Prisa gana su batalla judicial contra los accionistas 'rebeldes' afines al Gobierno

El Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid ha desestimado la demanda que habían interpuesto los accionistas de la empresa Global Alconaba --afines al Gobierno-- contra el acuerdo de refinanciación de la deuda financiera de Prisa, adoptado durante la primavera de 2025 y el cual incluye una cláusula que 'blinda' en la presidencia de la compañía a Joseph Oughourlian (29,99%).

Esta condición fue impuesta por los acreedores, Pimco, como modo de asegurar que ningún cambio abrupto en la estructura de mando o accionarial de la compañía pudiera dificultar el cobro de la deuda. Sin embargo, este grupo de socios minoritarios se había opuesto a ella al considerarla abusiva. Entre otras cosas, porque el propio Oughourlian había participado en el proceso de negociación, que aplazó el vencimiento de 855 millones de euros de adeudos desde 2026 hasta 2029. A su juicio, esto supuso un conflicto de interés.

La juez que firma la sentencia rechaza los argumentos de Global Alconaba (7%), al considerar que el pacto de refinanciación que se alcanzó era el único posible en aquel momento, lo que llevó a Prisa a aceptar una serie de condiciones (covenants) que fueron impuestas por los acreedores.

Refinanciación indispensable

La sentencia explica que, en marzo de 2025, a Prisa le urgía la búsqueda de una solución para su deuda, dado que, de lo contrario, en junio de ese año hubiera entrado en situación pre-concursal.

Sus informes de cuentas permiten apreciar que, de los 855 millones de euros que debía entonces a los bancos, un total de 240 millones de euros vencían en junio de 2026; y otros 575 millones, en diciembre de ese año. Además, contaba con otro tramo de 40 millones de deuda junior que debía amortizar durante ese ejercicio.

Si Prisa no hubiera alcanzado un pacto con Pimco antes de junio de 2025 —un año antes del primer compromiso de pago— se habría visto obligada a encarar el paso previo al concurso de acreedores, de ahí que afrontara una negociación compleja con los propietarios de su deuda y se viera obligada a firmar una serie de compromisos (covenants) que fueron impuestos por la contraparte, según expone la sentencia.

Filtraciones a la prensa

El texto también hace referencia a un episodio que hasta ahora no había trascendido y que expuso la entonces directora financiera de Prisa, Pilar Gil, y actual consejera delegada de la división mediática del grupo. Según detalla el texto, los acreedores de la propietaria de El País y la Cadena SER llegaron a romper la negociación, en su momento clave, ante las “filtraciones y el ruido mediático” que se desató con respecto a la posible vuelta del grupo a la TDT.

“Ello tuvo una incidencia económica negativa en el preacuerdo de refinanciación que se estaba gestando, endureciendo las condiciones pactadas, entre las que se incluyó la necesidad de abonar el tramo de la deuda junior con recursos propios”.

Esta última cantidad ascendía a 40 millones de euros y se recaudó a través de una ampliación de capital que suscribieron distintos fondos de inversión en los últimos días de marzo de 2025. Esta maniobra financiera se realizó sin otorgar derecho de suscripción preferente a los accionistas, lo que también señaló Global Alconaba en su demanda.

La juez avala la legalidad de esta operación, dado que, si se hubiera abierto un período para que se adscribieran los socios, eso podría haber demorado el proceso, lo que hubiera situado a Prisa en serias dificultades económicas.

La demanda incide en un detalle que ya adelantó este periódico, y es que Pimco no estaba de acuerdo con el proyecto de canal de televisión que se fraguaba dentro de Prisa, por el cual pelearon los denunciantes, con su presidente, Andrés Varela Entrecanales a la cabeza.

Pimco no estaba de acuerdo con el proyecto de canal de TDT de Prisa

Este asunto también provocó la dimisión del entonces presidente ejecutivo de Prisa Media, Carlos Núñez; y el despido como director de contenidos de José Miguel Contreras; ambos, defensores e impulsores del proyecto.

El rechazo trascendió el ámbito empresarial, dado que empeoró la relación entre Oughourlian y Moncloa, donde apostaban porque la editora de El País participara en el concurso por un nuevo canal de TDT.

El blindaje de Oughourlian

La sentencia dedica unos párrafos a la polémica cláusula que 'asegura' al dueño de Amber Capital en la presidencia de la compañía; y rechaza que suponga una “interferencia en el contrato social”. Es decir, no cree que perjudique a los socios minoritarios.

“Tanto consejeros como socios de PRISA tienen derecho de evaluar las funciones del ahora presidente del Consejo, y exigir responsabilidades y su cese en consecuencia. Externamente, sin embargo, confiere a los acreedores el derecho a interpretar el cambio como un riesgo que les faculta al vencimiento anticipado de los nuevos términos de la refinanciación”, apunta el texto.

La sentencia no es firme y, contra ella, cabe recurso de apelación. La juez ha impuesto las costas a los demandantes.