Más de 600 periodistas denuncian ante el CGPJ los registros en medios de Baleares

Al Consejo General del Poder Judicial

Los periodistas abajo firmantes consideramos imprescindible hacer partícipe al órgano de gobierno del Poder Judicial de nuestra intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución producida en el caso Cursach.

En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos.

El propósito de esa insólita actuación -el “volcado y estudio”, dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones- nos parece del todo injustificado: el secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de relevación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece.

Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy la siguiente declaración en respuesta al escrito registrado por representantes de los medios de comunicación en relación con la medida acordada esta semana por el juez del llamado “caso Cursach”:

“Ante la comunicación remitida por un conjunto de profesionales de medios de comunicación, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial MANIFIESTA:

1.  La Comisión Permanente comprende la preocupación expresada por los profesionales del periodismo y medios de comunicación en el escrito que nos han dirigido el día de hoy.  Ello es así porque esta Comisión Permanente afirma que los derechos constitucionales a transmitir, recibir información veraz y al secreto profesional no se agotan en la dimensión subjetiva de sus titulares, sino que trascienden a una dimensión objetiva y se constituyen en pieza clave de nuestro Estado social y democrático de Derecho: sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática.  Por lo tanto, este Consejo manifiesta su compromiso y su defensa del derecho fundamental a la libertad de información.

2. La tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección corresponde a los jueces y tribunales en el seno del proceso y constituye, en esencia, una labor jurisdiccional cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales por la vía de los correspondientes recursos o mediante el ejercicio de las acciones que resulten procedentes.

3. Los propios profesionales que se dirigen al Consejo conocen la doctrina constante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que afirma que una vez que un juez ha adoptado una resolución judicial no le cabe al Consejo interferir para modificar su contenido.  La cuestión jurisdiccional es un territorio exento de cualquier interferencia del Consejo General del Poder Judicial. Lo contrario implicaría una intromisión indebida de este órgano de gobierno con la potestad jurisdiccional de los tribunales incompatible con las funciones y competencias del Consejo y con la independencia de los jueces y tribunales. 

4. Solo a través de los cauces procesales adecuados, podrían los profesionales que se han dirigido al Consejo plantear si ha habido, o no, vulneración de los derechos constitucionales invocados”.