Mediapro anuncia dos querellas contra Prisa por los daños de la guerra del fútbol

La guerra del fútbol todavía no ha terminado. Jaume Roures y su socio, Tatxo Benet, han anunciado hoy en una rueda de prensa celebrada en Barcelona el siguiente paso en las hostilidades que les enfrentan a Prisa desde el verano del 2006. Dos querellas por las que reclamarán una compensación económica por los daños y perjuicios ocasionados por la guerra de los derechos del fútbol y, además, el pago inmediato de los 50 millones de euros depositados en concepto de fianza y como medida cautelar por la editora de El País cuando solicitó la ejecución provisional de la sentencia favorable dictada en 2007 por el juzgado de primera instancia.

La resolución final del caso dictada por el Tribunal Supremo este jueves ha dado un giro de 180 grados a las pretensiones originales de Prisa y, a su vez, ha dado un nuevo impulso a Mediapro para resarcirse de todas las consecuencias originadas por esta guerra, entre ellas, la solicitud de preconcurso de acreedores a la que se vieron abocados. Según ha explicado Benet, no se trata de una venganza contra Prisa sino de una obligación que como gestores de la productora afrontan frente a sus accionistas. Benet y Roures no han hablado de cifras ni de cantidades pero han delegado en los peritos de la compañía la evaluación de todos los daños y perjuicios que han sufrido hasta este momento.

“Para nosotros, esta sentencia ha supuesto un espaldarazo moral muy importante”, ha explicado Benet. “La mayoría de los ataques de Prisa contra nosotros, tanto judicial como mediáticamente, se han basado en mostrarnos como unos incumplidores y como gente de la que no se podía fiar. Ahora toda esta argumentación se les ha caído como un castillo de naipes”. Benet confía igualmente en que esta resolución tenga consecuencias sobre la denuncia que Prisa presentó ante la corte arbitral de París y que está pendiente de resolución.

“Actitudes de matón siciliano”

Roures, menos comedido que su socio en sus ataques a Prisa, ha acusado al conglomerado que dirige Juan Luis Cebrián y a su abogado, Matías Cortés, de “actitudes de matón que se deben cursar en másteres de Sicilia”. Roures se ha lamentado también que todo este proceso lo han atravesado “en la más absoluta soledad” y solo “en compañía de nuestra gente”. “Hemos estado solos porque todo el mundo le tiene mucho miedo a las portadas de El País”. En este sentido, ha recordado que el próximo día 16 tienen programado un acto de conciliación con el director del periódico, Antonio Caño, en relación a la información que publicó El País el pasado mes de diciembre vinculado a Roures con cuentas en paraísos fiscales. Información que Mediapro siempre ha desmentido y que, hasta la fecha, El País no ha sustentado con documentación fehaciente.

“Después de habernos quitado de encima esta losa que nos estaba apisonando, con esta mala fama que teníamos encima de gente que no cumplía sus contratos, de gente que no era de fiar y no era decente. Al quitarnos esto, todo lo que hemos hecho se ve con otra perspectiva. Una pequeña introducción sentimental que quería hacer. Porque para nosotros esto ha supuesto un espaldarazo moral muy importante", afirmó.

Mediapro se ahorra 320 millones

La sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó este jueves el recurso de casación que interpuso Mediapro contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que la condenaba por incumplimiento de los contratos firmados en junio de 2006 con el Grupo Prisa, lo cual desencadenó en agosto de 2007 en la llamada guerra del fútbol. El fallo ahorra a la firma de Roures y Benet en torno a 320 millones de euros en indemnizaciones solicitadas por la editora de El País.

Todo comenzó en agosto de 2007. Prisa acusó a Mediapro de incumplimiento contractual y dejó de ofrecerle la señal de los partidos de fútbol para sus clientes al entender que la productora no podía firmar contratos por su cuenta con clubes de fútbol. En esencia, ambas firmas discrepaban al interpretar la cláusula quinta del contrato entre ambas, un aspecto sobre el que se pronuncia el Alto Tribunal, según extractos de la resolución hechos públicos por la otrora accionista de La Sexta.