos representando a las cortes, entre los que incluían representantes de las regiones, hasta Juan March llegó a ocupar un cargo, profesores universitarios y miembros elegidos por el colegio de abogados. Correspondía a las Cortes elegir a su presidente, del que no se requería la condición de jurista. Era un órgano muy politizado, dominado por elementos contrarios a la República.

Companys tenía plena conciencia de haber quebrado la Constitución y el Estatut con su acto

Antes del juicio, como ahora, proliferaron los libros dedicados a la cuestión, si bien ninguno fue escrito por los acusados. Si este mes se sentarán doce en el banquillo entonces fueron siete. Lluís Companys y sus Consellers Ventura Gassol, Martí Barrera, Pere Mestres, todo ellos de ERC, Joan Comorera, de la Unió Socialista de Cataluña, Martí Esteve, perteneciente a Acció Catalana Republicana, y Joan Lluhí i Vallescà, del Partit Nacionalista República d’Esquerra.

Las sesiones empezaron el 27 de mayo de 1935 y se prolongaron hasta el 31 del mismo mes. Ante una audiencia compuesta por curiosos y periodistas el President se erigió en verdadero protagonista y, a diferencia su homólogo del 27 de octubre de 2017, mostró gran valentía y asumió toda la responsabilidad de los hechos con un discurso para la Historia del que reproducimos un pequeño fragmento: “Afirmo por mi honor delante del Tribunal y de mi país, y para la Historia, que la reunión que el Gobierno de la Generalitat celebró el 6 de octubre, en la que fue aprobada por unanimidad la alocución y el acuerdo que leí desde el balcón de la Generalitat esa misma tarde la motivó la discusión, el examen de los antecedentes y el de las circunstancias políticas planteadas. No versó más que sobre eso, sobre si era acertado o no suponer que la República ganada el 14 de abril estaba en grave e inminente peligro, de este modo estándolo también la libertad de nuestro pueblo.”

Companys tenía plena conciencia de haber quebrado la Constitución y el Estatut con su acto, pues al fin y al cabo la proclamación del Estado Catalán dentro de la República Federal Española era dar a luz a un ente inexistente dentro la legislación vigente en aquellas fechas. El 6 de junio de 1935 el Tribunal emitió la sentencia que condenaba a treinta años de cárcel por el delito de rebelión. Companys, Joan Lluhi y Joan Comorera recalaron en el penal del Puerto de Santa María, mientras Mestres, Barrera, Gassol y Esteve en el de Cartagena.

Penúltimo acto antes de la tragedia

Los siguientes meses apretaron el acelerador en la escena política. Los escándalos Nombela y del Estraperlo pusieron contra las cuerdas al gobierno, convocándose elecciones para el 16 de febrero de 1936. La cita con las urnas exhibió la división del país en dos bloques, trasladándose el mismo contexto en Cataluña, donde las derechas se presentaron en bloque con el Front Català d’Ordre. Por su parte la izquierda hizo piña con el Frente Popular al que incluso, en una decisión inaudita, dio su apoyo la CNT al no pedir la habitual abstención. Los carteles de esa campaña quizá se recuerden dentro de poco. Muchos de ellos hablaban de la liberación de los presos catalanes y asturianos.

Los resultados arrojaron una apretada victoria progresista en España y abrumadora en Cataluña. Lerroux, hundido con todo el Partido Radical, y Cambó se quedaron sin acta. El 22 de febrero Manuel Azaña concedió una amplia amnistía por delitos políticos a más de treinta mil encarcelados, entre ellos Companys y su govern, restablecido en sus funciones desde el primero de marzo. El President recibió emocionado y enfermo el clamor ciudadano desde que entró al Principado por Móra d’Ebre. Fue un breve veranito de San Martín antes de la tragedia.

Lluís Companys (Tarrós, 1882- Barcelona, 1940) es una de las figuras más manipuladas de la reciente Historia de España. Como estamos en una época donde el relato del pasado se resume en cuatro pinceladas para desdibujarlo y simplificarlo su nombre ha quedado identificado con su fusilamiento en el Castillo de Montjuic tras la derrota republicana en la Guerra Civil. Companys fue mucho más que eso, ante todo un hombre consecuente con sus ideales, quizá demasiado, hasta el punto de adolecer de cierta ingenuidad, como si fuera incapaz de adoptar siquiera una pizca de realpolitik. Otro gran falseamiento de su legado es la reciente identificación, casi nunca desmentida por sus oponentes, con la causa independentista.

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