Archivada la causa contra Teddy Bautista y Caco Senante por apropiación indebida

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional de la causa separada de la Operación Saga por la que el juez José de la Mata pidió el pasado 6 de junio juzgar al expresidente de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista, al cantante Caco Senante y a los exdirectivos de la sociedad Ricardo Azcoaga y Enrique Gómez Piñeiro por delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulento.

El auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, asegura que "no existiendo indicios suficientes" la decisión adoptada por De la Mata "debe quedar sin efecto y, en su lugar, acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, lo que no impide su reapertura si se aportaran nuevos elementos que permitieran de forma fundada, razonada y justificada mantener la imputación".

Tras la decisión de De la Mata, los cuatro exdirectivos de la entidad interpusieron sendos recursos alegando que han sido ahora tenidos en cuento por la Audiencia Nacional. El pasado mes de junio, el juez de la Audiencia argumentó en su auto, en el que solicitaba la apertura de juicio oral contra los cuatros exdirectivos de la SGAE, que Senante obtuvo "de modo supuestamente ilícito" y con el consentimiento de los otros tres investigados cantidades que ascendieron a 30.354 euros a través del pago de nueve facturas, giradas de octubre de 2010 a junio de 2011, por servicios de asesor que fueron a parar a una sociedad de la que es administrador único. Además, el cantante canario compró un timple por importe de 20.000 euros saltándose la normativa de la sociedad para las adquisiciones que superen los 6.000 euros.

La sección tercera de la Sala de lo Penal dice ahora que "la lectura de dichos indicios no permite obtener otra conclusión que acreditar la realidad de los pagos efectuados, y la existencia de una serie de comunicaciones entre el sr. Senante y el director financiero sobre los requisitos que debían reunir las facturas emitidas pero nada se indica sobre la supuesta falsedad documental, o sobre la simulación o inexistencia de las gestiones o actividades y actuación abusiva en perjuicio de la sociedad".

De igual modo, el escrito determina que "no se aprecia irregularidad en la contratación de un consejero para la prestación se servicios profesionales pues los estatutos de la SGAE no establecen ninguna limitación o incompatibilidad al respecto. En todo caso, aun cuando la contratación del sr. Senante no fuera autorizada por el Consejo no existe duda alguna de que los miembros del directorio y, desde luego, los integrantes de la delegación de Canarias tuvieron perfecto conocimiento y que las actividades y gestiones de asesoramiento y apoyo fueron efectivamente realizadas en principio en beneficio de la SGAE". Respecto a la compra del timple, añade que no consta que la normativa de la sociedad respecto a las adquisiciones estuviera aprobada ni su especificidad sobre si los 6.000 euros de tope por factura o importe total.

"Los hechos en que se basa el escrito de conclusiones provisionales -"las facturas no respondían a servicio comercial alguno realizado por la mercantil emisora" o que se trataba de "supuesta e imprecisa actividad en la mencionada región"- se revelan como inciertos y los indicios consignados en el auto de transformación son insuficientes para mantener la imputación pues de ellos solo se desprende la realidad de los pagos así como al posterior valoración pericial del instrumento musical adquirido. No es por tanto procedente la transformación del procedimiento y eventualmente la apertura de juicio oral sobre la base de meras conjeturas a partir de hechos que carecen de relevancia penal", concluye.