La CNMC reclamará a Almunia hacerse cargo de la venta de Canal+ a Telefónica

La primera escaramuza en la compra de Canal+ por Telefónica es jurídica. Y de su resultado dependerá un factor no baladí, como es el campo de batalla. Según aseguran a El Confidencial fuentes próximas al organismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha decidido que reclamará a las autoridades europeas hacerse cargo del expediente, que por tamaño corresponde al comisario del ramo, Joaquín Almunia. El movimiento favorece a priori a la multinacional española, en tanto el lobby en contra que puedan efectuar las Vodafone o Orange parece más efectivo en las instancias comunitarias.

La normativa establece que una concentración tendrá dimensión europea cuando “el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supere los 5.000 millones” y la facturación a nivel comunitario “realizada individualmente por al menos dos de las empresas afectadas (…) supere los 250 millones de euros”. Todo salvo que “cada una obtenga dos tercios de su volumen de negocios total comunitario en un mismo Estado”. No hay que hacer muchos cálculos. Telefónica facturó más de 57.000 millones en 2013 y Canal+ se fue a los 1.166. De los 26.840 millones que la teleco se embolsó en Europa, sólo 12.959 provienen de España.

A partir de ahí, la CNMC tiene razones de peso para reclamar el caso, si se tiene en cuenta la legislación nacional. Según la misma, debe aplicarse el procedimiento de control cuando “como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o superior al 30% del mercado relevante de producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico definido dentro del mismo”. Un planteamiento que se compadece bien con el resultado de la transacción. Canal+ y Telefónica (a través del jubilado Imagenio, hoy MovistarTV) concentraban en 2012, último año para el que hay datos globales, casi el 76% de los ingresos de la televisión de pago, y casi un 60% de los abonados.

El procedimiento da amplias posibilidades a los interesados. Por ejemplo, pueden mover ficha las empresas afectadas, véase Telefónica y Prisa, remitiendo un escrito motivado a la Comisión en el que se exponga que la operación “afecta de manera significativa a la competencia en un mercado de un Estado miembro que presenta todas las características de un mercado definido y, por tanto, debe ser examinada, total o parcialmente, por dicho Estado miembro”. El país en cuestión deberá entonces pronunciarse sobre si acepta el expediente, si bien la última palabra la tiene siempre la Comisión, en este caso el departamento del comisario Almunia.

También se pueden posicionar y dar un paso al frente las autoridades del país en cuestión. “Cuando un Estado miembro informe a la Comisión (…) de que una concentración afecta a la competencia en un mercado definido de su territorio que no constituye una parte sustancial del mercado común, la Comisión procederá a la remisión de todo el asunto o de la parte relacionada con dicho mercado definido, si considera que dicho mercado se ve afectado”. A este punto se puede agarrar la CNMC para solicitar que la operación sea analizada en España, con operadores de diferentes mercados –desde las telecos al audiovisual– a la espera de presentar sus alegaciones.

Concesiones a la vista

“Telefónica y Prisa preferirán que se vea en España y los Vodafone u Orange intentarán que quede en Bruselas. Si sacamos la bola de cristal y teniendo en cuenta los intereses que se moverán –no solo empresariales–, existen posibilidades de que el expediente recale en España. En este escenario y aunque podría no autorizarse la operación, lo normal es que la CNMC la apruebe, pero con condiciones exigentes, también para salvar la cara ante compañías internacionales con intereses en España. El procedimiento puede durar más de un año tranquilamente”, explicaban fuentes próximas al Grupo Prisa tras anunciarse la transacción, en un claro ejemplo del feeling que recorre el sector.

La batalla de Competencia no es poca cosa. El consenso en el sector es que Telefónica tendrá que hacer importantes renuncias si quiere lograr el plácet de los responsables anti-trust para sacar adelante la integración. Según exponen diferentes fuentes jurídicas, financieras y empresariales consultadas por este periódico, las autoridades de Competencia sólo le darán luz verde si se incorporan duras condiciones, como pudiera ser la introducción de restricciones a la explotación del fútbol. “Lo lógico sería que no pudieran ofrecer este contenido en exclusiva y tuviera que ofrecerse al resto de operadores en igualdad de condiciones”, expone un experto en materia legal a modo de ejemplo.

De hecho y como publicó El Confidencial, Telefónica ha querido dejarse una salida por si las autoridades de Competencia le complican sobremanera la compra a Prisa de su 56% en Canal+. Y es que, según aseguran fuentes próximas al grupo de medios, la compañía de César Alierta ha incluido una cláusula en el acuerdo según la cual podrá abandonar la operación al cabo de un año si las condiciones que le impone el regulador le resultan inasumibles. Eso sí, dar marcha atrás no es gratis. La penalización, habitual en este tipo de pactos, obligaría a la teleco a abonar a la firma de los Polanco una cantidad en torno a los 58 millones de euros. El proceso sólo acaba de empezar.