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RTVE consulta a sus abogados si el consejo prevarica al externalizar la producción
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A INICIATIVA DEL DIRECTIVO ENRIQUE ALEJO

RTVE consulta a sus abogados si el consejo prevarica al externalizar la producción

Algunos consejeros sostienen que seguir comprando programas a productoras mientras se incumplen los porcentajes que marca el mandato-marco podría ser un ejemplo de prevaricación

Foto: El programa 'En la tuya o en la mía' lo elabora la productora Proamagna. (EFE)
El programa 'En la tuya o en la mía' lo elabora la productora Proamagna. (EFE)

Lo dijo, alto y claro, la última auditoría de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre las cuentas de Radio Televisión Española de 2014: la cadena pública no cumple los baremos de producción interna que marca la ley y que están fijados en el mandato-marco que rige la Corporación. La desviación no es pequeña: más de 20 puntos por debajo de lo que se debería en apartados como el de los programas de entretenimiento. Aun así, consejo de administración tras consejo, la cadena sigue externalizando programas y engrosando las compras a las productoras. Una práctica que algunos miembros del órgano han criticado siempre y que podría ser una prevacarización -añaden- por incumplir de forma reiterada y a sabiendas lo que dice el texto del mandato. Para disipar dudas, RTVE ha consultado con los abogados del Estado y ha encargado un informe jurídico 'ad hoc'.

Una de las voces más beligerantes contra la continua externalización de programas es la del consejero Miguel Ángel Sacaluga, nombrado a propuesta del PSOE y el hombre que ha alzado la voz internamente para señalar que el consejo podría estar prevaricando si sigue por esta dinámica. Y es que la auditoría de Hacienda acaba de revelar que las horas de producción interna en programas de entretenimiento supusieron el 31,85% del total en 2014, “muy por debajo del 55% que fija el mandato-marco”.

Pese a esa advertencia, el consejo aprobó en enero un nuevo paquete de compras por valor de 28 millones para adquirir más películas del catálogo de Enrique Cerezo (Vídeo Mercury Films), los derechos de la versión americana de 'Los misterios de Laura', más capítulos de 'Acacias 38', 'Seis hermanas' o 'Centro Médico', y la segunda temporada de 'Víctor Ros'. Ante las quejas de Sacaluga y ante el temor de los consejeros nombrados por el PP a que su actuación pueda ser reprochada en el futuro, el director general corporativo de RTVE, Enrique Alejo, ha encargado un informe jurídico para disipar todas las dudas legales.

La respuesta no se ha hecho esperar, aunque su contenido sea un tanto llamativo: por un lado, los abogados reconocen el incumplimiento reiterado de esos porcentajes de producción, pero, por otro lado, eximen a los consejeros de responsabilidad al asegurar que el incumplimiento se debe a la “imposibilidad” actual de la Corporación para llegar a esos mínimos. Una respuesta que ha llevado al citado Sacaluga a querer saber qué información concreta se ha hecho llegar a estos servicios jurídicos para que la respuesta sea esa. No obstante, Sacaluga ya ha expuesto abiertamente que está dispuesto a denunciar el caso en los tribunales administrativos para que sea la justicia, en último término, la que determine si en RTVE se está incumpliendo la ley con impunidad.

Al servicio de las productoras

La reivindicación en torno a la producción interna es una de las quejas recurrentes de la plantilla de la Corporación, que suma, en total, 6.300 empleados y que ve cómo se hacen fuera programas que se podrían realizar internamente, como es el caso de 'Aquí la tierra', el ya desaparecido 'Así de claro', de Ernesto Sáenz de Buruaga, el último encargo hecho a Carlos Dávila ('El ojo clínico') o, sin ir más lejos, el espacio 'Ochéntame otra vez', que produce la misma factoría de 'Cuéntame cómo pasó' (Ganga Producciones).

Este último caso, por ejemplo, llamó la atención de los auditores del Estado por ser un ejemplo de libro de un tipo de programa que podría producir íntegramente la tele pública. En mayo de 2014, TVE encargó la realización de una serie de 19 programas de 50 minutos de duración cada uno por un coste total que ascendía a 881.196 euros más IVA. El programa se construye a base de imágenes del archivo documental de RTVE y la pública aporta un máximo de 22 minutos por programa de los fondos audiovisuales de su archivo. “Quizá debería haberse planteado una realización desde la propia RTVE y no a través de una productora, teniendo en cuenta que, además, es un programa que parece carecer de personal artístico”, señalaban los auditores de la IGAE.

Pero no es, ni mucho menos, el único ejemplo que aparecía en ese informe. Al externalizar espacios de entretenimiento, acaban ocurriendo cosas como las que rodearon el programa 'T con T', que presentó Toñi Moreno en las tardes de La 1 durante apenas dos meses. Su contrato con la productora incluía un blindaje por el que acabó cobrando por 76 programas, pese a haberse emitido solo 55.

Otro caso llamativo es el del programa 'El pueblo más divertido', elaborado por Cuarzo, la productora de Ana Rosa Quintana, pero realizado en su mayor parte por medios de la propia televisión pública. En este caso, RTVE tuvo que aportar una unidad móvil completa con medios técnicos y humanos, y poner un realizador, un ayudante de realización, un productor y un ayudante de producción. Además, TVE corría a cargo también con la contratación de los presentadores, Millán Salcedo y Mariló Montero. Sin embargo, la productora percibió la cantidad máxima de 3.132.693 euros más IVA, algo más de 240.000 euros por cada programa.

Lo dijo, alto y claro, la última auditoría de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre las cuentas de Radio Televisión Española de 2014: la cadena pública no cumple los baremos de producción interna que marca la ley y que están fijados en el mandato-marco que rige la Corporación. La desviación no es pequeña: más de 20 puntos por debajo de lo que se debería en apartados como el de los programas de entretenimiento. Aun así, consejo de administración tras consejo, la cadena sigue externalizando programas y engrosando las compras a las productoras. Una práctica que algunos miembros del órgano han criticado siempre y que podría ser una prevacarización -añaden- por incumplir de forma reiterada y a sabiendas lo que dice el texto del mandato. Para disipar dudas, RTVE ha consultado con los abogados del Estado y ha encargado un informe jurídico 'ad hoc'.

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