El Gobierno reforma la Ley de Propiedad Intelectual para un año

Ya está, se acabó, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual queda vista para sentencia en el Congreso de los Diputados. Después de rechazar 203 enmiendas presentadas por la oposición, el pleno del Senado ha aprobado el texto –únicamente con los votos del PP a favor- sin mover una coma del proyecto del Gobierno, pero con un añadido en su disposición final cuarta, donde se aclara que la reforma tiene una validez por un año. Una vez pasado el plazo, vuelta a empezar y en otra legislatura, y quién sabe si con otro Gobierno.

En la disposición se indica que el Gobierno tiene un año para realizar “los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento”. Es decir, lo que el Gobierno apruebe ahora no servirá más que para cerrar una reforma desacreditada en su nacimiento, por sus propios promotores.

Curiosamente, se apunta en el añadido la “colaboración con todos los sectores y agentes interesados”, a pesar de haber recibido en el Senado una reprimenda de todos los grupos de la oposición por no haber colaborado ni abierto un diálogo, durante la creación de la nueva norma que reemplazará a la de 1996, con esos sectores y agentes interesados. De hecho, a pesar de haberse anunciado la creación de un grupo de trabajo con las entidades de gestión nunca llegó a ponerse en marcha, como tampoco se incorporaron las reclamaciones del Consejo de Estado antes de su aprobación del Consejo de Ministros.

Uno de los efectos de esta falta de acuerdo son las concentraciones del sector cultural a la puerta del antiguo Ministerio de Cultura y actual Secretaría de Estado de Cultura, pidiendo, primero, la intervención de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y, luego, voz en grito, la dimisión de José María Lassalle. Consideran la eliminación del Canon Digital y la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado un maltrato a sus derechos.

De 5 a 20 millones porque sí

Ayer, en la tribuna el debate se centró, precisamente, en la disputa de la compensación. El senador del PP Alberto Casero Ávila aseguró que su grupo intentó “llegar hasta el último momento a acuerdos”, aunque también dijo que la compensación por la copia privada para 2015 no serían 5 millones de euros, sino 20 millones de euros. Sin embargo, en los Presupuestos Generales se detalla que la compensación equitativa a los beneficiarios será de 5 millones de euros.

Además, cargó contra el senador del PSOE, Domingo Fuentes, quien en el turno anterior dijo que el PP estaba legislando con un “claro tufillo de vendetta contra el sector cultural”, y calificó el proyecto de ley como “negativo en sus formas y en su fondo”. Fuentes, demasiado atrevido, puso como modelo a seguir la Ley Sinde, “un referente en Europa”, porque supuso la defensa de los derechos de los titulares y no su destrucción. Acabó señalando que el Gobierno entiende la cultura “como un lujo y como algo de lo que se puede prescindir”.

Casero Ávila no consintió esto y lanzó su diatriba más agresiva: “Ustedes utilizan al mundo de la cultura para conseguir lo que quieren. ¡El mundo de la cultura no es de ustedes! Ustedes han entendido el modelo de la cultura como una cultura subvencionada a sus intereses”.

Los grupos de la oposición coincidieron en calificar la reforma de una ley esencial en el reconocimiento de las industrias creativas de “parche”, “verdadero despropósito”, “inválida”, “ajuste de cuentas”, mientras reiteraban sus críticas a la compensación con cargo a los Presupuestos Generales así como la previsión de que los agregadores de contenidos paguen un canon a los grandes editores de periódicos.