La SGAE se rebela contra el nuevo sistema de tarifas del Gobierno

Agosticidad. Sorpresa. Despropósito. Decepción. El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Luis Acosta, así como su principal opositor, José Miguel Fernández Sastrón, coinciden en la forma de calificar el borrador para desarrollar la normativa que regulará las nuevas tarifas para recaudar los derechos de autor, hecho público por el Ministerio de Cultura.

Este documento, publicado el 31 de julio y que da de plazo para presentar alegaciones hasta el 18 de agosto -"han aprovechado la primera quincena de agosto, que todo el mundo sabe que hay mucha actividad, para colarnos esto", afean-, determina de qué forma se deben cuantificar las tarifas que utilizan las entidades de gestión para cobrar los derechos de autor a quienes explotan la obra de sus autores. Algo que desde la SGAE han visto como una injerencia que, aseguran, van a combatir, además de criticar que el documento se ha redactado sin contar con ellos y responde a los intereses de los usuarios y los lobbies antes que a los de los autores.

¿Qué es este borrador?

La Ley de Propiedad Intelectual obliga a las entidades de gestión a establecer un nuevo catálogo de tarifas a través de una metodología que debe ser aprobada con una orden ministerial, tras lo cual las sociedades tendrán seis meses para aprobar el nuevo modelo de tarificación. Dicho esto, este borrador especifica qué tipos de tarifas se deben aplicar de ahora en adelante y en base a qué criterios se calculará su precio.

El órgano que debería proteger la creación de nuestro país se dedica a poner piedras en el camino a los autores

Concretamente, la orden reza que se debe establecer "un catálogo de tarifas generales simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización del repertorio. El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, buscando el justo equilibrio entre ambas partes y atendiendo al valor económico de la utilización, en la actividad del usuario, de los derechos sobre la obra o prestación protegida", además de otro segundo grupo de tarifas negociadas directamente mediante acuerdos.

El criterio económico, prosigue el borrador, se calculará según la relevancia del uso del repertorio, la amplitud del repetorio, el grado de uso e intensidad del uso del repertorio, los ingresos económicos obtenidos por el ususario por la explotación comercial del repertorio y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación de las tarifas. En función de esto, habría tres tipos de tarifas: de uso frecuente o continuo, promediada o de uso puntual o limitado. Además, también recoge que dichas cuantías deben estar homologadas al resto de tarifas vigentes en la Unión Europea.

¿Por qué lo critica la SGAE?

“Leyendo el texto se concluye que el órgano que debería proteger la creación de nuestro país se dedica a poner piedras en el camino a los autores. Este lamentable documento es un borrador hecho a espaldas de las entidades de gestión, de los titulares de derechos y al dictado de los usuarios de la Propiedad Intelectual; de todos aquellos que explotan la propiedad ajena. El Ministerio de Cultura, en vez de velar por el desarrollo de la cultura y salvaguardar los intereses de los creadores, ha cedido a la presión de los lobbies de los grupos económicos de intereses ajenos a nuestro sector”, escribe Acosta en una tribuna titulada Estupor veraniego en la página web de la SGAE.

Acosta prosigue asegurando que el borrador deja patente el "desprecio manifiesto de nuestros gobernantes hacia los autores". “Está redactado de una forma claramente dañina para los titulares de derechos y muy beneficiosa y escorada hacia los usuarios. Los autores defendemos el derecho a ser nosotros mismos quienes fijemos el precio de nuestra obra”.

Sastrón explica a este periódico que, en primer lugar, esta orden del Ministerio de Cultura se extralimita en su contenido ya que, garantiza, debería únicamente establecer la metodología para crear las nuevas tarifas y no desarrollarlas. "Es un despropósito. Este borrador es prácticamente el desarrollo reglamentario de una ley. Se han excedido en su habilitación porque una orden ministerial no puede ser un reglamento que desarrolla una ley. Hay que pedir su retirada", afirma.

La SGAE presentará sus alegaciones la próxima semana y uno de los aspectos que destaca Sastrón es el referente al artículo 19 del borrador, por el que habrá "tarifas diferenciadas para aquellos usuarios que tengan encomendada la gestión de servicios púiblicos de radio y televisión, carezcan de ánimo de lucro y tengan legamente impuestas obligaciones del fomento de la cultura, debiéndose tener en cuenta dicha condición como un elemento corrector en el precio por el uso de los derechos". "No entendemos por qué tenemos darles una tarifas especiales a los entes públicos, que ya sufragamos con nuestros impuestos como todos los ciudadanos. Al final, el perjucio para los autores es en beneficio del usuario y, entre ellos, a la administración pública que se ha hecho una autorebaja por el hecho de ser públicos", replica Sastrón.

"La única lectura es que todo va a depender de las necesidades de los usuarios. ¿Por qué somos los autores los únicos que tenemos que prescindir de la capacidad de valorar nuestro trabajo?", prosigue para remarcar la subjetividad de criterios que determinarán la cuantía económica como la intensidad de uso o el tiempo. De igual modo, Acosta finaliza su opinión afirmando que van a combatir el borrador. "En los últimos días, muchos autores y editores socios de la SGAE a quienes represento, no dejan de plantearme la misma cuestión: ¿Alguien obliga a Apple a fijar el precio de sus iPhones según criterios ajenos a sus intereses? Desafortunadamente, la cuestión es tan obvia que no puedo más que permanecer en estado de estupor y expresar mi total incredulidad con la acción de este Gobierno”, concluye.