El fin del hijo pródigo de la burbuja inmobiliaria

Fue la estrella más rutilante de la España en expansión. Tanto personificó la belle époque económica que a Santiago Calatrava hasta le encargaron en 1992 el Puente del Alamillo, en Sevilla, para que la joven España presumiera ante el mundo de sofisticación en la Expo '92, cuando el boom económico y cultural hizo pico. Fue solo el inicio de su carrera. El tiempo y la borrachera de faraonismo lo llevaron de inauguración en inauguración, estrellando botellas de champán contra las paredes blancas y pulidas de sus edificios y botándolos así por todos los puertos  del boyante mar español, primero, y mundial después. Al principio fueron los puentes, después los auditorios y las óperas y, al final, hasta los obeliscos. Sus colegas en el estrellato le admiraban, los políticos de provincias se daban tortas por fotografiarse con él y hasta el ministerio de Fomento bendijo su eclosión en 2005 con el Premio Nacional de Arquitectura, nada menos, al conjunto de su obra. No había quién parase a Santiago Calatrava.

Su suerte, sin embargo, parece haber cambiado  con la de la propia salud económica española, quizá porque una y otra nunca fueron realmente cosas distintas. Ya no se trata de la animadversión que le han granjeado algunos de sus proyectos estéticamente polémicos, sino que su biografía judicial empieza a presentar el mismo aspecto desastrado que la de otros tantos en España, que antes brindaban sonoramente entre sí y hoy desfilan, metafóricos, de juzgado en juzgado.

Este viernes fue la segunda vez que Calatrava pasó por el de Oviedo, sin ir más lejos, y la segunda que lo hizo para salir de él con una condena en su contra. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de la ciudad condenó ayer al arquitecto  a pagar 3,27 millones de euros a Jovellanos XXI, la promotora que construyó su imponente Palacio de Exposiciones y Congresos, por fallos en la ejecución de la obra.

La indemnización, sin embargo, asciende en realidad hasta los 10,55 millones de euros, la cantidad más alta impuesta al arquitecto a resultas de un proceso judicial. Ocurre que el juez Pablo Martínez-Hombre condenó también a la promotora a pagar a Calatrava sus emolumentos, nada menos que 7,28 millones de euros, por lo que el arquitecto tendrá que desembolsar 3,27 millones, la diferencia entre ambas cantidades.  

A este paso ni siquiera con semejante retribución le van a salir las cuentas, ya que este es el segundo culebrón judicial que protagoniza el inmueble ovetense y en el anterior el juez tampoco resolvió a favor de Calatrava. Después del derrumbe en 2006 de una parte de la estructura el valenciano, su estudio Hoc Signo Vinces, la promotora y una subcontrata tuvieron que pagar a Allianz 3,5 millones de euros.

De momento no hay dinero para más elefantes blancos pero, ¿qué pasará cuando vuelva a haberlo? ¿Será este el fin del monumentalismo español del que Calatrava se ha convertido, –con su imparable éxito primero y su caída en desdicha después– en casi una alegoría?

El arquitecto Santiago Cirugeda espera que sí. "Los arquitectos tenemos una gran parte de culpa en lo que ha pasado", explica a El Confidencial sobre el monumentalismo y los gigantescos elefantes blancos que hoy, en plena recesión económica, acumulan polvo y facturas en bahías, paseos y avenidas. "Los políticos se han apropiado de la arquitectura para darse visibilidad, sí, pero los arquitectos hemos participado en eso y hemos hecho negocio con eso".

¿Podría haber sido de otro modo en plena expansión económica? Toda arquitectura es política "porque para llevarse a cabo exige la toma de decisiones políticas", matiza Cirugeda. Pero una cosa es la politización inevitable y otra, dice, la "partidización". "Los gobernantes de un determinado partido político prometían tal o cual edificio  en campaña, que era carísimo y no servía para nada, y los arquitectos se lo hacían por una barbaridad, pidiendo sumas desorbitadas a sabiendas de que las pagaba el contribuyente. Participamos en eso y quien diga que no, miente".

Es lo que ocurrió, casi literalmente, en Mallorca. El expresidente del Govern balear del PP, Jaume Matas, prometió en 2007 a los electores que Palma tendría un fastuoso palacio de la ópera diseñado por Santiago Calatrava, pero el proyecto se suspendió al perder el poder en los siguientes comicios. Cuatro días antes de abandonar su despacho, sin embargo, Matas firmó el pago de 1,2 millones a Calatrava –que según publicaron algunos medios era en realidad un inmueble que el arquitecto había diseñado años atrás para Zúrich– más 120.000 euros por dos maquetas y 80.000 euros por un vídeo. Hoy el asunto está en manos del juez José Castro, que contempla la posible adjudicación irregular del anteproyecto en la bahía de Palma a favor del arquitecto. 

Y es que hubo unos años, y no quedan tan lejos, en que todos querían a Calatrava en su callejero. Uno de los productos más emblemáticos que parió la burbuja fue el llamado Obelisco de Calatrava, un capricho de 92 metros en la Plaza de Castilla de Madrid por el que la malograda Caja Madrid y el Ayuntamiento de la capital pagaron en 2009 14,5 millones de euros –9 de la caja, 5,5 públicos–. 

A principios de 2012 el delegado de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, reconoció que el mantenimiento del monumento resulta también "más caro de lo pensado", algo que sabe con conocimiento de causa, ya que era director de estudios del arquitecto cuando se diseñó la columna. Poco antes se conoció un informe interno del Ayuntamiento que cifraba el mantenimiento del obelisco en 312.000 euros hasta el año 2014.

Un edificio que, como tantos otros, habría sido como un Mercedes comprado a plazos. "Muy brillante, muy caro, con un consumo desorbitado y que viene con un señor con corbata dentro", bromea Cirugeda. "Una ciudad no es mejor porque tenga un edificio singular en el callejero; una ciudad es mejor si reparte esa inversión en proyectos más pequeños y más necesarios", sentencia. Por esa razón el arquitecto se felicita por el fin del monumentalismo y arguye que "tenía que haber llegado antes". "En España no tendríamos que ver ni que pagar las barbaridades que se han hecho y que estamos pagando".

Un rosario de procesos judiciales

Algo que piensan también algunos fuera de nuestras fronteras. El World Trade Center Transportation Hub, el intercambiador que Calatrava proyecta en la Zona Cero de Nueva York, cuenta desde su anuncio con la oposición de un frente creciente de instituciones locales que se quejan de lo mismo que suelen lamentar todos cuando se trata de Calatrava: los costes. El presupuesto del arquitecto en la ciudad de los rascacielos –que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey calificó en su día de "inaceptable"– se ha multiplicado constantemente desde que empezó el proyecto, cuando iba a costar 2.200 millones de dólares, hasta la estimación actual, que va por los 3.400.

Es lo que ha pasado también en Venecia, cuyo Puente de la Constitución cambió cinco veces de precio hasta alcanzar los 11,7 millones de euros. Hace unos meses se supo que el arquitecto español  y otros tres ingenieros se verán las caras con la justicia italiana el próximo noviembre para enmendar el "daño" que han hecho al erario público transalpino, según su Tribunal de Cuentas italiano, con su famoso puente sobre el Gran Canal de Venecia.. La justicia del país le reclama a Calatrava 1.078.000 euros y más de 1.700.000 a cada uno de los responsables "únicos" de la dirección de los trabajos, Roberto Scibilia y Roberto Casarin. 

Tras diez años de investigación, el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carmine Scarano, concluyó así que se produjo un "desconsiderado aumento de los costes respecto a los gastos presupuestados", que pasaron de los 4 a los 11 millones de euros. Y no es la única crítica económica que hace el fiscal. Ya en 2012 aseguró que "en el futuro, [el puente] supondrá un constante y desproporcionado desembolso económico por parte de la administración, dado que sufre de una patología crónica caracterizada por la necesidad de una vigilancia constante y de un recurso continuo a intervenciones en modo alguno relacionadas con el mantenimiento de rutina". Scarano calificó todas las actuaciones en torno a la polémica obra, empezando por la planificación y la licitación, como un “asombroso y vergonzoso conjunto de errores".

El incremento de los costes es una constante en los proyectos de Calatrava, tolerados en su día por autoridades y patrocinadores. Su primer trabajo en Valencia –el puente del 9 d'Octubre, de 1988– se desvió más de un 175% de su presupuesto original y requirió la inversión de 2,7 millones de euros –455 millones de pesetas– pese a que iba a costar sólo uno. El Palau de les Arts Reina Sofía, también en su Valencia natal, se encareció durante su construcción casi un 210% y en 2005 costó 330 millones de euros.