Mediaset contraataca y estudia presentar una oferta 'in extremis' para tomar Canal+

No todo el pescado podría estar vendido en el affaire Canal+. Según aseguran fuentes financieras, Mediaset España estudia presentar una oferta in extremis por la plataforma de pago, después de que Prisa ya aceptara el pasado jueves los 725 millones puestos sobre la mesa por Telefónica para adquirir un 56% del activo. La firma italiana, que ya atesora un 22% de la sociedad y había mantenido hasta ahora silencio sobre la transacción, dispone –como la teleco- de un derecho de adquisición preferente en su condición de accionista de la firma. Podría no dejarlo pasar.

“Han comenzado a sondear a los bancos para buscar financiación. Una vez que Telefónica ha fijado precio, están analizando la posibilidad de entrar y si plantear una propuesta por la totalidad o simplemente por una parte, lo que en todo caso incrementaría su participación”, apuntan estas fuentes, bajo condición del anonimato. Paradójicamente, el derecho de tanteo que ahora esgrime Mediaset –y que le otorga 15 días de margen una vez presentada otra propuesta vinculante- es el mismo que ha utilizado Telefónica para jugar sus bazas y ajustar el precio de Canal+ durante los últimos meses.

La postura de Mediaset había sido hasta ahora una de las incógnitas en todo el proceso. Como publicó El Confidencial, su concurso en la transacción incluso podría ser clave a la hora de buscar compromisos para evitar el bloqueo de Competencia, debido a la enorme potencia de fuego que se atisba en Telefónica. Desde luego, Paolo Vasile siempre ha dejado claro que la televisión de pago tiene en España una penetración muy baja en relación a Europa y que, en consecuencia, existe mucho margen de mejora.

Los 725 millones que Telefónica ha puesto sobre la mesa por el 56% de la firma que aún posee Prisa implican una valoración de la empresa en torno a 1.300 millones. Aunque el precio se antoja elevado en tanto supone 26 veces el ebitda de casi 50 millones que prevé el consenso de analistas para 2014, es lógico pensar que ese ratio debe mejorar si el nuevo propietario racionaliza el modelo de comercialización del fútbol. Telefónica, inmersa en un proceso de compra de derechos premium para su televisión por internet, armará ofertas convergentes de calado para aumentar la base de clientes si finalmente toma el control del activo.

Impacto en sus cuentas

No es de extrañar que la editora de Telecinco busque mover ficha en Canal+, en tanto ha sufrido en sus propias cuentas el mal desempeño de la televisión de Prisa. Hasta el punto de ensombrecer sus resultados en 2013. Y es que un beneficio operativo (ebit) más que notable, superior a los 70 millones de euros, se quedó en un beneficio neto de apenas cuatro por el impacto de la plataforma de pago. En las últimas cuentas anuales presentadas a la CNMV prefería ponerse la venda antes que la herida y advertía del posible impacto futuro de ese activo, tras la provisión de 84,64 millones ya consignada en 2013.

“Se estima que modificaciones equivalentes a un punto porcentual que afecten a cualquiera de los parámetros básicos de negocio incluidos en las proyecciones realizadas (WACC, número de abonados, ARPU o tasa de crecimiento en perpetuidad) implicarían la recuperación del valor original de adquisición en el caso de movimientos al alza y una desvalorización adicional no superior a los 90 millones de euros en el caso de reducción de cualquiera de ellos, teniendo en cuenta que, bajo esa hipótesis de reducción (1%), alguno de los parámetros de negocio revierte su tasa de crecimiento, que pasa a ser negativa”, exponía Mediaset en su memoria. Para ponerse a rezar por un cambio en la gestión.

Por otra parte, la compra por Telefónica también depende mucho de las autoridades antitrust. Al punto que la empresa ha querido dejarse una salida por si Competencia le complica sobremanera la compra a Prisa de su 56%. De hecho y según aseguran fuentes próximas al grupo de medios, la compañía de César Alierta ha incluido una cláusula en el acuerdo según la cual podrá abandonar la operación al cabo de un año si las condiciones que le impone el regulador le resultan inasumibles. Eso sí, dar marcha atrás no es gratis. La penalización, habitual en este tipo de pactos, obligaría a la teleco a abonar a la firma de los Polanco una cantidad en torno a los 58 millones de euros.