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El Tribunal de Cuentas acusa al Prado de “debilidad" en la gestión del patrimonio
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El museo reclama un análisis "fiable, profesional e independiente"

El Tribunal de Cuentas acusa al Prado de “debilidad" en la gestión del patrimonio

El Tribunal de Cuentas ha publicado el resultado de la fiscalización que ha ejecutado sobre la gestión del Museo del Prado y las conclusiones no son

Foto: Una imagen de la exposición "Las furias. De Tiziano a Ribera". (EFE)
Una imagen de la exposición "Las furias. De Tiziano a Ribera". (EFE)

El Tribunal de Cuentas ha publicado el resultado de la fiscalización que ha ejecutado sobre la gestión del Museo del Prado, y las conclusiones no son satisfactorias para la institución. Entre las acusaciones más graves del organismo responsable de juzgar las cuentas públicas, destaca la que señala la “debilidad” en la “gestión de los bienes artísticos” por “ausencia de un organigrama” y de “normas internas que regulen las actividades”.

El Prado, por su parte, en las alegaciones a estas aseveraciones, asegura que los procedimientos “se han desarrollado a lo largo de muchos años en la institución”. Asume que esos procesos históricos “pueden normalizarse para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión”, pero, como son procedimientos que requieren “flexibilidad”, es preferible que “no deban tener carácter normativo”.

Explica e insiste el informe en la carencia de normas internas aprobadas por órgano competente (Real Patronato), porque revela debilidades en el control del museo. Por eso en sus trece recomendaciones que el organismo exige al Prado aparece “aprobar unas normas internas” sobre las actividades técnicas y administrativas que desarrolla, sobre todo en las relativas al ejercicio de la conservación preventiva y la seguridad.

Crítica pormenorizada

El informe se desglosa en tres partes: el repaso a las cuentas y resultados económicos, el análisis del cumplimiento de la legalidad y el examen de sistemas y procedimientos museográficos. Mientras en el primer apartado se dibuja a un museo que administra sus fondos de manera conservadora, la fiscalización en la segunda parte entra en choque, según las alegaciones del Prado, con la Abogacía del Estado al cuestionar la legalidad de sus procedimientos.

Pero la parte más crítica es la tercera, donde se detallan, a ojos del Tribunal de Cuentas (TC), con mayor profusión los errores de gestión museográfica. Esboza la falta de mecanismos de control y de políticas claras por parte del museo. Fuentes del Prado consultadas por este periódico se muestran especialmente molestas y en contra de las reflexiones de la última parte, al considerarlo un análisis subjetivo e injusto con la entidad y con el compromiso de sus trabajadores.

Cree recomendable también el TC la elaboración de un informe periódico sobre el estado de conservación de las colecciones del museo. Se le recomienda además la aprobación de unos criterios generales para la adquisición de bienes artísticos y reforzar de esta manera las funciones de su director. El museo contesta a esta petición: “No resulta conveniente la redacción de unos criterios básicos ya que solamente podrían reflejarse criterios generales y como tal no aportarían ningún valor a la política de adquisiciones”.

El rigor cuestionado

Sin embargo, podemos ver cómo el Victoria & Albert Museum tiene publicado en su web el documento Adquisition and Disposal Policy, sobre la política de compras. En él aparecen criterios y principios en los que entran los criterios estéticos, técnicos, históricos, documentales, etc. Lo curioso es que estos no se extienden sólo a las nuevas adquisiciones, sino también a la colocación de las obras de la colección en sala.

De hecho, en los epígrafes referidos a conservación, conservación preventiva y seguridad, el museo realiza unas alegaciones que descubren el enfrentamiento con el TC por la redacción del texto: “Reflejan la falta de conocimiento experto sobre las prácticas y técnicas internacionales consensuadas en la conservación y seguridad de las colecciones en los museos y ofrecen una visión que consideramos desvirtuada del rigor y profesionalidad del museo”. Es decir, zapatero, a tus zapatos.

Como el TC evita los paños calientes, suelta que “sólo un 55,5% de la colección del Prado se encuentra en buen estado”. La afirmación se fundamenta en el informe de estado de conservación de las colecciones que pidió el propio TC al museo. Llegados a este punto, los ánimos se encienden del todo: “Es una opinión subjetiva del fiscalizador, y no es una conclusión extraíble del informe citado”.De ahí que el museo reclame un análisis "fiable, profesional e independiente".

En peligro de conservación

“El museo es por definición un espacio para la gestión de la memoria y el conocimiento, entre cuyos objetivos y fines figura garantizar la protección y conservación de los bienes adscritos al mismo”. Por eso interpreta el museo que entre sus cometidos no está “tener todas las obras restauradas, sino garantizar su conservación”.

Pero el escrito va más allá cuando cita al ICOM (el consejo internacional de museos de la UNESCO) y reclama mayor atención al estado de las colecciones para garantizar su conservación. El museo contesta que “a diario los conservadores y restauradores supervisan la colección expuesta y trabajan en almacenes con la colección custodiada en ellos”. Por otro lado, asegura el museo que “no es una práctica habitual en el ámbito museístico” informar a sus órganos rectores.

Para el Prado el TC también “exagera” cuando lo acusa gravemente de “debilidad en el control interno operativo en materia de seguridad”, y ello se debe al “desconocimiento técnico” del fiscalizador. Además, señala que en ninguno de los 18 convenios cerrados como cesión de espacio se han cumplido los pagos.

Critica la “desactualización de los criterios generales para la ordenación de los depósitos del Prado Disperso, así como la ausencia de unos criterios básicos para la concesión de préstamos de obras a otras instituciones para la celebración de exposiciones temporales (en España y el extranjero).

Pero la lectura más grave del informe del TC es que ha ido más allá de la mera gestión del día a día y se ha detenido en señalar situaciones chocantes en las funciones y atribuciones del Patronato, legitimadas en los estatutos. Sus miembros (19 hombres, 6 mujeres) son responsables de supervisar y gobernar la actividad del museo. Sin embargo, el dibujo que hace el organismo del Patronato es de un estamento decorativo, que no tiene en sus manos los mecanismos imprescindibles de gobernanza para identificar y gestionar los posibles riesgos.

El Tribunal de Cuentas ha publicado el resultado de la fiscalización que ha ejecutado sobre la gestión del Museo del Prado, y las conclusiones no son satisfactorias para la institución. Entre las acusaciones más graves del organismo responsable de juzgar las cuentas públicas, destaca la que señala la “debilidad” en la “gestión de los bienes artísticos” por “ausencia de un organigrama” y de “normas internas que regulen las actividades”.

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