esta madrugada HAN FUNDIDO a negro

Cuenta atrás de 6 meses para los concursos tras el 'cerrojazo' de Soria a las televisiones

El Gobierno no sólo afronta la desafección de los grupos audiovisuales tras el apagón de nueve canales. Tiene seis meses para convocar concursos.

Foto: Un empleado del centro de control de emisiones de la Torre de Comunicaciones de Collserola. (EFE)
Un empleado del centro de control de emisiones de la Torre de Comunicaciones de Collserola. (EFE)

El Gobierno no sólo afronta la desafección de los grandes grupos audiovisuales tras el apagón de nueve canales la pasada madrugada. También tendrá que lidiar con la puesta en marcha de un concurso para reasignar esas frecuencias y, por si fuera poco, hacerlo en un plazo de seis meses. Al menos esa es la tesis que sostiene Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa cuya demanda provocó la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al fundido a negro. Y es que, según aseguran fuentes de la firma, esta ya ha solicitado oficialmente su convocatoria, en atención a Ley General de la Comunicación Audiovisual. Para el Ejecutivo, un quebradero de cabeza más.

En efecto, el artículo 27 de la citada norma establece que “todas las licencias disponibles de la misma naturaleza e idéntico ámbito de cobertura deberán ofrecerse de forma simultánea, y previa confirmación de existencia de espacio radioeléctrico suficiente”. En este escenario y dentro del plan técnico en vigor, cuando haya quedado liberada una única licencia, “la Administración competente deberá proceder a convocar el concurso para su adjudicación en un plazo de tres meses sin esperar a que queden liberados más títulos habilitantes”. Del mismo modo, la ley prevé un plan B por si el Ministerio competente se llama a andanas.

Transcurridos como máximo seis meses desde que se haya planificado una reserva de dominio público radioeléctrico sin que la Administración competente haya solicitado su afectación al servicio público de difusión de radio y televisión, o determinado su destinación al servicio de comunicación de interés general, cualquier interesado podrá proponer convocar el correspondiente concurso”. Esto es, si medio año después del apagón sigue sin tener lugar la convocatoria, la propuesta ya planteada por Infraestructuras y Gestión 2002 entraría en liza. Sólo si pasaran doce meses sin que nadie hubiera mostrado interés en la licencia –algo que ya no va a suceder–, esta decaería y “se excluiría automáticamente de la planificación radioeléctrica”.

Por si fuera poco, la demandante ya ha advertido que acudirá a la justicia comunitaria si se evita el concurso. “Adelantamos que mi representada solicitará la intervención de las autoridades europeas si no se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en la legislación nacional y, en consecuencia, se procede de forma inmediata al cese de las emisiones de los canales adjudicados ilegalmente sin concurso y a la consiguiente convocatoria del oportuno concurso para la adjudicación del mismo número de canales de televisión digital terrestre”, exponía en un documento remitido al Ministerio el pasado mes de julio. Las directivas europeas obligan a que la gestión del espectro se efectúe mediante procedimientos “abiertos, transparentes y no discriminatorios” y de forma que se fomente la competencia.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (EFE)
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (EFE)

Fracaso del ‘lobby’

En la víspera de la aplicación de la sentencia, las cadenas rumiaban ayer su desgracia, con unos más perjudicados que otros. Atresmedia, que se deja tres canales frente a los dos de su rival Mediaset, tiene razones para lamentarse. Tras el esfuerzo de integración de laSexta y de meses compitiendo por la audiencia de igual a igual con su adversario italiano, ahora tiene que replantear toda su estrategia. Diferentes ejecutivos del sector, sotto voce, no dudan en deslizar que su capacidad de lobby no ha sido suficiente para derrocar al de las ‘telecos’ en su pelea por ganar espacio en el espectro. Además, denuncian los favoritismos del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, en plena puesta en marcha del dividendo digital, y buscan los intereses detrás de Infraestructuras y Gestión 2002.

Mucho ha dejado que desear también, aunque sean más reacios a reconocerlo, su política de comunicación. Y es que no es fácil vender el discurso de los graves perjuicios que la medida causa a las televisiones cuando al mismo tiempo se asegura a la CNMV que la disposición no tendrá impacto en sus balances. “Se realizó un análisis de sensibilidad (…) considerando tanto el potencial cierre de dos canales de televisión, como la ausencia de cualquier tipo de posible compensación por este concepto, concluyendo que, aun en dicho escenario, el valor contable de los elementos que componen la unidad generadora de efectivo no excedería de su valor recuperable, por lo que no existiría deterioro”, exponía Mediaset, en línea con el resto de afectados.

Todo arrancaba en noviembre de 2012. En esas fechas, el Supremo hacía pública una sentencia en la que anulaba el último reparto de canales del PSOE, al haber entrado antes en vigor la Ley de la Comunicación Audiovisual y obligar esta a concederlos vía concurso. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esperó a marzo para dar señales de vida. Por un lado, aseguró que los canales dejarían de emitir. Por otra y con el fin de “salvaguardar los objetivos de interés general derivados de la liberación del dividendo digital”, les permitió seguir en antena “transitoriamente”. Un planteamiento que el Alto Tribunal desarmó en diciembre. Hace apenas días, fijaba un deadline para el fundido a negro y provocaba un requerimiento de Industria a los grupos para el apagón. La suerte estaba echada.

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