Altos cargos de WPP afrontan una querella en España por cuatro delitos societarios

WPP, líder mundial en servicios de publicidad y marketing, adquiría la firma española Boole en 2006, una operación que hoy puede convertirse en todo un quebradero de cabeza para el gigante británico, en su día accionista indirecto de laSexta. Y es que el juzgado de instrucción número 53 de Plaza de Castilla ha admitido a trámite una querella presentada por accionistas minoritarios de esa empresa contra la división española del grupo de Martin Sorrell y varios altos cargos de sured de agencias, además de su representación legal. La justicia da pábulo en su autode admisión, al que ha tenido acceso a El Confidencial, hasta a cuatro delitos vinculados con la gestión de la sociedad y cita a declarar a los responsables.

Todo comenzó hace más de una década. Corría el año 2003 y dos emprendedores españoles, Francisco Cabrera y Juan Manuel Cantera, fundaban Boole, una firma de micromarketing recorrida por altas dosis de innovación. Pronto la firma levantó el vuelo, haciéndose con cuentas como Nokia y Seat, al punto que, tres años después y según detalla la querella, los fundadores vendían por cuatro millones de euros un 70% de la compañía a WPP Marketing Spain Limited, sucursal en España de WPP 2005 Limited, quedando ellos como socios minoritarios. El cambio de manos no lastró los resultados, al punto que la firma registró, “incluso en el último periodo de crisis económica, unos importantes beneficios”. Cabrera y Cantera continuaronen cargos directivos, como asalariados de Boole, hasta su despido en 2014, en plena batalla.

La estrategia societaria empieza a complicarse en 2010. WPP –que suma una facturación cercana a los 14.000 millones de euros y está compuesta por una miríada de agencias en cada mercado que, a menudo, compiten entre sí– decide integrar Boole dentro de una de sus redes comerciales, el Grupo G2, momento en el que pasa a denominarse G2i. Tres años después, en marzo de 2013, esta estructura sufre una nueva vuelta de tuerca, cuando el conglomerado británico decide fusionarla con Ogilvy. Un movimiento al que se oponen Cabrera y Cantera, entanto supone el vaciado de la compañía, que pasa a “depender financiera y administrativamente de Ogilvy, integrando en este grupo sus sistemas informáticos, los trabajadores, los proyectos empresariales, el control económico y financiero”. En definitiva, su know-how.Elreproche del tándem fundador, en todo caso,no tuvo éxito.

De hecho y según exponen los empresarios españoles, losdueños de Boole ejecutan la fusión “incumpliendo toda la normativa societaria aplicable, prevaliéndose para ello de su posición de dominio y mayoritaria en perjuicio del resto de socios minoritarios y generando un gravísimo perjuicio irreparable a la propia sociedad, que prácticamente ha desaparecido del tráfico mercantil”. Una acusación que se sustancia en graves imputacionesa los altos cargos de Geometry Global presentes en el consejo de la absorbida. En concreto, losquerellantes les acusan de modificar la contabilidad y documentos de la firma paraalterar sus estados financieros e ingresos con el fin de favorecer e implementarla fusión, además deintervenir sus comunicaciones y de impedirles el acceso a información.

Desvío de proyectos

“Los querellados, en perfecta consonancia, han ordenado que se modifiquen y alteren los registros contables de Boole de los años 2012 y 2013, modificando entre otras cosas el control de horas de trabajo, desviando trabajos/proyectos a otras empresas del grupo de WPP. Para ello han impedido la actuación del auditor designado por el Registro Mercantil”, expone textualmente la querella. “Además y para lograr dichos propósitos, todos los querellados, puestos de común acuerdo y con el asesoramiento de sus abogados y asesores financieros, y prevaleciéndose de la mayoría que WPP ostenta en Boole (…),han impedido la celebración de juntas de socios y de los consejos de administración que habían sido convocados durante el año 2013”, subraya.

Un portavoz de WPP, contactado por este diario para conocer su versión, aseguró: “La querella puesta por los señores Cantera y Cabrera es parte de un litigio en marcha entre WPP y esas personas. Ambos fueron despedidos como ejecutivos de G2 Boole con efecto inmediato en noviembre de 2013 por falta grave. Entonces, en marzo de 2014, se iniciaron procedimientos legales contra ellos por falsificación de documentos. La reclamación planteada contra G2 Boole, sus ejecutivos y WPP España no tiene fundamento y en parte ha sido ya rechazada por la justicia sin necesidad de audiencia en los tribunales. Sin embargo, dada la existencia de un litigio en marcha, sería inapropiado por nuestra parte hacer más comentarios en este punto”.

En todo caso, el auto de admisión de la querella es claro. Los afectadosson Matthew Schetlick, Pietro Leone y Raj Kumar Dadra (todos ellos miembros del consejo de administración de Boole y con diferentes responsabilidades en Geometry Global); Enrique Pujadas (presidente de Ogilvy España), César Montes Gracia (accionista de Boole y director de estrategia de Geometry Global) y Raquel Flórez Escóbar (del despacho Freshfields, secretaria del consejo de Boole y asesora de algunos de los altos cargos de Geometry). También, como personas jurídicas, aparecen WPP 2005 Limited, a través de su sucursal en España WPP Marketing Spain Limited, y el Grupo Geometry Global.

Todos ellos se reparten supuestos delitos de negación del derecho de socio y falsedad, revelación de secretos y falsedad mercantil. Rechaza el juzgado, no obstante, y a eso parecen referirse las fuentes oficiales de WPP consultadas,la existencia de administración desleal o fraudulenta. De hecho, fuentes próximas a uno de los afectados quisieron aclarar tras la publicación de la noticia que precisamente la inadmisión de ese presunto delito societario es el que afecta a todo el proceso de fusión antes descrito.

"En el ámbito penal rige el principio de intervención mínima y en este caso no se puede hacer un análisis de la totalidad del procedimiento de fusión realizada para determinar si concurren los elementos que configuran el delito societario que se invoca", expone elauto.Desde el punto de vista de la responsabilidad civil y en tanto “la conducta de los querellados ha provocado la despatrimonialización de Boole, reduciendo a cero el valor de la participación en la misma” de los minoritarios, estos solicitan una fianza de 1,94 millones, equivalente al importe del valor de sus participaciones a 31 de diciembre de 2012. Las declaraciones, con las espadas en alto, están previstas para esta misma semana.