RTVE contrató trabajadores de 60 años tras lanzar un ERE con prejubilaciones a los 52

El expediente de regulación de empleo (ERE) que Zapatero impulsó para sanear las finanzas de RTVE ha terminado siendo un fiasco de enormes proporciones. Al menos así se desprende de un informe sobre el proceso en cuestión que ultima el Tribunal de Cuentas y cuyas conclusiones ya obran de forma preliminar en poder de los afectados. Sir ir más lejos, el órgano fiscalizador constata que, tras el ajuste de empleo que supuso la salida de miles detrabajadores que contaban con apenas 50 años allá por el año 2006, la sociedad procedió a contratar personal con edades superiores a los 60 años. Todo un despropósito que, andando el tiempo,supuso al erario público 1.722,57 millones de euros.

Todo arrancó en julio del citado 2006, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) –que tutelaba la empresa– y la entonces directora general,Carmen Caffarel, pactaban con los sindicatos reducir la plantilla de RTVE en 4.150 trabajadores y dejarla enapenas6.400, dentro del plan de saneamiento financiero de la casa. El acuerdo, cerrado en la madrileña finca de los Peñascales (Torrelodones), se desarrollaba meses después. Y los sindicatos arrancaban unas condiciones irrepetibles para cerrar las prejubilaciones. El ERE forzaba el retiro de todos aquellos trabajadores con 50 años cumplidos a 1 de enero de 2007. Dejarían su puesto dos años después conla práctica totalidad de su sueldo y amplio margen para desarrollar otras actividades.

Pasados casi nueve años, el Tribunal de Cuentas mide el impacto de la operación. Y no ha sido pequeño en términos económicos. En concreto, el coste real del ERE para el periodo 2007-2013 ascendió a más de 1.051 millones de euros. Si se incluyen las cantidades que los Presupuestos Generales del Estado tendrán aún que abonar entre 2014 y 2022, la cuantía se incrementaría en 334,5millones, refleja el organismo. Con un coste adicional: los importesdejados de percibir por parte de la Hacienda pública porrenta irregular de las cantidades abonadas a las trabajadores, véase 131,7 millones. ¿Conclusión? Los citados 1.722,57 millones.

Más llamativas incluso son las anomalías detectadas en el proceso. Y es que el Acuerdo de los Pañascales preveía 1.358 contrataciones durante los años 2007 y 2008. Paradójicamente y siempre según el análisis del Tribunal de Cuentas, de los 883 trabajadores que obtuvieron plaza en la primera convocatoria, 39 tenían más de 50 años y seis, más de 60. El informe recuerda el contrasentido que implican esas incorporaciones, teniendo en cuenta que una de las intenciones de la regulación de empleo era rejuvenecer la plantilla.

Además, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda denuncia el exceso de contratos fijos que se produjeron en la cadena pública en los meses posteriores a acometer el ERE. De hecho, se duplicó la cifra prevista: de 450 a 866. Es más, el Tribunal considera que, en el 58% de los casos, no se cumplían los requisitos fijados para la conversión. La sociedadcontrató a Boston Consulting Group para definir cuántos profesionales debía tener en plantilla, percibiendopor su trabajo, tras las sucesivas modificaciones de los contratos, la no pequeña cuantía de 5,46 millones de euros. Un trabajo que, por otra parte, sólo se tuvo en cuenta de forma limitada.

Costes operativos disparados

Y es que, según expone el documento, Boston definió inicialmente una ‘plantilla objetivo’ de 4.765 trabajadores, cifra después elevada a 5.170. En todo caso, los acuerdos con los sindicatos elevaron ese número en 1.230 profesionales, hasta los 6.400, provocando ineficiencias notables. Las más relevantes, las que afectan a los centros territoriales, donde más se disparó esa plantilla ideal. Con una consecuencia inmediata: costes operativos de la televisión pública en España hasta nueve veces superiores a los de otros países en relación con su PIB. De hecho, el modelo de desconexiones territoriales multiplica por siete el coste por hora en relación con una emisión normal, revela el informe fiscalizador, una reflexión equivalente para la radio.

El Tribunal de Cuentas, que constata la presentación de 950 demandas relacionadas con el expediente por parte de trabajadores, admite que no ha podido comprobar si quienes se acogieron al ERE han dado servicio, ya sea por cuenta propia o ajena, a sociedades en las que RTVE tenga intereses o en empresas que estén en competencia directa con las actividades de la televisión y radio públicas. Al tiempo, denuncia que la comisión mixta que se creó para gestionar el plan de empleo de los acogidos al ERE estaba formada por cinco representantes de la dirección de RTVE, cuatro de ellos acogidos al expediente y con conflicto de intereses. Todo un rejón.