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"España no es irreformable: el problema es institucional"

El politólogo José Fernández-Albertos publica 'Antisistema', un estudio sobre las consecuencias políticas de la desigualdad

Foto: Una manifestación en Madrid en 2012. (Efe)
Una manifestación en Madrid en 2012. (Efe)

El derrumbe de los partidos tradicionales es uno de los procesos políticos centrales de nuestro tiempo. Muchas claves para entenderlo están en 'Antisistema. Desigualdad económica y precariado político’ (La Catarata), escrito por José Fernández-Albertos, doctor en Ciencias Políticas por la universidad de Harvard y científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. El libro convence por su rigor y detalle técnico, que Albertos utiliza para resolver —entre otros asuntos— la enconada polémica de si Donald Trump ganó realmente por los votos de la clase obrera blanca.

Portada de 'Antisistema'
Portada de 'Antisistema'

"Trump y Clinton no compitieron en 2016 en una especie de tabula rasa en el que las identidades partidistas previas, las tradiciones políticas de los votantes y los asuntos que entran en la agenda política fueran irrelevantes (…) Entre los americanos que viven en hogares con una renta menor de 30.000 dólares anuales, la abrumadora victoria de Obama frente a Romney en 2012 se redujo en más de la mitad, de 28 a solo 12 puntos", explica. Aunque el votante del Partido Demócrata sigue teniendo una renta media inferior, Trump atrajo muchos más votantes pobres que su partido en las anterior elecciones (además, en algunos estados muy disputados, esta subida fue clave). Por tanto, si escogemos la lectura dinámica en vez de la estática, Trump ganó por los votos de la clase obrera blanca. ‘Antisistema’ no solo aporta sólidos argumentos estadísticos, sino un retrato complejo del creciente desapego hacia las instituciones políticas.

PREGUNTA. Su ensayo se centra en problemas como la desigualdad y la desconfianza en la democracia, que es creciente en los jóvenes. Relacionando ambos, me da la sensación de que los conflictos generacionales se utilizan muchas veces para ocultar los conflictos de clase.

RESPUESTA. Sin duda, este es uno de los problemas, que hay muchas cuestiones que se solapan. Hace cuarenta o cincuenta años los estados del bienestar tenían una clase trabajadora relativamente organizada, con canales de influencia para que sus demandas fueran escuchadas por el poder político. Ahora encontramos amplias capas de población que tienen situaciones muy diferentes. Ahí entra el debate, en auge ahora, sobre las políticas de la identidad. Es verdad que hay una atomización de grupos reclamando distintos derechos: las mujeres, los homosexuales, los defensores de los animales… No creo que sea un complot maquiavélico del capitalismo, sino que tiene que ver con que la nueva economía de la globalización genera necesidades distintas en grupos diferentes. Por poner un ejemplo, los repartidores de Deliveroo no sienten que haya mecanismos que vayan a conseguir que la victoria de los taxistas se vaya a traducir en una ventaja laboral para ellos, ya que sus situaciones son demasiado dispares. Faltan políticas concretas que los comuniquen.

P. ¿Cómo se reúne a estos grupos dispersos?

R. Lo que veo más claro es que programas como la Renta Básica Universal pueden ayudar a crear espacios comunes. También me da esperanza la última oleada de reivindicaciones del movimiento feminista. Veo una capacidad para incidir en dinámicas del mercado laboral, por ejemplo el funcionamiento de los ascensos dentro de la empresa o la conciliación del trabajo con la vida familiar y personal. Lo interesante del feminismo es que es un movimiento que atraviesa clases sociales y une a mujeres del campo con las de la ciudad… Me parece que hay demasiado fatalismo, debemos atender a los signos de cambio también. Todo el magma que tenemos ahora puede ser articulado en el futuro. Por otra parte, también encontramos visiones demasiado ingenuas, que asumen que la creciente desigualdad tiene que llevar necesariamente a que los gobiernos se vean obligados a dar una solución, como pasó con los sistemas de Seguridad Social que surgieron tras la Gran Depresión. En realidad, las desigualdades son más sostenibles de lo que nos gustaría. Si te fijas bien, Franklin Delano Roosevelt fue una excepción histórica.

Me parece que hay demasiado fatalismo, debemos atender a los signos de cambio también

P. ¿Qué lección podemos aprender de esto?

R. Corremos el riesgo del precariado político, aquellos que sienten que su voz no es escuchada, se queden aislados socialmente. Nos guste o no, las clases medias son quienes deciden las agendas de los medios de comunicación, condicionan los programas de los partidos y hacen ganar o perder las elecciones. Estas clases medias pueden dejar de percibir como miembros de su comunidad a la gente que sobrevive en los márgenes de la economía, ya que tienen barrios diferentes, sus hijos van a colegios distintos y no comparten el ocio ni los lugares de vacaciones. De hecho, hemos visto como esta ruptura ocurría en Estados Unidos durante casi medio siglo.

P. La realidad nos muestra un crecimiento del clasismo, desde Hillary Clinton llamando "deplorables" a los votantes de Trump hasta simpatizantes de Podemos insultando en redes sociales a los andaluces que dieron la victoria al PSOE.

R. El mundo de las redes sociales lo hace todavía más visible y más enfermizo. Dejando a un lado las guerras de los partidos, donde más se nota esto es en los discursos sobre las ayudas sociales, que cada vez están más condicionados a "que se lo merezcan". Se ha impuesto la idea de que para dar una ayuda social hay que observar si el receptor se porta bien, tiene una vida familiar correcta y si hace lo que yo espero de él. Todo esto son solo juicios morales que nos alejan del concepto de derecho social. Muchas veces estas evaluaciones se enmascaran bajo la necesidad de eficiencia, que puede tener cierto sentido, pero supone una alteración del principio de ciudadanía. Se supone que todos estamos de acuerdo en que las personas en situación de vulnerabilidad deben ser protegidas, tanto ellos como sus hijos, para conseguir una mayor inserción social. Deberían minimizarse los juicios sobre si te has casado cuatro veces o si has tenido más hijos de lo debido o si no acudes a tantas entrevistas de trabajo como yo desearía. Ha resurgido la idea de que la gente que está abajo son demasiado distintos a las clases medias y no pertenecen a la misma comunidad política. Construir solidaridad entre clases es problemático y lo estamos viendo en el día a día.

P. ¿Cómo se recupera la empatía?

R. No está muy claro, pero muchos investigadores intuyen que esta extensión de la precariedad y de la incertidumbre también afecta a las clases medias. Las carreras de los jóvenes con recursos también se han vuelto más volátiles y peor pagadas que las de sus padres. Por otro lado, también hay muchas diferencias dentro del precariado, unos pueden trabajar tres meses y reunir dinero suficiente como para formarse un semestre en Londres, con o sin ayuda de sus padres, mientras que otros precarios corren el riesgo de acabar viviendo en la calle cuando solo consiguen trabajar medio año. Si se extiende que la percepción de la precariedad afecta negativamente a toda la sociedad crecerán las demandas de políticas para que se corrija lo que tenemos ahora. La otra opción es que las clases medias encuentren mecanismos para protegerse de esta vulnerabilidad y excluyan a quienes están peor. No hay que olvidar que los que más han perdido después de 2008 también suelen ser los sectores más políticamente apáticos, inactivos y desestructurados. Pueden pasar décadas perfectamente sin que las desigualdades se corrijan.

Si se extiende que la percepción de la precariedad afecta negativamente a la sociedad crecerán las demandas de corregirlo

P. Su libro habla de la creciente imposición de criterios tecnocráticos sobre los democráticos. ¿La lógica de las empresa nos convence más que la de los parlamentos?

R. El discurso tecnocrático es inmensamente popular, incluso entre partidos antisistema como el italiano Movimiento 5 Estrellas. Tiene que ver con muchos factores, pero uno de las principales es el descontento de la población con el sistema político, al que ya no ven capaz de reflejar las demandas de la mayoría. Es más un déficit de la democracia que una admiración por las empresas o por el "el gobierno de los más listos". El atractivo de la tecnocracia es mayoritario, pero creo que en las encuestas se pregunta de manera demasiado naíf. Por ejemplo: "¿Está usted a favor de que los expertos tomen las grandes decisiones?". Resulta costoso responder que no quieres que un problema lo resuelva alguien con muchos conocimientos. La prueba de fuego de la tecnocracia consiste en averiguar si también la apoyamos cuando hay que tomar decisiones divisivas, por ejemplo el aborto o sacar a Franco del Valle de Los Caídos o conceder a Cataluña la posibilidad de un referéndum. Ahí creo que el apoyo al gobierno de los expertos se desplomaría. El ejemplo más claro de tecnocracia son los bancos centrales, que además cuentan con un armazón teórico fuerte para su existencia, ya que tiene sentido dotarnos de instituciones que atiendan a los ciclos económicos más allá de los resultados electorales. Pero ya sabemos que cuando toman decisiones distributivas, tipo 'hacer la vida más un poco más fácil a Grecia o reforzar el cumplimiento de las reglas', empieza el descontento.

P. ¿Cómo se consigue que volvamos a confiar en las instituciones?

R. Muchas veces se pone como ejemplo a las socialdemocracias del norte de Europa. Por ejemplo, Suecia en los años noventa superó una crisis bancaria con reformas legislativas, liberalización de ciertos sectores y programas de reeducación de los trabajadores. Por supuesto, en el plano teórico, estoy de acuerdo. El problema es que ellos lo tenían mucho más sencillo porque partían de sociedades más igualitarias y con mucha mayor institucionalidad. Si todos vivimos en el mismo bloque de pisos, es relativamente fácil calcular cuánto tiene que aportar cada uno para la limpieza del portal. En cambio, si nos mudamos a una urbanización donde unos viven en chalés de trescientos metros cuadrados y otros en casetas de cincuenta vamos a tener muchas discusiones sobre el pago de los servicios comunes. No es necesariamente un problema de maldad, simplemente ocurre que cuanto más distintas son nuestras situaciones más complicado resulta ponerse de acuerdo en políticas para todos.

José Fernández Albertos en un programa de La Sexta
José Fernández Albertos en un programa de La Sexta

P. Su libro apuesta por las asociaciones intermedias como modo de profundizar en las democracias. España tiene una tasa de asociacionismo ínfima. ¿Nos pone esto en desventaja?

R. No existe una solución fácil. Nuestro asociacionismo es muy pobre y también está el problema del peso que tienen esas entidades en la gobernanza de un país, que es algo que se ha deteriorado en todo el mundo. El ejemplo más claro es como ahora se aprueban todo tipo de políticas laborales sin el consenso de los sindicatos. Eso me parece grave porque antes, cuando perdías unas elecciones, por lo menos tenías otra agarradera para intervenir en política durante esos cuatro años. Hablo lo mismo de un sindicato que de una asociación religiosa o de vecinos. Este entramado era una solución para que los intereses de todos siempre estuvieran representados. Los compromisos a largo plazo, los que abarcan más allá de una legislatura, se tomaban de acuerdo con estas asociaciones y todo el mundo se sentía escuchado.

P. Queda mucho trabajo por hacer.

R. Se suele decir que España es irreformable, pero no es un problema atávico, sino de las instituciones. No es que defendamos de forma irracional las cosas que ya tenemos, sino que cuesta confiar en los compromisos a medio y largo plazo. Hay personas que podrían estar dispuestas a renunciar a derechos que tienen ahora si pensasen que el futuro iban a ser capaces de asegurar que les darían una compensación posterior. Por ejemplo, se podría aceptar una rebaja de la seguridad laboral a cambio de mayores subsidios de desempleo, la famosa flexiguridad, pero al no tener sindicatos fuertes para controlar el proceso somos más reacios a ese cambio, que socialmente puede tener sentido. Hoy sabemos que la promesa de mejores subsidios de desempleo se evapora si viene la Comisión Europea y le dice a España que corte el grifo. Los mineros se niegan a salir de las minas y los agricultores europeos a renunciar a la política agraria actual porque si lo hacen desaparece su capacidad de influencia en Bruselas. Por desgracia, este problema de las instituciones se debate poco.

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