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"La vida de Brian' hoy sería delito": el pulso judicial contra la sátira toca fondo
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"La vida de Brian' hoy sería delito": el pulso judicial contra la sátira toca fondo

Las condenas por tuits satíricos y expresiones de odio se multiplican. Decenas de bromas e imágenes toleradas desde la llegada de la democracia se están convirtiendo ahora en delito

Foto: Montaje realizado por un joven de Jaén con el Cristo de una cofradía y su cara.
Montaje realizado por un joven de Jaén con el Cristo de una cofradía y su cara.

El pasado miércoles, un joven de Jaén fue condenado a pagar 480 euros de multa por subir a Instagram un montaje con el Cristo de una cofradía y su cara. Seguimos. El cantante de una banda punk (Rokavieja) tuvo que desembolsar 375 euros por gritar en un concierto “¡mucha policía, poca diversión!”. Hay más. El promotor de la pitada al himno nacional en la final de la Copa del Rey, 7.200 euros por injurias a la Corona y ultraje a España. No ha acabado. Una tuitera de apenas 20 años, Cassandra Vera, condenada a un año de cárcel por hacer chistes sobre la muerte de Carrero Blanco, asesinado por ETA en un atentado en 1973 y sobre el que hay miles de chistes en internet y en todas las hemerotecas desde la Transición.

La lista no para de crecer. El rapero César Strawberry, condenado por el Supremo a un año de prisión por tuits como este: "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina". En marzo del año pasado, un tuitero anónimo tuvo que pagar 720 euros por otro delito de odio (catalanofobia en este caso) a raíz de un tuit ("Poca mierda veo en Twitter por haberse estrellado un avión lleno de catalanes") tras el accidente del avión de Germanwings.

Hay críticas groseras o trogloditas o sin piedad humana, pero que no son delitos de odio

Condenas a raperos —algunos con comentarios mucho más sangrantes que los anteriores—, chistes del Valle de los Caídos que llegan a juicio, jóvenes detenidos por pintar de rosa la estatua de un torero, condenas de conformidad por poner en una iglesia el himno del PP mezclado con el 'Cara al sol'... Según juristas consultados, la combinación de cambios legales, la menor tolerancia ante la sátira, la desorientación generada por internet y la mano dura de policía, fiscalía y jueces nos conduce a una situación que no admite comparaciones en democracia. Y a una certeza: hoy, 'La vida de Brian' podría ser considerada delito contra los sentimientos religiosos; las letras del 'rock radikal' vasco de los ochenta, enaltecimiento terrorista, y muchos chistes de 'El Papus' llevarían al secuestro de la revista. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, ha estudiado muchos de estos casos y vive con preocupación el hecho de que "la represión de la sátira ya sea parte del paisaje". "Vivimos una oleada de menor tolerancia y devaluación de la libertad de expresión de ideas odiosas o irritantes. La sátira política no vive sus mejores momentos, cuando es casi más importante que la libertad de prensa", se queja.

Dopico subraya que no se trata de casos sueltos en juzgados aislados, sino una tendencia. En su opinión, hay dos casos especialmente llamativos: el de la procesión del 'coño insumiso' y el del chiste de Wyoming y Dani Mateo sobre el Valle de los Caídos. "Aquí los jueces hicieron una instrucción razonable y lo archivaron porque ni en los peores momentos de la Transición a nadie se le habría ocurrido criminalizar eso. Después llegaron las audiencias provinciales en sedes tan importantes como Madrid y Sevilla y mandaron reabrirlos. Son magistrados con galones los que dicen que hay que continuar. El delito de odio se aplica hoy a términos inaceptables y odiosos pero no delictivos. Hay críticas groseras o trogloditas o sin piedad humana, pero que sin embargo no son delitos de odio".

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El caso de la cofradía y el chiste del Valle de los Caídos acabaron archivados, pero tras vivir un largo un periplo judicial. Igual que ocurrió con el caso del cartel de los Carnavales de A Coruña que representaba a una persona disfrazada de Papa y bebiendo. Para evitar ese penar por los juzgados y ante la dureza de la fiscalía, muchos de los acusados acaban aceptando una condena en conformidad. Pagan una multa y se aseguran de que no habrá pena de cárcel. Es lo que ha hecho, sin ir más lejos, el joven de Jaén, al que inicialmente le pedían más de 2.000 euros pero que se quitó el problema aceptando el delito pagando menos de 500. También aceptaron penas de seis meses de cárcel —que no conllevan ingreso en prisión— dos chavales que en 2013 en una iglesia en Quijorna (Madrid) hicieron sonar el himno del PP remezclado con el 'Cara al sol'.

placeholder Cassandra, la tuitera de Murcia que se mofó en Twitter del asesinato de Luis Carrero Blanco. (EFE)
Cassandra, la tuitera de Murcia que se mofó en Twitter del asesinato de Luis Carrero Blanco. (EFE)

Nada que decir

Ni el Ministerio de Justicia ni la Fiscalía General del Estado han querido hacer comentarios al respecto. El primero, que sí habla sobre la prisión permanente revisable y sus consecuencias, ha declarado a través de una portavoz que es un tema judicial fuera de sus competencias. La Fiscalía, por su parte, sostiene que solo aplica la ley y que va caso a caso, y que si los legisladores endurecen los delitos de odio, que haya más condenas es la consecuencia lógica.

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina opina que "no todo vale en democracia" y es partidario de defender el derecho a la dignidad humana igual que se defiende la libertad de expresión. "Hay que encontrar un equilibrio en ese núcleo fundamental", comenta. En el caso del enaltecimiento del terrorismo, "hay conductas que el Código Penal tiene que recoger, pero se debería acotar muy bien cuándo es punible, cuál es la responsabilidad en el Código Penal y cuándo la falta no debe pasar de la sanción administrativa". El problema, subraya, es que no queda claro qué es delito y qué no es delito. "Por ejemplo, si decidimos que es delito hacer fotos satíricas de Jesucristo, pues habrá que perseguirlo siempre y con todas las confesiones".

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En algunos casos, como ocurrió con muchos de los cerca de 80 acusados en las diferentes fases de la llamada operación Araña, se han llegado a desplegar fuerzas policiales para detener a personas sospechosas de instigar el odio en Twitter. Al abogado Arkaitz Terrón lo arrestaron a las nueve de la mañana del 13 de abril de 2016 cuando salía de su casa. Cinco policías lo esperaban en la puerta y se lo llevaron derecho al cuartel. Le explicaron que estaba acusado de enaltecimiento del terrorismo por una serie de tuits escogidos entre miles. "Me quitaron el teléfono para comprobar que los mensajes habían sido escritos desde mi terminal y después me lo devolvieron", recuerda. Le pedían dos años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, además del pago de las costas.

El pasado miércoles, un joven de Jaén fue condenado a pagar 480 euros de multa por subir a Instagram un montaje con el Cristo de una cofradía y su cara. Seguimos. El cantante de una banda punk (Rokavieja) tuvo que desembolsar 375 euros por gritar en un concierto “¡mucha policía, poca diversión!”. Hay más. El promotor de la pitada al himno nacional en la final de la Copa del Rey, 7.200 euros por injurias a la Corona y ultraje a España. No ha acabado. Una tuitera de apenas 20 años, Cassandra Vera, condenada a un año de cárcel por hacer chistes sobre la muerte de Carrero Blanco, asesinado por ETA en un atentado en 1973 y sobre el que hay miles de chistes en internet y en todas las hemerotecas desde la Transición.

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