Pleitos, dietas y sueldazos: la lujosa decadencia de la 'SGAE de los escritores'

Una está en la calle Miguel Ángel, a dos pasos de la Castellana, en Madrid. La otra en el Carrer de Pau Claris, junto al Paseo de Gracia, en Barcelona. Las sedes del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) se alojan en dos de las manzanas con el metro cuadrado más caro de España. Y desde tan privilegiadas atalayas, defienden los derechos de autor de un colectivo menesteroso y que atraviesa un momento muy difícil, asfixiado por la piratería y la transformación de los hábitos de lectura.

La paradoja ilustra el desequilibrio entre representados y representantes, que salta a la vista comparando otros detalles: el sueldo de la directora de CEDRO, Magdalena Vinent (en el cargo desde el año 2000), asciende a 132.000 euros, una cantidad equivalente a los ingresos anuales de Libros del KO, una de las pequeñas editoriales alternativas de moda.

Son tiempos difíciles para la industria, y entre los 23.127 asociados de CEDRO (más del 90% son autores) se hacen cada vez más frecuentes las críticas a la gestión de sus derechos. Hay quien se queja de que, aunque los estatutos lo prohíben, los miembros de la junta directiva y de las diferentes comisiones reciben 310 euros en calidad de dietas que no tienen que justificar (los gastos van a parte) por cada una de las reuniones a las que asisten (de media, una al mes), una cifra a la que muy pocos escritores españoles consiguen llegar cobrando sus derechos de autor anuales.

Los miembros de la junta directiva y de las diferentes comisiones reciben 310 euros (más gastos) por cada una de las reuniones a las que asisten mensualmente

El desajuste cobra forma en situaciones como la que describe Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, que recibe ingresos de CEDRO por dos conceptos distintos. Por cada reunión mensual de la Comisión de Préstamos Bibliotecarios de la que forma parte, se lleva esos 310 euros, cinco veces más de lo que cobra anualmente por el 'copyright' de toda su obra. "Tengo más de 20 libros publicados y no me corresponden más de 60 euros por derechos de autor", admite.

"Entre las 37 personas que trabajan a tiempo indeterminado en CEDRO, se reparten más de dos millones de euros, casi un tercio de lo que se recauda, sin contar todos los gastos que están externalizados", denuncia un miembro de la Comisión de Control Económico, quien se muestra especialmente irritado por las dietas. "Pedí que el auditor hiciera constar que ese pago era contrario a los estatutos y que se devolviese todo el dinero cobrado, algo que por cierto no pusieron en el acta", dice.

"El colmo es que había faltas de ortografía en el borrador. ¡En una asociación que defiende a los escritores!", se queja. Desde CEDRO se defienden argumentando que los sueldos equivalen a los de las otras entidades de gestión de derechos intelectuales, que se han producido recortes de plantilla en los últimos años, que se han congelado los salarios y que intentan ahorrar, por ejemplo, reuniéndose cada vez más a menudo por videoconferencia para no tener que costear desplazamientos.

"Un regalo a la industria tecnológica"

Las cosas no siempre fueron tan mal. A CEDRO, una de las ocho entidades de gestión de derechos intelectuales, le ha pasado por encima un huracán que ha dejado al aire sus vergüenzas: una mezcla de ensañamiento político, presión de la industria tecnológica y rechazo de la opinión pública.

El responsable de la gestión comercial de la entidad, Pedro Sánchez Álvarez, lo resume en dos cifras. En el año 2008, explica, recaudaban casi 38 millones de euros por copia privada, un dinero obtenido con el famoso 'canon' a máquinas fotocopiadoras, escáneres, etcétera. Siete años después, en 2015, no se alcanza el millón de euros, y tras eliminarse el canon, la cifra sale directamente de los Presupuestos Generales del Estado.

“Dos decretos consecutivos nos dejaron temblando, y se hizo con ensañamiento, sin previo aviso. Desde el Gobierno eliminaron la compensación por copia privada. Fue un regalo para la industria tecnológica que, por supuesto, no ha bajado los precios de sus productos de copia por ello. El Estado no solo no ha ahorrado nada, sino que lo poco que ingresamos ahora sale de sus presupuestos. Es un contrasentido que va contracorriente con lo que pasa en el resto de Europa”, comenta Javier Díaz de Olarte, jefe del Departamento Jurídico.

Peor que Polonia

Las cifras del entorno europeo les dan la razón. Al menos en esto. Los belgas pagan anualmente más de dos euros per cápita como compensación de derechos de autor. Los holandeses, algo menos. La media se sitúa en torno al euro. ¿En España? 0,158 euros. “En la comparativa de 2013, solo Polonia está por debajo de nosotros, pero están avanzando mucho últimamente y seguro que ya nos han superado”.

La caída de ingresos y el aumento de socios (más de 8.000 desde 2008) han secado drásticamente el manantial que regaba a autores y editores. Por ilustrarlo con un caso concreto, una pequeña editorial obtuvo 3.600 euros en 2008. En 2015, apenas superó los 100. Y la caída es aún más dramática para los autores, a los que se destina un 55% de los cerca de cinco millones a repartir (el restante es para los editores).

"Recurrí a ellos para que me buscasen la propiedad de los derechos de autor de una obra rusa y, aunque el servicio era de pago, no consiguieron nada"

¿Es la aportación de CEDRO relevante para sus beneficiarios a día de hoy? El Confidencial consultó a una docena de ellos: novelistas, ensayistas, profesores de universidad, traductores, grandes, pequeños y medianos editores... De los que están asociados, la mayoría no sabía exactamente cuánto le habían ingresado en el último año y ninguno lo considera relevante para sus finanzas. Muchos, generalmente los más jóvenes, ni siquiera habían oído hablar de la entidad.

"La sensación es que apenas sirve para nada. Yo solo recurrí a ellos para que me buscasen la propiedad de los derechos de autor de una obra rusa y, aunque el servicio era de pago, no consiguieron nada", explican desde una pequeña editorial madrileña. "Quizás a las editoriales que publican libros de texto les llegue algo más de dinero, pero no conozco ningún escritor o académico que lo tenga en cuenta a la hora de hacer planes", se queja por su parte un conocido escritor catalán.

Pleitos a las universidades

“Lo que ingresas no depende de las ventas, sino que se utilizan baremos en función del tipo de libro, etcétera. El último año me ingresaron 80 euros y me consta que mucha gente cobra más o menos esa cifra. Llevo asociada cinco o seis años. Yo sí creo que su labor es importante, al menos hay alguien que defiende el sector, pero desde luego no me supone un alivio económico”, comenta Amelia Pérez de Villar, escritora y traductora, asociada a CEDRO y miembro de una de sus comisiones, que apunta que en España "la gente todavía tiene la idea de que los que escribimos somos seres que estamos en un despacho estupendo, hacemos lo que nos da la gana y solo si nos vienen las musas. Y no es así".

En los últimos años, CEDRO pelea por su reconversión y defiende la vigencia de su actividad, que también financia proyectos sociales, pese a que en España, dicen, cada vez cuesta más defender la trinchera de los derechos de autor. Tras la eliminación del canon y la consecuente asfixia financiera, han emprendido una ofensiva de pleitos en las instituciones europeas y otra en los tribunales españoles para recuperar los derechos perdidos y, de manera simultánea, cobrar licencias de copia a instituciones educativas, empresas, etcétera. Por ejemplo, por los materiales que se distribuyen en las universidades, sobre todo a través de los campus virtuales, donde se cuelgan extractos de libros especializados en las respectivas intranet.

En marzo de 2016, alcanzaron un acuerdo con la conferencia de rectores (la CRUE) para recaudar tres millones de euros a repartir entre 76 campus. Para instituciones educativas como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que a su vez afrontan desequilibrios presupuestarios, esto supone un gasto de más de 200.000 euros anuales. Otro frente que intenta abrir es el de la remuneración por préstamo a bibliotecas públicas y privadas. “El principal obstáculo es que existe un problema de concienciación en España. Aquí poca gente le da importancia a los derechos de autor y a nosotros nos toca defenderlo, un proceso que es lento y muy trabajoso”, explica Carmen Cuartero, responsable de Comunicación.