“Los autores no nos sentimos representados por este Ministerio de Cultura”

Tal y como adelantó este periódico ayer, el Tribunal Supremo deja en suspenso el procedimiento de la Ley de Propiedad Intelectual al preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es compatible con la directiva europea. Será Luxemburgo quien dicte si la propuesta de la ley de promovida por José Ignacio Wert –y conocida vulgarmente como Ley Lassalle- es o no legal.

“El TS ha dado un paso decisivo al dirigirse al TJUE y lo hace porque ve fundados motivos para paralizar el desarrollo de la norma”, explica a este periódico José Luis Domínguez, el director general de DAMA, una de las tres asociaciones (VEGAP y EGEDA) que presentaron el recurso ante el órgano constitucional. “De hecho, es un paso previo contra la normativa del Gobierno, que debería suspender el proyecto que tiene ahora mismo en el Senado, porque lo está cuestionando el TS y muy posiblemente el TJUE decrete su incompatibilidad”, añade.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha emitido un comunicado en el que señala que una cuestión prejudicial ante el TJUE “no suspende la tramitación de una reforma legislativa”, pero “sí conlleva la suspensión del procedimiento judicial en la instancia judicial nacional hasta que se pronuncie el TJUE”, tal y como adelantó El Confidencial.

En el mismo escrito, el Ministerio resta importancia al hecho de que el TS haya consultado por la incompatibilidad de parte del articulado de una norma al TJUE: “Es una consulta entre órganos”, asegura. Rafael Sánchez, de EGEDA, replica esta trivialidad con la que la cartera de José Ignacio Wert despacha el asunto, porque “cuando actúa el Supremo sólo lo hace cuando hay algo que no encaja, no es un trámite judicial más y simplemente se está armando de legitimidad para paralizar esa normativa”. “Ese es el motivo por el que la ley no ha tenido consenso en el Congreso de los Diputados”, añade.

“Esto es un ataque frontal a los autores y no sabemos el porqué. Antes los autores cobraban la compensación por la copia privada por el canon que pagaban las industrias tecnológicas, pero ahora lo pagamos todos los españoles”, explica José Luis Domínguez, para quien este sistema no asegura el vínculo del que copia es el que paga. El responsable de DAMA cuenta que el ciudadano no ha recibido ningún beneficio desde el cambio en 2011 que promovió el ejecutivo de Mariano Rajoy, porque los equipos reproductores no han bajado los precios “a pesar de la retirada de 110 millones de euros”.

La cultura sin representación

“Los autores no nos sentimos representados por este Ministerio de Cultura”, ha dicho Domínguez. Por su lado, Rafael Sánchez apunta que la eliminación del canon significa una pérdida para la industria cultural de esos más de cien millones de euros “y ese dinero se ha quedado en el bolsillo de los fabricantes de los equipos y soportes”. “Desde luego, esta medida no favorece a la industria cultural, sino a la industria de la tecnología”, señala el responsable de EGEDA.

“Quiero creer que la industria tecnológica no manda en el Gobierno, pero los autores nos sentimos perjudicados por los autores del Gobierno. Afortunadamente, tenemos los tribunales para defendernos de este ataque”, dice Domínguez.

Las ocho entidades de gestión agrupadas en la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) también se han sumado al auto del TS para pedir un cambio de sistema de compensación inmediato. Reclaman al Gobierno que adopte el modelo de compensación instaurado en la mayoría de los países del entorno europeo por el que son los fabricantes de soportes y equipos los que tienen que hacer frente a esta compensación.

Por su parte, el nuevo secretario de Cultura del PSOE, Iban García del Blanco, ha señalado que la decisión del Supremo de plantear una cuestión prejudicial sobre la compensación por copia privada, demuestra la "inexistencia de diálogo por parte del gobierno del PP".