La factura de la guerra del IVA de las teles autonómicas: 549 millones y 7.000 empleos

Una reinterpretación de la ley del IVA mantiene enfrentados a la Agencia Tributaria y las televisiones autonómicas. En 2014, respecto a los periodos impositivos de los años 2012, 2013 y 2014, la agencia hizo un cambio en la interpretación de la normativa fiscal y pasó a considerar a las cadenas autonómicas empresas duales. Esto significa que, a ojos del fisco, las televisiones realizan una actividad comercial (venta de publicidad, patrocinios) y un servicio de comunicación audiovisual público (con las subvenciones que reciben de la Administración)

En la práctica, esto implica que las televisiones solo pueden deducirse la parte del IVA correspondiente a su actividad comercial. Hasta entonces, los entes se deducían este impuesto por completo, por lo que el cambio de criterio generó un profundo malestar en todas las cadenas.

En 2015 se introdujo una modificación en la normativa de IVA con la que se pensó que quedaba claro que las cadenas autonómicas podían deducirse la totalidad del IVA soportado. Solucionado este asunto, este mismo año la Agencia Tributaria realizó a algunas cadenas regularizaciones del IVA repercutido en relación con los períodos impositivos 2015, 2016 y 2017. ¿El motivo? Consideró que las aportaciones recibidas de las Comunidades Autónomas eran subvenciones vinculadas al precio y, por tanto, que tenía que repercutirse IVA sobre dichas aportaciones.

Las televisiones autonómicas aseguran que la reinterpretación de la normativa del IVA pone en peligro la supervivencia de los entes públicos

Ya el pasado mes de octubre, el Gobierno trató de atajar el problema con la inclusión de una disposición en la Ley de Contratos Públicos que permite que las subvenciones que reciben estas televisiones no estén sujetas al IVA, lo que en principio debería solucionar el entuerto.

Un cambio que para la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) no es suficiente, ya que a su juicio la poca claridad con la que está desarrollado el texto abre la puerta a que la Agencia Tributaria sostenga el criterio de que son empresas duales. "Se está buscando una solución política", apunta un alto cargo involucrado en el asunto. Desde hace tiempo, la FORTA mantiene un contacto permanente tanto con Hacienda como con los diferentes partidos, con los que se han reunido ya para explicarles su posición.

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El impacto de esta ristra de reclamaciones, según los cálculos de las cadenas, se cifra en 549 millones de euros y más de 7.000 empleos directos. Cabe recordar que actualmente casi todas las televisiones autonómicas (en España hay 13) tienen expedientes abiertos por este asunto.

La última en recibir a 'los hombres de Montoro' (o al menos en hacerlo público) ha sido TV3. Hace unos días, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), dueña de la cadena pública, emitió un comunicado en el que aseguraba que Hacienda le reclama 167,4 millones por este asunto.

Esta cifra es la suma de los 147 millones correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017 y los 20,4 que la entidad ha calculado para 2018. Además, la CCMA recuerda que ha pasado de disponer de 457,5 millones de presupuesto en 2010 a contar con 302,4 millones este curso. "Los recursos disponibles se han reducido un 34%", advierte la corporación.