sirera pide la nulidad del acuerdo

La votación del regulador catalán sobre Mònica Terribas llega a los tribunales

El presidente del CAC y dos consejeros próximos al independentismo impidieron que el consejero Daniel Sirera votase sobre unas polémicas declaraciones de Terribas durante un dispositivo del 1-O

Foto: La locutora Mònica Terribas, en una imagen de archivo. (CCMA)
La locutora Mònica Terribas, en una imagen de archivo. (CCMA)

Daniel Sirera, miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), ha presentado una demanda contra el acuerdo del CAC del pasado 18 de octubre que le impidió votar durante el debate sobre unos contenidos emitidos en el programa 'El matí', de Catalunya Ràdio y presentado por Mònica Terribas.

El origen del conflicto, según consta en la demanda presentada este miércoles a la que ha tenido acceso El Confidencial, se sitúa el pasado 22 de septiembre. Aquel día, la conocida locutora "solicitó que los ciudadanos delatasen los movimientos" de la policía nacional y la guardia civil durante un operativo del 1-O. Unas declaraciones polémicas que provocaron que dos días después la Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentase una denuncia contra la periodista catalana.

Acto seguido, y como muestra de apoyo público, la decana del Colegio de Periodistas de Cataluña, Neus Bonet, publicó el siguiente mensaje en Twitter: "Mi apoyo personal a Mònica Terribas. Y el de tu colegio #llibertatdexpressio". Fue entonces cuando Sirera respondió al citado tuit con la frase "periodismo al servicio del régimen". Bonet, molesta con el comentario, presentó una queja ante el CAC el 9 de octubre. Previamente, el 26 de septiembre, las consejeras Eva Parera y Carme Figueras habían solicitado que el regulador catalán analizase las polémicas declaraciones de Terribas. Finalmente, se establece el 18 de octubre como fecha para debatir el asunto.

Así las cosas, llegó el día de la reunión y el presidente, Roger Loppacher, sometió a debate la posibilidad de que Sirera se abstuviera por una presunta falta de independencia a raíz de la queja de Bonet. Con los votos a favor de los consejeros próximos al nacionalismo (Salvador Alsius, Yvonne Griley y el propio Loppacher), Sirera fue obligado a abstenerse e incluso se le invitó a abandonar la sala, siempre según la citada demanda.

Una 'exclusión' que, a juicio de los abogados del consejero, fue irregular. "El acuerdo que se recurre es una actuación administrativa que incurre en una desviación de poder y abuso de derecho, pues el CAC ejercita su potestad cuasi-sancionadora vulnerando el procedimiento establecido para ello y produciendo una grave indefensión en mi representado, y todo ello con finalidades distintas a las encomendadas por la ley", reza la demanda, que recuerda que no se instruyó ningún expediente para apartar a Sirera ni se incluyó este asunto en el orden del día. "No es más que una forma terrible de discriminar por razón de opinión y de limitar su derecho a expresarse libremente, y un precedente para la apertura a una inseguridad jurídica inaceptable en una sociedad democrática". Ahora, el consejero exige que un tribunal declare la nulidad del acuerdo que le impidió participar en el debate, así como una condena en costas.

Respecto a la votación de marras, finalmente el organismo acordó exculpar a Terribas tras concluir que las declaraciones de la locutora se hicieron en un contexto "de actualidad política en el marco de un espacio informativo". Una tesis que recibió el visto bueno de la mayoría, con los votos a favor de Loppacher, Alsius y Griley. Por su parte, Parera y Figueras optaron por inhibirse voluntariamente al estimar que podía "prejuzgar una toma de posición previa sobre el asunto".

Preguntado por este asunto, fuentes oficinas del CAC señalan que "de acuerdo con la recusación formulada por la junta del Colegio de Periodistas de Catalunya, se consideró que las manifestaciones del consejero Sirera (quien escribió un tuit que decía:" periodismo al servicio del régimen "), respondiendo a unas declaraciones de la decana del Colegio de Periodistas en apoyo de la colegiada Mònica Terribas ponían en duda su imparcialidad, por lo que, de acuerdo con la Ley 40/2015 de 1 de octubre debía abstenerse de participar en la votación del Acuerdo 96/2017 sobre el análisis de las referencias a la presencia en carreteras de Catalunya de vehículos de los cuerpos de seguridad estatal ".

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