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Cumbre urgente de los editores para apelar al Gobierno tras el 'cerrojazo' de Google
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Cumbre urgente de los editores para apelar al Gobierno tras el 'cerrojazo' de Google

Corrían las 8.23 de la mañana y un comunicado de tres líneas dinamitaba el sector de prensa en España. Google News cerrara el 16 de diciembre

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Corrían las 8.23 de la mañana y un comunicado de tres líneas dinamitaba el sector de prensa en España. “Como consecuencia de la ley española de Propiedad Intelectual, queremos informarte de que el próximo 16 de diciembre procederemos a retirar a los editores españoles de Google Noticias y a cerrar Google Noticias en España”, notificaba el gigante estadounidense. Apenas minutos después, el flamante presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), José Luis Sainz (Prisa), convocaba a los suyos de urgencia para posicionarse ante un desafío que no sólo coloca a la prensa nacional ante una pérdida de tráfico considerable –con lo que eso supone en términos publicitarios–, sino que la pone en el punto de mira europeo como primer país en el que sucede. (Lea el artículo de opinión: No lo habéis entendido: aquí manda Google).

Durante el encuentro, al que también asistió el presidente saliente, Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento, dos reflexiones básicas. En primer lugar, ninguna duda de que Google es soberana para tomar esa decisión desde el punto de vista empresarial. Ahora bien, también la convicción en alguno de los presentes de que, si se trata de una medida de presión, el Gobierno o las autoridades de Competencia deberían tomar cartas en el asunto ante un operador que aglutina el 98% del mercado. Por otra parte, también decepción ante lo que entienden la falta de disposición de la firma americana para negociar, justo cuando se abre el desarrollo reglamentario de la ley y aseguran que hay margen para llegar a acuerdos.

El sentir se resumía en una nota de prensa remitida pasadas las ocho de la tarde. "El alcance real de la decisión solo podrá ser valorado por AEDE cuando se conozca la forma concreta bajo la cual será llevada a cabo. Pero, dada la posición de dominio de Google, AEDE requiere la intervención de las autoridades españolas y comunitarias, y de las autoridades de la competencia, para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas", exponía la nota.

Claro que, dentro de esa posición común, también hay diferentes sensibilidades, mezcladas en muchos casos con notable inquietud ante lo que viene. Y es que los miembros de AEDE carecen de estimaciones fidedignas sobre el impacto en términos de tráfico que tendrá la medida. “Los datos sólo los tiene Google y no los ofrece. Únicamente en términos globales, lo que no aporta nada”, aseguraba recientemente un editor. Ante esa incertidumbre, los hay más proclives a buscar vías de entendimiento, véase el Grupo Prisa, y otros que prefieren mantenerse firmes, como es el caso de Enríquez y Vocento, que entienden que, más allá del cortoplacismo de mantener los usuarios únicos, cobrar por los contenidos es sentar las bases del futuro.

La clave está en el artículo 32.2 de la citada ley de Propiedad Intelectual. Dicho precepto reconoce “el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos", toda una concesión del Ejecutivo a una demanda de largo aliento de los capos de los periódicos en España. Además, el derecho en cuestión es irrenunciable. “Esta nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar una remuneración quiera o no. (…) Dado que Google Noticias es un servicio que no genera ingresos (no mostramos publicidad en el sitio web), este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible”, exponía la compañía.

Impacto brutal en tráfico

Fuentes conocedoras del planteamiento de Google explican a este diario que la empresa sentía haberse quedado sin salida alguna tras la puesta en marcha de la norma y que, en tanto no puede hacerse otra cosa que cumplir la ley, la única solución era cerrar el servicio. Más inquietante, aseguraron que el impacto en términos de tráfico puede ser brutal, con caídas en la cifra de visitantes únicos entre el 10% y el 20% en función de la procedencia del tráfico. Descartaron que el gigante estadounidense haya manejado o maneje cualquier tipo de agenda oculta en este envite, y subrayaron que poco puede negociarse en el desarrollo reglamentario cuando ya la ley fija el abono de un canon.

Hace apenas dos meses, Google marcaba un punto de inflexión en el conflicto con los editores al deslizar la posibilidad de cerrar su plataforma de noticias en España (Google News), después de que su responsable mundial, Richard Gingras, mantuviera un road show con diferentes autoridades españolas. Un escenario que ya generó debate interno entre los empresarios de prensa, cuando todavía no se había definido siquiera cómo se implementará la tasa. Paradójicamente Prisa, Vocento, Unidad Editorial y Godó lanzaban recientemente una plataforma de venta de publicidad online en tiempo real. Y lo hacían a través de Google.

El conflicto se agrava con el sector en plena transformación tecnológica y con los balances bajo mínimos. Como publicó El Confidencial y según refleja el último Libro blanco de la prensa, los diarios siguen perdiendo dinero, aunque admiten que el ajuste de costes ha tocado hueso. “El sector parece haber llegado al límite, en muchos casos, del ahorro en gastos de explotación y personal, y si bien continúan, lo harán ya tímidamente”, admite el documento. “El tiempo del papel se cuenta en años, en muy pocos años. No creo que sobreviva más de una década”, aseguraba Antonio Caño, director de El País, en una entrevista con la revista Jot Down. La dureza del conflicto con Google abre otro frente en esa revolución.

Corrían las 8.23 de la mañana y un comunicado de tres líneas dinamitaba el sector de prensa en España. “Como consecuencia de la ley española de Propiedad Intelectual, queremos informarte de que el próximo 16 de diciembre procederemos a retirar a los editores españoles de Google Noticias y a cerrar Google Noticias en España”, notificaba el gigante estadounidense. Apenas minutos después, el flamante presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), José Luis Sainz (Prisa), convocaba a los suyos de urgencia para posicionarse ante un desafío que no sólo coloca a la prensa nacional ante una pérdida de tráfico considerable –con lo que eso supone en términos publicitarios–, sino que la pone en el punto de mira europeo como primer país en el que sucede. (Lea el artículo de opinión: No lo habéis entendido: aquí manda Google).

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